La Cámara de Diputados recibió la iniciativa presidencial para expedir la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, que homologa la tipificación de este flagelo a nivel nacional, y plantea sanciones de hasta 50 años de prisión a quienes la cometan.
En la exposición de motivos, el proyecto explica que de 2019 a 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra un incremento del 20.8% en el promedio diario de extorsiones cometidas en el país, mientras que el 57.8% de los casos de extorsión a nivel nacional, considerado ya como un delito de alto impacto, se concentran, principalmente, en cuatro entidades federativas: Estado de México, Guanajuato, Ciudad de México y Nuevo León.
Reconoce que a pesar de los esfuerzos emprendidos, las autoridades de los tres órdenes de gobierno no han logrado consolidar la prevención, investigación, persecución y sanción efectivas de dicho delito.
“Son una tarea pendiente que se encuentran obligadas a atender sin mayor dilación, de forma coordinada, asumiendo las responsabilidades que a cada orden de gobierno le corresponden y a partir de un marco jurídico claro, robusto y general”.
Señala que a partir de un estudio realizado a las treinta y dos legislaciones penales a nivel local, se observa que, en México, los códigos penales no describen al delito de extorsión de manera homogénea, por lo que los elementos que deben acreditarse para su tipificación y sanción varían en cada entidad federativa.
“Uno de los principales objetivos que plantea esta iniciativa, es contar con un tipo penal básico de extorsión que sea aplicable para toda la República, de modo tal que, independientemente de dónde se cometa, de la forma de coacción que se emplee, del beneficio o lucro que se obtenga, o del daño que se provoque, exista la posibilidad de que la extorsión se acredite a partir de los elementos básicos del mismo”, se indica.
Explica que en promedio, la pena privativa de la libertad por el delito de extorsión es de 4 años y 6 meses como mínimo y de 12 años como máximo. No obstante, existe una diferencia importante entre las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas. Por ejemplo, en el estado de Chihuahua la pena de prisión por el delito de extorsión oscila entre los 5 y 30 años, mientras que, en el estado de Oaxaca, la pena por ese mismo delito es de 1 a 3 años de prisión.
Por lo anterior, la iniciativa plantea propone establecer un tipo penal básico por el delito de extorsión, con una pena de 6 a 15 años de prisión y una multa 100 a 500 quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización: “Esto permitirá que las entidades federativas y la Federación, puedan investigar y sancionar esta conducta bajo un amplio parámetro”.
La ley que se propone contempla 34 agravantes divididas en 3 categorías, organizadas conforme a la gravedad de la afectación al tipo de bien jurídico tutelado.
“Lo anterior, con la finalidad de dotar a las instituciones de seguridad y justicia de herramientas que les permita asegurar que estas conductas no queden impunes”.
Finalmente, propone una tercera categoría de agravantes con el objeto de incrementar la pena, de la mitad hasta dos terceras partes más, es decir, hasta 50 años de prisión en el caso de aquellas conductas que implican una grave afectación a la integridad de la víctima, el carácter de quien comete el delito, así como por el impacto económico y social.
“Entre las agravantes que se proponen en este apartado destaca el uso de violencia física, moral o psicológica, la simulación de un hecho de tránsito ("monta choques"), cuando se cometa por una persona servidora o exservidora pública, intervengan personas armadas, se utilicen a personas menores de edad o se afecte de manera directa la economía de alguna entidad federativa”.
La iniciativa fue recibida por la Mesa Directiva y se prevé que se le dé lectura y se turne a comisiones en la sesión de este martes.
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