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La Comisión Nacional del Agua (Conagua) detectó 52 mil títulos de concesión de uso legal de aguas nacionales que huachicolean el recurso, informó la subdirección de Administración del Agua.
En una revisión de los 536 mil expedientes que hay en todo el país, este órgano halló que la extracción se realiza a través del saqueo de agua sin la posesión de un título o mediante permisos otorgados para uso agrícola que son convertidos en desarrollos inmobiliarios, campos de golf o balnearios.
El fraude afecta principalmente a productores agrícolas que necesitan un título vigente para la producción de sus parcelas, motivo por el que el gobierno federal inició el programa de revisión y, a su vez, el decreto de facilidades administrativas para que el sector campesino regularice sus títulos de agua.
Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector del área, reveló en entrevista con EL UNIVERSAL que la indagatoria también contempla posibles casos de huachicoleo de figuras públicas y empresas privadas, sobre quienes aún se consolidan las investigaciones con empleo de tecnología satelital y que eventualmente serán transparentadas, como el caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, cuya propiedad hacía un aprovechamiento ilegal de agua.
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Los estados con mayor incidencia de este tipo de abusos son: Chihuahua, Guanajuato, Estado de México y Michoacán, donde Conagua ya realizó 256 clausuras de pozos ilegales que abastecían hasta 300 pipas diarias.
Hasta hoy, dijo Rodríguez Alonso, se logró la recuperación de 4 mil millones de metros cúbicos de agua a través de procedimientos administrativos, devoluciones voluntarias y del programa gubernamental de tecnificación de riego, para garantizar el derecho humano al agua y evitar que el huachicoleo se reproduzca en otras regiones.
¿Cómo funcionan los títulos de concesión de agua y cuál es el estado actual de esos permisos en el país?
—Las aguas nacionales de este país están concesionadas a productores agrícolas, pecuarios, industriales e hidroeléctricas. Cada uno tiene un título de concesión que ampara un volumen de agua que pueden utilizar, relacionado con la disponibilidad de agua que hay en el país. Los títulos se dieron por diferentes números de años: 10, 15, 20 hasta 30, y nos dimos cuenta, en esta administración, que muchos carecen de vigencia.
La pérdida de vigencia de estos títulos afecta a los productores agrícolas. Algunos ya cumplieron con el periodo por el cual fueron expedidos y afecta que tengan su título de fraude porque hacemos inspecciones y vamos a ver quién tiene vigente sus derechos y quién no.
Los afecta porque tienen diferentes apoyos federales o incluso estatales. Uno de ellos es el programa de apoyo de energía eléctrica, se les da apoyo con el hecho de saber que tenían un título de concesión, pero vigente (...) y entonces se empieza a negar el apoyo a quien no tenga su título vigente.
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Respecto a la investigación de concesiones, ¿qué tipo de irregularidades encontraron y quienes suelen estar involucrados?
—Había un rezago de más de 145 mil asuntos y en las bases de datos teníamos seis bases de datos que eran distintas y no conviven entre sí y plataformas que no funcionaban como tenían que funcionar.
Revisamos título por título los 536 mil que hay, hoy vamos en 90%. Hay un gran número de títulos sin vigencia; coordenadas que están mal; títulos que están identificados como agrícolas, pero eran desarrollos inmobiliarios o tenían uso distinto.
Un 66% de los títulos están concesionados al uso agrícola y nos dimos cuenta que se está desvirtuando el uso en campos de golf o balnearios.
Encontramos que los propios municipios no actualizaron sus concesiones de agua, son más de 13 mil y a muchos les toca renovación, lo que nos llevó a abrir el decreto para que se regularicen.
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La responsabilidad de revisar que el registro del título sea de acuerdo al uso, ¿de quién es?
—De los usuarios. Se les expide y se prueba que es para un uso. Hay algunos títulos que se dieron por 20 años para un objetivo y, con el paso del tiempo, se desvirtuó, y eso lleva nuestra parte de responsabilidad también en revisión, pero estamos en eso, en proceso de revisión, como parte del proceso de ordenar concesiones.
Ya realizamos muchas inspecciones y derivaron en 256 clausuras, esto en atención a denuncias que hace la gente en el portal de denuncias.
Encontramos que muchos de los aprovechamientos que concedimos se usan para rellenar pipas, las mismas que deben concederse a la población, se les venden.
¿Qué porcentaje de inconsistencias existe sobre las irregularidades de uso?
—Detectamos más de 52 mil inconsistencias, no todas relacionadas expresamente con el tema de cambio de uso sino con vigencia, malas coordenadas y otros detalles.
¿Qué sectores están involucrados en esto?
—Es diverso. No se ha centrado en alguno. Detectamos que se hace mucho la transmisión de un título agrícola para pasarlo a industrial y, ahora, lo que hacemos es autorizar la transmisión sobre el mismo uso, pero ya no el cambio de uso. Tomamos en cuenta la disponibilidad de agua, las circunstancias del entorno y, en función de eso, lo aprobamos o no. Hay que entender que hay zonas que por su propio desarrollo ya crecieron y lo que antes era un uso agrícola tuvo un desarrollo natural, pero eso se tiene que ordenar y ser parte de lo que la autoridad analice y formalice.
Al detectar el uso irregular, ¿Cuál es la sanción? ¿Qué están haciendo para evitar que los nuevos concesionarios hagan mal uso de los títulos?
—Cuando se hace mal uso de algo que ya fue concedido, como desvirtuar el uso agrícola para darle calidad de otro tipo porque el uso agrícola no paga porque es para producir alimentos, entonces, les pedimos tramitar el cambio, de lo contrario iniciamos un proceso administrativo en su contra.
Otro ilícito es de los que tienen aprovechamientos ilegales, que tienen represas, por ejemplo, la semana pasada detectamos uno en Puebla, donde en un pozo surtían 300 pipas, y por eso lo clausuramos, avisamos a la fiscalía e iniciamos un procedimiento. Ese es un negocio de lo que llamamos huachicoleo de agua.
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¿Hay una estimación de cuántos aprovechamientos ilícitos de agua existen?
—Estamos en un proceso donde cada semana detonamos operativos. Tenemos puntos en donde es más marcado, por ejemplo, Chihuahua, Guanajuato, Estado de México y Michoacán. (...) Nos acompañamos de las fiscalías, seguridad pública del estado y la Guardia Nacional en las inspecciones para cegar pozos ilegalmente establecidos.
Recientemente firmamos un convenio para hacer uso de las imágenes satelitales y vamos construyendo un esquema de evidencias que nos permite actuar con claridad en cada caso. Además, con el portal de denuncias, prácticamente nos llega una denuncia cada semana.
¿Tienen identificados a otros actores políticos o figuras públicas con aprovechamiento ilegal del agua como en el caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte?
—No sé si existen o no. Estamos haciendo la revisión de todos los títulos y estamos apenas consolidando la información, en su momento se va a transparentar como parte de la revisión general que estamos haciendo. Nosotros no nos fijamos en un nombre, nos fijamos en la ilicitud que puede haber del uso del agua. Ustedes tendrán conocimiento en su oportunidad de los procesos que hagamos.
¿Qué estrategias se tomarán para garantizar que ya no haya mal uso de los permisos?
—Abrimos un decreto de facilidades para que entre los pequeños y medianos productores puedan regularizar sus títulos. Estamos haciendo una campaña de información donde vamos a decirles dónde y cómo hacerlo. Van a tener un plazo de tres meses. Pueden hacerlo vía la página de Conagua, en la ventanilla o en módulos.
Posterior a eso, todos los títulos que ya culminaron su periodo de vigencia, los vamos a bajar del sistema y seguiremos nuestras revisiones para iniciar procedimientos contra responsables de uso ilícito. Nuestro objetivo es ordenar las concesiones.
Hacemos un llamado respetuoso a todos a que pongamos en orden nuestras concesiones.
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¿Cuánta agua han recuperado?
—Hemos recuperado cerca de 4 mil millones de metros cúbicos de agua. Una gran parte viene de los distritos de riego, que ahora se les está tecnificando. También de procedimientos administrativos de devolución de hidroeléctricas y también está el caso de los que firmaron el acuerdo nacional por el agua, empresarios que nos devuelven el agua que no usan.
