La Confederación Patronal de la República Mexicana () respaldó las demandas planteadas por , quienes enfrentan diariamente robos, extorsiones, cobro de piso y agresiones que ponen en riesgo su integridad y su patrimonio.

“Su llamado a contar con condiciones mínimas de seguridad para trabajar es legítimo y refleja una realidad que se ha normalizado a niveles inaceptables. Al mismo tiempo, enfatizamos que estos reclamos requieren respuestas inmediatas y coordinadas por parte de las autoridades”, dijo.

En un comunicado, llamó al a establecer una comunicación efectiva que permita restablecer de inmediato la libre circulación en carreteras, sin criminalizar a quienes alzan la voz por condiciones dignas de seguridad.

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Consideró indispensable que las autoridades instalen una con participación de los sectores afectados y con una representación equilibrada de los estados donde la situación es más grave. Esta mesa debe generar compromisos claros, con plazos verificables, inversión suficiente, operación coordinada y criterios homogéneos que garanticen un entorno seguro para quienes trabajan en la producción agrícola, el transporte y la logística.

Precisó que las soluciones deben construirse con diálogo, eficacia y resultados verificables, evitando que el país siga perdiendo competitividad por causas que pueden resolverse con determinación y coordinación.

“México no puede permitirse rutas estratégicas paralizadas, cadenas logísticas vulnerables y afectaciones a los cuya actividad es la base de la soberanía alimentaria”, afirmó.

Indicó que de acuerdo con el sondeo realizado entre nuestros Centros Empresariales, 33 de 55 ciudades y regiones participantes reportan afectaciones directas en carreteras, aduanas fronterizas, nodos logísticos y rutas estratégicas, particularmente en Jalisco, Guerrero, Chihuahua, Ciudad Juárez, Michoacán, Zacatecas, Veracruz, Durango, Puebla, Sonora, Baja California, Guanajuato, Cuauhtémoc, Tamaulipas, Hidalgo del Parral y regiones de San Luis Potosí y Guasave.

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Externó que la gravedad del fenómeno exige acciones que garanticen seguridad en carreteras, rutas de carga y puntos logísticos, evitando que la ciudadanía y las actividades económicas sigan siendo rehenes de la violencia.

Agregó que la no solo afecta al transporte de carga, sino que compromete la operación de cadenas productivas, incrementa costos logísticos, deteriora la competitividad regional y coloca a México en desventaja frente a sus socios comerciales, y añadió que sin rutas seguras no hay abastecimiento confiable, y sin abastecimiento confiable se frenan la inversión, la creación de empleo y el crecimiento económico.

Manifestó que el desafío exige coordinación real. “Llamamos al Gobierno federal y a los gobiernos estatales a trabajar juntos en un esquema inmediato que incluya vigilancia efectiva en tramos de alto riesgo, atención a denuncias por extorsión, operación funcional de trámites indispensables para el transporte de carga y mecanismos de conciliación que involucren a productores, transportistas, gobiernos y empresas. Ninguna solución será sostenible sin una estrategia conjunta que atienda de raíz los factores que originan estos conflictos”.

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También llamó al Gobierno federal a ofrecer soluciones efectivas a la crisis que enfrentan productores agrícolas en distintos estados, particularmente por el precio pagado por la tonelada de , el cual no cubre los costos necesarios para sostener la operación de los agro negocios.

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mahc/apr

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