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Diputadas y diputados que integran de la Comisión de Salud en San Lázaro aprobaron, por mayoría, la reforma a la Ley General de Salud, por la que se impulsa la prohibición absoluta de vapeadores en México.
Quedó avalada por 27 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM, así como 8 sufragios en contra del PRI, PAN y MC, además de una abstención.
El dictamen, propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece penas de hasta ocho años de cárcel a quienes adquieran o promuevan el uso de vapeadores.
"Se establecen sanciones de entre uno y ocho años de prisión por la adquisición, preparación, conservación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos y vapeadores", señala el proyecto recibido la noche se este jueves en el recinto legislativo de San Lázaro.
También prevé hasta 8 años de prisión a quienes realicen actos de publicidad o propaganda para que se consuman cigarrillos electrónicos y vapeadores, así no multas económicas que alcanzan los dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. La iniciativa presidencial establece las leyes reglamentarias de la reforma constitucional que se aprobó el año pasado, por la que quedó prohibida la venta y consumo de vapeadores y cigarrillos electrónicos.
El Presidente de la Comisión de Salud, Pedro Zenteno Santaella, aseguró que con la reforma, no se criminaliza al consumidor final: “No se sanciona la aportación y el uso. Se establece la prohibición total sobre la producción, comercialización, importación, exportación publicidad y suministro de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos análogos. La sanción penal va de 1 a 8 años de prisión y las multas de 11mil a 226 mil pesos aproximadamente”.
Durante el debate, la diputada del PRI, Ana Isabel González, aseguró que se trata de una reforma prohibicionista que abrirá las puertas al mercado negro.
“El hecho de prohibir criminaliza, y al criminalizarlo estamos hablando de prisión, estamos hablando de multas severas, y si nos vamos a la cuestión de salud sí estamos de acuerdo en regular, pero prohibir y penalizar abre otras puertas y otros panoramas como el mercado negro, venta y distribución clandestina”, denunció.
La reforma contempla otros capítulos entre los que destaca la contratación consolidada de medicamentos e insumos, para establecer de forma expresa la competencia de la Secretaría de Salud en planificación y ejecución de la contratación consolidada de medicamentos, insumos y equipamientos médicos de alta especialidad
"Se trata de empezar a poner orden porque en el pasado había hasta monopolio en empresas o distribuidoras que concentraban la distribución de los insumos”, dijo Pedro Zenteno.
El diputado del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, cuestionó que la reforma establezca el intercambio de servicios, sin que se ofrezcan más detalles al respecto.
“Se habla de intercambio de servicios y como está redactado no aclara ni siquiera que es lo que se va a intercambiar, ni cuánto vas a costar, ni cómo se va a poner, me parece que el diablo está en los detalles”, recriminó.
En tanto que la diputada Verónica Pérez Herrera, también del PAN, dijo que la reforma tiene muchos “huecos”, que terminarán por debilitar el sistema mexicano de salud.
“Un país donde la gente se muerte por falta de medicinas no puede darse el lujo de aprobar reformas que agraven las crisis. Esta reforma tiene muchos huecos que ya costaron vida, que generaron desabasto y abandono, México no necesita más experimentos”, sentenció.
Tras su aprobación en comisiones, se turnó a la mesa directiva para su debate y votación en el pleno.
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