El municipio es el eslabón más débil y castigado del ecosistema de seguridad pública mexicano. Tragedias como las de se cuentan por cientos. Alcaldes, candidatos, periodistas y activistas asesinados, la violencia política es la forma en que los cárteles depositan su voto en las urnas.

Carlos Manzo luchaba una batalla perdida. Cualquier presidente o gobernador mexicano que tenga la convicción de hacerle frente a la criminalidad organizada, con independencia de la buena o mala relación que tenga con el partido en el poder, tiene en su contra al producto más acabado de la guerra contra el narcotráfico, a saber, la federalización de la seguridad pública.

La guerra contra el narcotráfico, dicho sea de paso, también nacida de la mente de un michoacano, opera como una profecía auto cumplida. La estrategia surge bajo el mito fundacional de que las policías locales son el eslabón más corrupto e ineficiente del ecosistema de seguridad pública. Para sustituir esos tramos ‘necrosados’ del Estado, la Federación suple sus funciones con corporaciones federales: el CISEN, la Policía Federal, el Ejército, la Marina, la FGR.

Sea o no cierto el diagnóstico que da origen a la estrategia, lo cierto es que tras 20 años de mandos únicos, mesas de coordinación, bases de operaciones mixtas, intervenciones ‘temporales y subsidiarias’ y mesas de diálogo, las policías locales hoy están raquíticas y asfixiadas por el desvío de recursos que originariamente hubieran recibido y que en su lugar se han desviado para la construcción de gendarmerías, guardias nacionales, subprocuradurías especializadas y comisiones nacionales que únicamente sirven como paliativos pero nunca como soluciones definitivas a la crisis de inseguridad.

El mito de la incorruptibilidad moral y exacerbada eficiencia de las corporaciones federales versus las locales queda de manifiesto en la operatividad diaria. Carlos Manzo murió, de acuerdo al gobierno federal, bajo resguardo y custodia de 14 escoltas especializados de la Guardia Nacional, y en ese sentido, no es métrica de eficiencia de una corporación la muerte del principal que están escoltando. Dicho sea de paso, es un verdadero enigma saber por qué se le asignó personal militar para su seguridad en lugar de elementos del Servicio de Protección Federal, cuyo entrenamiento en seguridad física y protección ejecutiva es especializado, y cuyos únicos rivales serían el curso de Policía Militar en la misma materia, y la capacitación que recibía el Estado Mayor Presidencial.

Las corporaciones federales no son mágicas ni están pobladas por santos. Los escándalos de Cienfuegos Zepeda y de los sobrinos del Almirante Ojeda tendrían que ser prueba suficiente para advertir que de nada sirve reemplazar la parte de un cuerpo necrosado con otra parte igual o peor de podrida que la original. Y tampoco sirve reemplazar una parte defectuosa de una máquina con otro engrane que aunque no esté descompuesto, tampoco sea particularmente útil. Ese es el caso del general Trevilla, actual Secretario de la Defensa, que durante su periodo como comandante de la 43 Zona Militar en Apatzingán pasó de noche. Ni él, ni ninguno de los comandantes de zonas y regiones militares en Michoacán de los últimos 20 años ha pacificado el estado. Michoacán es el lugar donde empezó la guerra contra el narcotráfico, y recurrentemente cada 3 o 4 años requiere y demanda micro invasiones, micro fuerzas de ocupación que retornen a la entidad a paliar (sin resolver) los efectos de la guerra.

¿Por qué ofrecerle el máximo ascenso, Secretario de la Defensa, a un soldado que ni en calidad de comandante de zona ni en calidad de jefe del Estado Mayor de la Defensa logró ofrecer soluciones duraderas a la entidad a su cargo? Y no es sólo un reclamo que se le pueda hacer a Trevilla, se le puede hacer a cualquier comandante que haya estado desplegado en Tamaulipas, o en Guanajuato, o en Sinaloa, los militares simplemente no han podido con el paquete. Ascender a un soldado genérico simplemente desde una lógica escalafonaria y no desde una lógica de méritos le indica al soldado, al policía, al MP y al analista de inteligencia de carrera, que sus méritos y sus resultados no son lo que importa para ascender, solo importa acumular los años, y como arte de magia, el escalafón obrará sus milagros.

El atentado contra la vida de Carlos Manzo, vale la pena recordar, cumple la definición de terrorismo del US Code de terrorismo: es un asesinato político con la intención de amedrentar a una comunidad y, de haberse cometido en condiciones idénticas dentro de territorio soberano estadounidense, sería litigado como atentado terrorista. En la Casa Blanca y en el Pentágono no les preocupa si tras su muerte se organiza un ‘Plan Michoacán’ o no se abre una carpeta de investigación por terrorismo. Su definición de terrorismo es extraterritorial, y es una raya más al tigre para justificar la intervención militar en México y en Venezuela so pretexto de combate al ‘narcoterrorismo’.

*Víctor Antonio Hernández Ojeda es Director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos (ILEES)

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