Buscan garantizar derechos de mujeres presas

La diputada Anayeli Muñoz Moreno (MC) propuso reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal, para garantizar derechos de las mujeres privadas de la libertad y de sus hijos que viven con ellas en prisión, en materia de salud, maternidad y lactancia dignas, acceso a productos de gestión menstrual, y la protección al interés superior de la niñez.

La iniciativa, signada también por la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (MC) y remitida a la Comisión de Justicia, precisa que las autoridades penitenciarias deberán proporcionar espacios adecuados para el esparcimiento, recreación y actividades lúdicas de los niños menores de tres años que viven con sus madres en prisión, para favorecer su desarrollo físico, emocional y social.

Además, a fin de garantizar el interés superior de la niñez, estipula que tendrán personal especializado que dé acompañamiento educativo, estimulación temprana, apoyo emocional, seguimiento a su desarrollo integral y evaluaciones periódicas del desarrollo infantil físico, sicológico y nutricional.

También se fortalece el derecho de las madres a conservar la guardia y custodia de sus hijos menores de tres años.

Plantea que los centros penitenciarios tengan espacios dignos, adecuados y diseñados específicamente para la lactancia materna, separados de la población general, a fin de asegurar el desarrollo de los primeros meses del hijo de la mujer privada de la libertad.

Añade que cuando estos menores alcancen la edad máxima para la estancia en el centro penitenciario, la separación deberá realizarse de manera progresiva y sensible, bajo la supervisión de personal especializado. Se realizará un dictamen sicológico que respalde la gradualidad del proceso y propicie el mantenimiento del vínculo emocional madre-hijo durante la transición.

“Con ello se pretende garantizar que la transición respete el interés superior de la niñez y que en todo momento el menor esté acompañado de personal capacitado para llevar a cabo este proceso sin vulnerar sus derechos”.

De igual forma, la iniciativa busca proteger el derecho de las mujeres privadas de la libertad a recibir atención médica periódica y especializada, en materia de salud preventiva, sexual, reproductiva, mental y nutricional.

La propuesta para reformar y adicionar diversas disposiciones de los artículos 3, 10 y 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, argumenta que es necesario implementar políticas penitenciarias con enfoque de género, salud pública y derechos humanos, que aseguren un trato digno y respetuoso, evitando que esta condición limite o anule el ejercicio pleno de la maternidad y el desarrollo de la niñez.