Bernardo Bátiz asume presidencia de Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina; va por “castigo al que es culpable”

El magistrado Bernardo Bátiz Vázquez asumió la presidencia de la Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial, que se encargará de analizar quejas y denuncias en contra de personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación (PJF).

En su mensaje, Bátiz garantizó que habrá castigo al que es culpable y protección de derechos a quien los reclame, porque “la definición de justicia es dar a cada quien lo que le corresponde”.

“El PJF trabaja siempre en controversias y litigios en los que se le da la razón a una parte y se le niega a otra”, agregó.

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El magistrado enfatizó que se debe ser muy cuidadoso en la capacitación de quienes integran los órganos jurisdiccionales, en particular, en la resolución de casos donde la investigación juega una parte fundamental.

Precisó que “investigar es buscar la verdad en los hechos” a través de una ética estricta e integridad, y aseguró que el trabajo de la Comisión de Investigación se realizará a partir de hechos para “conocer lo que realmente ocurrió en cada denuncia que se presente”.

La Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina estará integrada por las magistraturas Eva Verónica de Gyvés Zárate y Rufino H. León Tovar.

De Gyvés Zárate mencionó que trabajarán de forma coordinada porque sostienen el compromiso común de responder a la sociedad y “recobrar el respeto hacia el Poder Judicial”.

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“Nuestra labor consistirá en verificar si los hechos denunciados se encuentran debidamente sustentados con datos de prueba para determinar si procede o no el inicio de una investigación”, dijo.

Por su parte, León Tovar afirmó que la Comisión de Investigación atenderá en todo proceso los principios establecidos en garantías constitucionales para proteger derechos fundamentales de personas involucradas.

Finalmente, la magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina, Celia Maya García, aseveró que este cuerpo colegiado trabajará de manera coordinada para que la ciudadanía sienta confianza y acuda a tribunales con la certeza de que encontrará “respuestas, la verdad y la aplicación de la ley”.

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