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Las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos del Senado de la República avalaron el proyecto de decreto para expedir la Ley Orgánica de la Armada de México.
El dictamen a la minuta que envió la Cámara de Diputados fue aprobado por las comisiones del Senado con 21 votos a favor de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde; y tres en contra, del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
La minuta señala que se expide una nueva Ley Orgánica de la Armada de México y se abroga la legislación homóloga vigente, con la finalidad de armonizar la normatividad que rige a la fuerza militar con diversos decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que incrementan las atribuciones de la Secretaría de Marina y, en consecuencia, de la Armada de México.
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Asimismo, se alinea a los objetivos de la “Política Nacional Marítima”, así como del “Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030”, por lo que se agrega a los objetivos de la Armada de México la protección de los intereses marítimos, es decir, la seguridad marítima, el sistema portuario nacional, la protección marítima y portuaria, la cultura marítima, la industria naval, los recursos naturales marítimos, el comercio marítimo, la marina mercante, el medio ambiente marino y el turismo náutico.
Además, se faculta a la Armada de México para participar en la elaboración e implementación de las políticas públicas de defensa que le instruya el Mando Supremo; ejercer el derecho de vista y el derecho de persecución en la Zona Económica Exclusiva del país y en alta mar, permitiéndole así intervenir de manera efectiva contra delitos cometidos en los espacios marítimos de la nación.
También podrán participar en actividades de ciberdefensa y ciberseguridad, así como en el empleo de inteligencia artificial como herramienta tecnológica en la conducción de operaciones militares en el ciberespacio, reconociendo el papel de la Semar como integrante del Centro Nacional de Inteligencia de Seguridad Pública.
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El documento incluye a la Guardia Nacional entre las instituciones con las que la Armada de México puede ejercer sus atribuciones, en conjunto con el Ejército y Fuerza Aérea.
Se contempla la reestructuración integral en los niveles de Mando de la Armada, se crea la jefatura de Operaciones Navales en sustitución del Estado Mayor de la Armada de México y se adiciona el nivel de Mando Superior en Jefe Estratégico y el nivel de Mando Superior de Jefe Operativo.
El texto resalta que se adiciona al Consejo de Almirantazgo la facultad de conocer, en su modalidad de reducido, del recurso de inconformidad como medio de defensa del personal naval frente a resoluciones emitidas por la Junta de Almirantes y por la Junta Naval. Asimismo, se faculta a los Consejos de Honor para conocer de los recursos de inconformidad que se interpongan.
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También se incorporan como integrantes del Consejo de Almirantazgo la nueva Subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios y la Jefatura de Operaciones Navales para fortalecer su representatividad y capacidad de análisis y asesoría, además de establecer la obligación de prestar servicios acumulables por parte del personal naval que realice estudios por cuenta de la Secretaría de Marina, ya sea por planteles nacionales o extranjeros.
Otra modificación es que se incorpora a la legislación el uso de lenguaje incluyente y se establecen principios de equidad en los ascensos, responsabilidades, asignación de tareas y demás ámbitos de la carrera naval.
Oposición vota en contra y acusa riesgo del equilibrio civil militar
Rolando Zapata Bello, del PRI, adelantó su voto en contra por la rapidez con la que se analiza la ley, cuando se trata de una de las instituciones importantes del país; lamentó que no se haya dado un proceso de revisión profundo, además de que esta nueva ley no fortalece del todo a la Marina, y sí la subordina al poder presidencial, poniendo en riesgo el equilibrio civil militar que debe regir en toda democracia.
Raquel Bonilla Herrera, de Morena, indicó que con esta nueva ley se armonizan las atribuciones de la Marina con las tareas que la nación requiere para mantener el Estado de derecho y para hacer cumplir las leyes nacionales y los instrumentos jurídicos internacionales, sobre todo cuando México es un país marítimo y se padece tráfico de personas, armas, contrabando y ciberdelitos, por lo que exige instituciones modernas con reglas claras y cooperación efectiva.
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