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En 2025, 85% de municipios de México cometió omisión de datos y estadísticas de la deuda pública, además de que reflejan claroscuros en la publicación de informes finales de auditorías de los ejercicios presupuestales, así como de las evaluaciones de los recursos federales, informó la consultora Aregional.
De acuerdo con los resultados del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios (ITDIF-M) correspondientes a 2025, realizado por Aregional, solo ocho gobiernos locales cumplen con la información a la cual todos están obligados. Estos son: Centro-Villahermosa, Tabasco; Corregidora, Querétaro; Durango, Durango; Guadalajara y Zapopan, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Puebla, Puebla; y Veracruz, Veracruz.
Además, sólo el 10% de los municipios lograron superar los 90.0 puntos y se ubican en el nivel “Transparente”, y en contraparte, el 78% de los ayuntamientos se ubicaron como municipios con “Deficiente Transparencia”. El promedio nacional se mantiene en niveles “Deficientes” superando apenas los 50 puntos, y por debajo de este, se encuentran más de la mitad de los ayuntamientos evaluados.
Únicamente 1 de cada 10 municipios, mostraron un alto nivel de transparencia y apenas el 11.6% (7 municipios) obtuvieron puntuación superior a 70.0 puntos, mientras que 47 ayuntamientos son los reprobados en la disponibilidad de la información Fiscal evaluada por el ITDIF-M.
Durante la presentación de dicho Índice, Cutberto Anduada, director general de Aregional, lamentó que los resultados presentan retrocesos y no sean alentadores pues atentan con el derecho a la transparencia de la población mexicana.
“La transparencia está afectada por los vacíos legales que se han provocado como parte de la promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Una ley que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de marzo. Esta ley vino a cambiar el esquema de administrar la transparencia y a 9 meses ha venido a crear una confusión tanto en los estados como en los municipios”, dijo.
Explicó que en años anteriores había una buena tendencia, pero desde el año 2020 hubo una caída y en 2024 y 2025 se registra una baja de la calificación. Lo que se traduce en la indiferencia y la apatía que tienen los gobiernos locales y estatales para informar con oportunidad, claridad, comprensibilidad y utilidad, toda la información financiera que generan y que por ley deben de publicar en sus páginas de internet para que la ciudadanía acceda libremente.
Dado estos resultados, la consultora atribuyó los malos resultados a que los portales tienen secciones de transparencia desordenadas, sin información histórica, información incompleta, sin información para una transparencia proactiva, ligas con error para acceder a la información o deshabilitadas, sin acciones oportunas para actualizar los portales y documentos en formato imagen que dificultan la consulta.
“Esto nos habla de simulación. Muchos gobiernos simulan que publican la información, pero no está accesible (...). Desafortunadamente para los gobiernos municipales este año ha sido muy malo. No hay buenas prácticas. La transparencia es una actividad permanente, debe ser constante y debe también llevarnos a distinguir a los buenos gobiernos de los malos gobiernos”, indicó el experto.
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Sin estadísticas históricas de las finanzas públicas, ingresos y gasto
La investigación reveló que la mayoría de los municipios no genera proactividad en estadísticas históricas de la deuda pública y no ejercen una adecuada rendición de cuentas, como se observa en el hecho de que solo 13 administraciones municipales publican los documentos que contienen los resultados de las evaluaciones de los recursos federales, mientras que 33 incumplen y 11 no los dan a conocer con los criterios de calidad o incompletos.
En el caso de 24 gobiernos municipales no publican información adecuada sobre los Informes Finales de las auditorías del ejercicio presupuestal cerradas en los años 2023 y 2024. Mientras que 12 la presentan con deficiencias o incompleta. En tanto que lo hacen adecuadamente 24 de los 60 evaluados para dicha consulta, los cuales sobresalen por su importancia demográfica y económica, así como por su peso dentro de la administración pública.
Así, la consultora encontró que siete municipios tienen suficiente transparencia: Guadalajara, Monterrey, Oaxaca de Juárez, Hermosillo, Tepic, Manzanillo y Cuernavaca y 47 municipios tienen transparencia deficiente.
Elisa Flores Silva, líder del Proyecto Transparencia Fiscal Aregional, mencionó que el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios se compone por seis bloques, que consideran aspectos de la gestión y el desempeño gubernamental, a fin de evaluar de manera integral la transparencia fiscal de los gobiernos municipales.
Estos son: Marco Regulatorio, Marco Programático-Presupuestal, Costos Operativos, Rendición de Cuentas, Evaluación de Resultados y Estadísticas Fiscales.
Los dos bloques con comportamiento positivo e incremento porcentual de cumplimiento fueron Marco Programático-Presupuestal y Rendición de Cuentas. Ambos perdieron puntuación el año pasado, y con este incremento no lograron igualar el promedio que se logró en 2023.
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Por otro lado, de los que perdieron en cumplimiento este año, llama la atención Costos Operativos que desde la edición de 2024 redujo porcentaje y en esta ocasión baja más de 13 puntos porcentuales. El caso de Marco Regulatorio, que ha sido uno de los bloques con mayor cumplimiento, en esta evaluación pierde 8.63 puntos.
Así, 22 gobiernos municipales (37%) publicaron información de la Ley de Ingresos de los tres últimos años, que presenta el desglose de los ingresos por Fondos Federales y que cuenta con la información del impuesto predial, las contribuciones de mejoras y los valores catastrales.
El 85% de los gobiernos municipales no publica adecuadamente datos y estadísticas de deuda pública en lo que respecta a los informes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a los formatos de la Ley de Disciplina Financiera y tampoco cumplen con la proactividad para generar estadísticas históricas de deuda pública.
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