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A un año de que el Gobierno federal anunció un decálogo para combatir la violencia que viven las mujeres, organizaciones especializadas advierten que los compromisos no se tradujeron en políticas públicas funcionales ni en acciones capaces de modificar la realidad en territorio.
En entrevista con EL UNIVERSAL, la Red Nacional de Refugios (RNR) y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF) señalan que pese al discurso oficial e intenciones del Gobierno federal en el tema, persisten los rezagos en atención, prevención y sanción de la violencia de género y que el presupuesto destinado a proteger a mujeres, niñas y adolescentes opera con retrasos, opacidad y sin estructuras claras que permitan evaluar su impacto.
En su balance, las organizaciones coinciden en que México sigue funcionando con los mismos vacíos estructurales en la materia que han sido documentados durante años.
Para ellas, el decálogo no se convirtió en una ruta clara de atención, ya que, expresan, no hubo una estrategia integral, no se fortaleció la infraestructura existente y tampoco se construyó la que hacía falta, pues consideran que la política pública sigue fragmentada, con avances parciales que no corrigen el fondo del problema.
“A un año del anuncio, no vemos que el decálogo se haya traducido en una política pública real. No hay una estrategia integral que articule a las instituciones, no se fortalecieron las fiscalías ni las rutas de atención, no se actualizaron los protocolos y tampoco hubo mejoras claras en coordinación. Seguimos viendo los mismos vacíos estructurales de siempre y, en algunos casos, retrocesos. El decálogo se quedó en el discurso, no en acciones que realmente protejan a las mujeres”, afirma María de la Luz Estrada, directora del OCNF.
Fiscalías reclasifican casos y maquillan cifras de feminicidios
Respecto al tema de feminicidios, Estrada sostiene que la investigación de los mismos no muestra avances sustantivos, pues afirma que las fiscalías continúan reclasificando casos como homicidios o suicidios, lo que maquilla las cifras y oculta la dimensión real de la violencia feminicida.
Explica que los protocolos continúan desactualizados y que siguen existiendo periciales deficientes, necropsias mal realizadas y ausencia de análisis de contexto. En muchos casos, dice, son las organizaciones quienes deben impulsar peritajes independientes para corregir omisiones graves.
Sobre la atención e impartición de justicia, Estrada advierte que la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales no ha mejorado. Señala que las rutas de atención para víctimas de violencia sexual siguen fragmentadas y que no existen lineamientos homologados para recibir, evaluar y proteger a una víctima.
Indica que la Alerta de Violencia de Género, que debería ser el mecanismo más fuerte, tampoco se fortaleció y que los recursos asignados carecen de criterios claros de uso o mecanismos para evaluar su impacto. Afirma que lo que predomina es la incertidumbre y la ausencia de un modelo nacional claro para fortalecer fiscalías, centros de justicia u órdenes de protección.
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Desde un ángulo distinto, pero con preocupaciones similares, la Red Nacional de Refugios describe un retroceso que le parece preocupante. Wendy Figueroa, directora de la Red, informa que, a finales de noviembre, los refugios no han recibido la totalidad del recurso correspondiente a este año, retraso que afecta la atención diaria y obliga a buscar financiamiento internacional, donantes privados y aportaciones ciudadanas.
Alerta que el personal especializado sostiene la operación, aunque muchas trabajadoras no cuentan con honorarios garantizados, desgaste que, afirma, no solo afecta a quienes trabajan en los refugios, pues también repercute en la calidad y continuidad de la atención para mujeres en riesgo extremo.
Asimismo, lamenta que no existan mesas de trabajo formales con organizaciones expertas, a pesar de que el decálogo habló de fortalecer la participación social. “Se diseñan estrategias desde el escritorio, sin considerar la experiencia comunitaria”, advierte.
“El decálogo no se tradujo en un fortalecimiento real. Al contrario, vemos retrocesos. Desapareció el programa específico de refugios, no hay una asignación clara de presupuesto y seguimos operando sin recibir todos los recursos del año. Esto pone en riesgo la vida de mujeres y niñas. Sin un programa autónomo y visible no hay garantía de derechos y sin refugios sólidos no hay protección ante la violencia letal”, señala.
Para la RNR, la desaparición del programa autónomo abre la puerta a mayor opacidad y vulnerabilidad. Señala que, sin una asignación específica, los refugios quedan expuestos a retrasos y recortes que pueden comprometer la vida de mujeres que huyen de violencia extrema.
Agrega que la impunidad en casos de violencia sigue cercana al 100% y que muchas víctimas no denuncian porque saben que no recibirán protección efectiva. “Sin presupuesto visible no hay garantía de derechos y sin refugios sólidos no hay protección ante la violencia letal”, afirma.
Secretaría de Mujeres sostiene que decálogo sí funciona
Sin embargo, frente a estos señalamientos, la Secretaría de las Mujeres sostiene que el decálogo sí se ha traducido en acciones concretas.
En entrevista con EL UNIVERSAL, la subsecretaria Ingrid Gómez Saracíbar, afirma que la creación de los Centros Libres es uno de los principales resultados del primer año de implementación. Indica que se han instalado 678 en el país y que la meta es llegar a uno por municipio hacia el final del sexenio, pues estos centros ofrecen acompañamiento jurídico, psicológico y comunitario y que su expansión requiere un compromiso de los gobiernos estatales y municipales.
La subsecretaria destaca la creación de una red de más de ochocientas abogadas de las mujeres. Señala que estas profesionales dan asesoría jurídica, acompañan procesos penales, civiles y familiares y trabajan con una célula de juicio estratégico que busca fortalecer litigios emblemáticos.
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Además de los programas nuevos, Gómez Saracíbar adelanta que la Secretaría continuará fortaleciendo los Centros de Justicia para las Mujeres con subsidios dirigidos a estos espacios y que apoyan las acciones que realiza cada entidad en el marco de las alertas de violencia de género.
Dice que también se han construido mecanismos de coordinación con fiscalías y tribunales y que existe un diálogo permanente con la Comisión Nacional de Tribunales para impulsar que juezas y jueces apliquen la perspectiva de género y los estándares de derechos humanos.
La subsecretaria destaca que “la política no se está diseñando únicamente desde oficinas, pues se han realizado casi 600 asambleas comunitarias con mujeres en municipios y ciudades para recoger inquietudes, identificar prioridades y construir agendas locales.
En materia presupuestaria, Gómez Saracíbar sostiene que sí hay recursos federales y estatales para ejecutar acciones de prevención, atención y sanción y que los estados también aportan financiamiento desde distintos ecosistemas institucionales.
Sin embargo, considera que uno de los principales retos sí es fortalecer la articulación entre las instancias federales, estatales y municipales para que los recursos se utilicen de forma estratégica y con mayor impacto.
Sobre el acceso a justicia y en cambios culturales de largo plazo, reconoce que el país sí enfrenta desafíos, pero explica que para 2030 se espera mejorar la atención expedita de delitos de alto impacto como feminicidios y violencia sexual. En suma, la estrategia nacional propuesta por la Secretaría con el decálogo apuesta por la prevención con trabajo en escuelas, en comunidades y con hombres y jóvenes para transformar patrones que reproducen la violencia.
mahc/apr
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