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Río de Janeiro.— Esta ciudad vivió ayer escenas de guerra en la operación policiaca más letal contra el crimen organizado en la historia local, que dejó al menos 64 muertos y suscitó críticas de Naciones Unidas.
Unos 2 mil 500 policías fuertemente armados penetraron en dos zonas populares del norte de la ciudad, donde hubo tiroteos, incendios y enfrentamientos con presuntos criminales, constató un periodista de la AFP.
El objetivo de la Operación Contención es combatir al Comando Vermelho, la mayor organización criminal de Río de Janeiro que opera en las favelas, colonias pobres y densamente pobladas de la urbe brasileña. El gobernador conservador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, informó de 60 sospechosos muertos en la “mayor” operación policial en Río, apoyada por dos helicópteros.
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Una fuente de su administración indicó que había además cuatro policías fallecidos. Un total de 81 personas fueron detenidas. El principal objetivo era el narcotraficante Edgard Alves de Andrade, Doca, de 55 años, que se encuentra prófugo de la justicia y es señalado por la Policía Civil como uno de los líderes del Comando Vermelho, con presencia en la zona de Penha.
Según los fiscales del Grupo de Acción Especial contra el Crimen Organizado (Gaeco/MPRJ), Doca —o Urso, como también se le conoce— es el principal líder del Comando en el Complejo da Penha y en comunidades como Gardenia Azul y César Maia, en la zona suroeste de Río, y Juramento, en la zona norte, algunas de ellas recientemente tomadas de la delincuencia.
Se le investiga por más de 100 homicidios, entre ellos ejecuciones de niños y desapariciones de vecinos. En octubre de 2023, Doca fue señalado como el autor intelectual del asesinato de tres médicos y del intento de homicidio de una cuarta víctima en Barra da Tijuca, en la zona oeste de Río. Las víctimas participaban en un congreso de medicina y fueron confundidas con “milicianos” de Río das Pedras.
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El Comando responde con bombas lanzadas por drones
Ráfagas de disparos atemorizaron a la población y los comercios y escuelas permanecieron cerrados.
Un fotógrafo de la AFP vio cómo agentes fuertemente armados custodiaban a unos 20 jóvenes apiñados y sentados en la acera, con la cabeza gacha, descalzos y sin camiseta, en la favela Vila Cruzeiro, en Penha. Otros detenidos avanzaban juntos con los brazos esposados detrás. En el hospital Getulio Vargas de la misma favela llegaban cadáveres de civiles y policías muertos, mientras los tiros no cesaban afuera, constató la AFP.
Castro publicó un video en X de un dron lanzando un proyectil desde el cielo. “Es así como la policía de Río de Janeiro es recibida por los criminales: con bombas lanzadas por drones (...) Es narcoterrorismo”, dijo. Más de 50 autobuses del transporte público fueron utilizados para armar barricadas por parte de supuestos criminales, informó el sindicato del ramo en Río de Janeiro.
La operación causó disrupciones en la ciudad, con vías centrales completamente cerradas o bloqueadas. En decenas de escuelas de la acaudalada zona sur de Río, donde se hallan los barrios de Copacabana e Ipanema, se pidió retirar más temprano a los alumnos para liberar a los profesores frente a la situación de alerta. El servicio de Metro estaba desbordado, debido a que los habitantes trataban de regresar lo más pronto a sus casas.
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Hasta ahora, la operación policial más letal en Río, donde viven unos 6 millones de personas, había tenido lugar durante la pandemia de Covid-19 en 2021, con saldo de 28 muertos en un solo día.
Ayer, se decomisó “una gran cantidad de droga”, además de 75 fusiles, afirmó Castro, aliado del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro. El gobernador aseguró que la operación, fruto de una investigación de más de un año, abarcó un “área del tamaño de dos Copacabanas enteras. Es decir, muy, muy grande”.
El gobernador negó haber criticado al gobierno del presidente Luis Inácio Lula da Silva por no participar en el operativo.
“Tengo un respeto personal por Lula y dudo que haga algo así, pero la seguridad pública no es una prioridad para el gobierno federal. Creen que todo se resolverá con una enmienda constitucional, y yo no lo creo”, afirmó Castro. Mientras, el gobierno autorizó el traslado de presos a penitenciarías federales de alta seguridad, según un comunicado emitido durante una reunión de emergencia en el Palacio de Planalto en Brasilia para abordar la crisis de seguridad en Río de Janeiro. Una comisión del gobierno federal viajará a Río el miércoles.
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La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo en X estar “horrorizada” por la operación policiaca, y recordó a las autoridades brasileñas “sus obligaciones” bajo las leyes internacionales.
“Una operación policial que resulta en la muerte de más de 60 habitantes y policías es una enorme tragedia”, afirmó de su lado César Muñoz, director de Human Rights Watch en Brasil, quien pidió al Ministerio Público investigaciones para esclarecer las circunstancias de “cada muerte”. Con información de O Globo. GDA
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