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Washington. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha aprobado el envío de hasta 600 abogados militares al Departamento de Justicia para que ejerzan como jueces de inmigración temporales, según un memorándum revisado por The Associated Press.
El ejército comenzará a enviar grupos de 150 abogados, tanto militares como civiles, al Departamento de Justicia “tan pronto como sea posible” y los servicios militares deberían tener identificada la primera ronda de personas para la próxima semana, según el memorándum, fechado el 27 de agosto.
La decisión se produce en un momento en que la administración Trump está tomando medidas enérgicas contra la inmigración en todo el país, aumentando las detenciones y las deportaciones. Los tribunales de inmigración se enfrentan a una enorme acumulación de casos, unos 3.5 millones, que se ha disparado en los últimos años.
Sin embargo, numerosos jueces de inmigración han sido despedidos o han dimitido voluntariamente tras aceptar las renuncias diferidas ofrecidas por la administración, según su sindicato. La Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos afirmó en julio que al menos 17 jueces de inmigración habían sido despedidos “sin causa justificada” en tribunales de todo el país.
Esto ha dejado unos 600 jueces de inmigración, según cifras del sindicato, lo que significa que la medida del Pentágono duplicará su número.
La medida se está llevando a cabo a petición del Departamento de Justicia, y el memorándum señala que los detalles inicialmente tendrán una duración máxima de 179 días, pero que podrán renovarse.
Cuando se le preguntó sobre la medida, un portavoz del Departamento de Justicia remitió las preguntas sobre el plan al Departamento de Defensa. Los funcionarios del Pentágono remitieron las preguntas a la Casa Blanca.
Un funcionario de la Casa Blanca dijo el martes que la administración está estudiando diversas opciones para ayudar a resolver el importante rezago que existe en los casos de inmigración, incluida la contratación de jueces de inmigración adicionales. El funcionario dijo que el asunto debería ser “una prioridad en torno a la que todos, incluidos los que esperan una resolución, puedan unirse”.
ss/mcc
