Miami.— Por los narcoacuerdos se están desmantelando redes criminales; pero también “están reconfigurando y amenazando el mapa político, económico y militar de poder en México, pero desde los tribunales federales de Estados Unidos”, afirma el abogado internacionalista Jaime Ortiz a EL UNIVERSAL.
Nombres como Ovidio Guzmán López, Ismael El Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero, Jesús Reynaldo El Rey Zambada, Dámaso López Núñez y Vicente Zambada Niebla, no son simplemente objetivos judiciales, “son fuentes de inteligencia que están construyendo expedientes, revelando esquemas de protección institucional y, lo más importante, insinuando vínculos entre el crimen organizado y actores del poder político mexicano, hasta que deje de ser una insinuación”, comenta Ortiz. Estos acuerdos no se producen en el vacío.
La Administración Antidrogas (DEA), en sus informes públicos, ha descrito la “capacidad de cooptación institucional” del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación. Aunque evita nombrar a políticos en funciones, reconoce que la corrupción en México es un factor crítico para la supervivencia de estas organizaciones. En los expedientes judiciales, las referencias a pagos a “funcionarios de alto rango” y “empresarios con acceso a contratos públicos” son recurrentes. La omisión de nombres tiene una razón, quieren proteger las investigaciones y preservar la utilidad diplomática de la información.
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Washington concentra sus esfuerzos en obtener inteligencia estratégica a cambio de beneficios procesales. Los capos entregan información que no sólo alimenta casos judiciales, sino que también nutre la agenda de seguridad nacional estadounidense. “A cambio, reciben reducciones de condena, reubicación y protección para sus familias. Es un intercambio frío pero muy bien calculado y profundamente político”, explica Ortiz.
El caso de Caro Quintero es ilustrativo de cómo estos acuerdos pueden servir para conectar pasado y presente. “Su conocimiento de las viejas alianzas entre narco y poder político, combinado con información reciente sobre nuevas rutas y actores, ofrece a EU un mapa completo de la evolución de la corrupción en México”, dice el abogado. En manos de fiscales y analistas de inteligencia, son una herramienta judicial y un instrumento de presión diplomática.
Sobre El Mayo, “para Estados Unidos su testimonio es una mina de oro; no sólo por lo que sabe del presente, sino por su memoria institucional de cómo se construyó y sostuvo el imperio del Cártel de Sinaloa”, comenta el especialista.
Ovidio Guzmán, El Mayo Zambada, Caro Quintero, El Rey Zambada, Dámaso López y El Vicentillo forman un hexágono de inteligencia que abarca generaciones, rutas, métodos y estructuras. Sus declaraciones, aunque filtradas con cautela en documentos públicos, dibujan un panorama en el que la corrupción es sistémica. Para Washington, la utilidad de estos narcoacuerdos es múltiple. “Permiten desmantelar redes criminales, anticipar amenazas y, llegado el caso, condicionar la relación bilateral”, señala Ortiz. Los narcoacuerdos son mucho más que una herramienta judicial, son una forma de diplomacia secreta. “La pregunta no es si esta información se usará, sino cuándo y cómo”, concluye.
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