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BUENOS AIRES — La justicia argentina ordenó el martes el decomiso de bienes de la expresidenta argentina Cristina Fernández y otras ocho personas condenadas por corrupción en la obra pública durante su mandato por el equivalente a casi 500 millones de dólares, cifra que se calcula fue el desfalco al Estado.
La medida inédita fue dispuesta por el mismo tribunal oral que condenó a la exmandataria (2007-2015) a seis años de prisión a fines de 2022 por administración fraudulenta y que comenzó a cumplir en junio pasado en su domicilio de Buenos Aires luego que la condena quedara firme. Además, la exvicepresidenta (2019-2023) fue inhabilitada para ejercer cargos públicos de forma perpetua.
El decomiso afecta a más de 100 inmuebles, cuentas bancarias, sociedades y campos de la exmandataria y del resto de los culpables y que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal durante la pesquisa. Los bienes y activos habían quedado embargados tras la condena.
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El caso de corrupción que llevó a Fernández a estar recluida en prisión domiciliaria y a poner en pausa su carrera política se refiere a las irregularidades detectadas en 51 procesos de licitación para la construcción de obras en carreteras nacionales y en rutas de la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, que comprenden a la presidencia de Néstor Kirchner —difunto marido de Fernández— y el periodo en que ella fue mandataria.
Según la justicia, durante ese tiempo tuvo lugar “una extraordinaria maniobra fraudulenta” que perjudicó los intereses de la administración pública. Estimó el desfalco en unos 85 mil millones de pesos (unos 70 millones de dólares de entonces), suma que ha sido actualizada por peritos de la Corte Suprema de Justicia.
Entre los otros condenados alcanzados por la decisión están Lázaro Báez, un empresario allegado a los Kirchner que fue beneficiado con las obras públicas, un exsecretario de esa área y exfuncionarios de vialidad.
El tribunal que los declaró culpables dejó a criterio de los condenados definir el porcentaje que le correspondía a cada uno por el decomiso de bienes. Pero ninguno de ellos acató la medida y presentaron recursos de apelación que fueron rechazados por instancias judiciales superiores.
La exmandataria, quien sostiene que es víctima de una persecución judicial orquestada por sectores conservadores para sacarla del escenario político, no se pronunció sobre la resolución de este martes.
desa/mgm
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