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Lima.- Un juez rechazó el miércoles un pedido fiscal para prohibir la salida de Perú de la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) por 36 meses mientras es investigada por presunto lavado de activos, argumentando que ha mostrado buena conducta.
Boluarte fue destituida hace cinco días por el Parlamento, que rompió una coalición con la dirigente política a medio año de la celebración de las elecciones generales en las que los peruanos elegirán un nuevo mandatario y legisladores.
El magistrado Fernando Valdez, de la Corte Superior de Lima, indicó que Boluarte mantiene un buen comportamiento porque se ha presentado a las citaciones fiscales y que la exmandataria puede declarar durante el periodo de investigación de manera virtual. La expresidenta no estuvo presente en la sesión judicial.
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Aún queda por conocerse la decisión de otro juez que, en una nueva sesión, decidirá otro pedido de la fiscalía para prohibir por 18 meses la salida de Boluarte de Perú por otro caso de presunta corrupción.
Tras su remoción, Boluarte dijo el viernes pasado a la prensa que no tenía intenciones de asilarse en ninguna embajada ni salir del país. La exmandataria fue reemplazada por el presidente interino José Jerí, un legislador que pertenece al partido “Somos Perú”, de centroderecha, y que ha anunciado que se mantendrá neutral en los comicios presidenciales de abril.
Otro exmandatario, Alan García (2006-2011), ingresó 17 días a la embajada de Uruguay en Lima en 2018 solicitando un asilo que fue rechazado mientras era investigado por corrupción. García se suicidó en 2019 cuando la policía ingresó a su casa para detenerlo por esa investigación.
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Boluarte fue removida por el Congreso por su “permanente incapacidad moral” en medio de una crisis por el alza del crimen. Antes mantenía una coalición con partidos claves —Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso— que la protegieron siete veces de pedidos de destitución entre 2023 y 2024.
El Ministerio Público indicó el viernes pasado en un comunicado que Boluarte es investigada en un caso de lavado de activos vinculado a la recolección de dinero destinado a pagar una reparación civil de Vladímir Cerrón, el líder prófugo del partido político con el que Pedro Castillo (2021-2022) ganó las elecciones presidenciales en 2021 en una papeleta en la que Boluarte era candidata a vicepresidenta.
El caso empezó en 2019, cuando la fiscalía identificó a una presunta organización delictiva dentro de un gobierno regional que habría obtenido dinero emitiendo licencias de conducir. Según la fiscalía, el dinero ilícito habría sido enviado a cuentas bancarias de Boluarte que luego ella enviaba a otras de Cerrón.
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La exmandataria tiene nueve denuncias constitucionales enviadas desde la fiscalía ante el Parlamento y otras 11 investigaciones fiscales en trámite por diversos delitos. La mayor investigación es por su presunta responsabilidad en la muerte de 50 civiles durante protestas los primeros meses de su gobierno.
ss/mcc
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