Para enfrentar el fenómeno de la gentrificación en la Ciudad de México, el Gobierno capitalino va por regularizar y estabilizar las rentas, que, acusó, en ocasiones aumentan a precios injustificables, por medio de instrumentos como un Índice de precios de alquiler y una nueva “ley de rentas justas”.

El Índice de precios de alquiler razonable se aplicará especialmente en las zonas consideradas como de “tensión inmobiliaria”, para el que se considerarán variables como el valor catastral, la ubicación, las características físicas del inmueble, la proporción entre ingreso y el gasto de arrendamiento en el área, entre otros.

Este índice servirá para obtener “criterios objetivos que apoyen el diseño de una política pública de arrendamientos que mantenga un balance adecuado”, afirmó Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas.

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“Se establecerán foros y mesas de trabajo con los diversos sectores sociales, económicos, académicos y financieros de manera abierta e incluyente, con el fin de establecer criterios y metodologías para la medición de indicadores, así como elementos que permitan construir los instrumentos jurídicos de política pública y de incentivos fiscales que acompañarán este proceso”, expuso el funcionario.

Entre las medidas para regularizar los altos costos de rentas, que forman parte del Bando Uno que emitió la jefa de Gobierno, Clara Brugada, con 14 acciones para combatir la gentrificación, denominado Por una ciudad habitable, asequible con identidad y arraigo local, también se contempla la creación de instrumentos jurídicos para garantizar el cumplimiento del artículo 2448 del Código Civil —el cual se reformó el año pasado, en la administración de Martí Batres—, y que establece que las rentas habitacionales no pueden tener un aumento mayor a la inflación reportada por el Inegi en el año anterior.

Asimismo, se presentará una propuesta de “ley de rentas justas, razonables y asequibles” con el objetivo de “regular y estabilizar los precios del alquiler de vivienda en la Ciudad de México”, para la cual se convocará a una amplia discusión con todos los sectores de la población, capitalina, explicó la jefa de Gobierno.

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“Prevenir el desplazamiento de personas y comunidades; establecer un equilibrio entre los derechos y obligaciones de arrendadores y arrendatarios; regular las plataformas de alojamiento temporal y la creación de un organismo público que defienda, garantice y vigile el cumplimiento de la ley y sancione abusos”, afirmó la mandataria.

Brugada Molina mencionó que se fortalecerá la regulación de la renta de viviendas en ocupaciones de corta estancia y en plataformas de alojamiento temporal, como Airbnb.

Se contempla la creación de un Observatorio de suelo y vivienda para el análisis de datos sobre contratos de arrendamiento y una Defensoría de los Derechos Inquilinarios.

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Por otro lado, el Bando Uno también contempla acciones enfocadas en la política social de vivienda, con lo que se priorizará la “producción de vivienda pública en la ciudad central y en las zonas de tensión inmobiliaria”, se ampliará el programa de mejoramiento de vivienda y se combatirá la especulación inmobiliaria y se fomentará la producción de vivienda asequible en coordinación con el sector privado.

De Botton precisó que se simplificarán trámites para la construcción de viviendas asequibles para el sector público y privado para incrementar la oferta.

También se implementará un Plan Maestro en las denominadas zonas de “tensión inmobiliaria” y se impulsarán programas y apoyos para el arraigo comunitario.