
Tras el plan del Gobierno de la Ciudad de México de regular el alquiler de casas para ir contra la gentrificación, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) aseguró que establecer topes a los precios en la renta de vivienda no ataca las causas estructurales de dicho fenómeno sino, por el contrario, desalienta la inversión inmobiliaria y así se reduce la vivienda disponible.
“Establecer topes en los precios de renta no ataca las causas estructurales de la gentrificación; al contrario, desalienta la inversión inmobiliaria, reduciendo la vivienda disponible”, expuso mediante un comunicado.
Externó que muchos hogares en renta son propiedad de personas que han invertido en su patrimonio en inmuebles como su principal fuente de ingresos “por lo que limitar el valor de las rentas afectaría su sustento y desincentivaría la inversión en su mantenimiento, rehabilitación y oferta”.
Además de que cualquier regulación debe tomar en cuenta tanto a los inquilinos como a propietarios.
La ADI explicó que la gentrificación es un fenómeno complejo que enfrentan muchas ciudades del mundo, incluida la Ciudad de México, por lo que la mejor forma de mitigar sus efectos “es impulsando cambios regulatorios que incentiven la inversión y la construcción de más vivienda, en más zonas y para más personas”.
“Uno de los principales factores que presionan el desplazamiento de familias es la falta de oferta habitacional, pues sin construcción suficiente de vivienda nueva, la demanda de espacios crece y se elevan los precios, provocando una exclusión silenciosa”, detalló.
Para evitarlo, la Ciudad necesita atraer inversión formal, impulsar nuevos desarrollos para todos los sectores de la población y ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda.
“La única forma sostenible de contener el alza de precios es incentivando la construcción y rehabilitación de vivienda de calidad mediante una agenda urbana integral, que siente las bases para generar un mercado inmobiliario más amplio e incluyente, desregule procesos, agilice permisos, permita mayor altura y densidad, recicle suelo subutilizado y otorgue certeza jurídica.
“Sin estas condiciones, la oferta seguirá limitada y los precios seguirán subiendo”, afirmó.
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Recordó que la CDMX todavía tiene un amplio margen para seguir creciendo de manera eficiente, pues su densidad urbana actual ronda los 6,160 habitantes por kilómetro cuadrado, muy por debajo de ciudades como Nueva York, que supera los 10,200.
“Esta diferencia es consecuencia de regulaciones obsoletas que restringen alturas y densidades, por lo que es clave cambiar este enfoque para revitalizar zonas subutilizadas, mediante proyectos sostenibles, integrados y socialmente responsables”, refirió.
La ADI reconoció los avances del Gobierno de la Ciudad en materia de planeación y el impulso a instrumentos como la Ventanilla Única y el Programa General de Ordenamiento Territorial, los cuales buscan dar certidumbre, ordenar el crecimiento y facilitar la participación de la inversión formal requerida.
“Desde la ADI reiteramos nuestro compromiso para seguir impulsando una ciudad más accesible, densa, conectada y justa. Lo decimos con claridad: si queremos una ciudad más habitable, tenemos que generar las condiciones adecuadas para construirla, en beneficio de todos los que la habitamos”, concluyó.
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Ayer, el Gobierno de la Ciudad de México lanzó un Bando, con 14 acciones, para enfrentar el fenómeno de la gentrificación y una de las propuestas es regular las rentas de vivienda para bajar los costos a través de establecer un índice de precios de alquiler y una nueva “Ley de rentas justas”.
Una de las acciones para lograrlo será la implementación de un “Índice de Precios de Alquiler Razonable” que se aplicará especialmente en las zonas consideradas como de “tensión inmobiliaria”, en el que se tomarán encuestas variables como el valor catastral, la ubicación, las características físicas del inmueble, la proporción entre ingreso y el gasto de arrendamiento en la zona.
Este índice servirá para tener “criterios objetivos que apoyen el diseño de una política pública de arrendamientos que mantenga un balance adecuado”, afirmó Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas.
“Se establecerán foros y mesas de trabajo con los diversos sectores sociales, económicos, académicos y financieros de manera abierta e incluyente, con el fin de establecer criterios y metodologías para la medición de indicadores, así como elementos que permitan construir los instrumentos jurídicos de política pública y de incentivos fiscales que acompañarán este proceso”, indicó ayer en la conferencia de prensa.
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