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El diputado local de Morena Paulo García propuso flexibilizar los requisitos para convocar a asambleas generales en las Unidades Habitacionales.
Actualmente la Ley de Propiedad en Condominio establece que la asamblea general, que entre otras cosas se encarga de nombrar a un administrador, puede ser convocada por el 20, 15 ó 10% de los condóminos, según el tamaño de la unidad habitacional. Sin embargo, el legislador propuso que ya puedan convocar a asamblea el 10, 7 y 5% de las y los vecinos.
Asimismo, planteó que únicamente por petición de un condómino o poseedor, la Procuraduría Social pueda convocar a asamblea general.
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A decir del legislador, estas reformas tienen el objeto de facilitar la organización vecinal y el trabajo de las administraciones en las unidades habitacionales.
Según el último censo de vivienda, en la Ciudad de México habitaban más de ocho millones de personas, de los cuales 3.5 millones viven en unidades condominales.
Datos de la Prosoc revelan que existen 8 mil 435 unidades habitacionales, de las cuales, alrededor de mil 213 se encuentran bajo el esquema de Régimen de Propiedad en Condominio.
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“La propiedad en condominio es una alternativa de participación ciudadana democrática dentro de la administración de los espacios de vivienda; no obstante, se ha podido constatar que se han presentado fallas en sus objetivos, pues la gente suele no participar; las unidades están en descuido; se segregan los derechos de los habitantes del espacio a partir de su condición de propietario/arrendado; existen múltiples problemas entre las familias que habitan estos espacios; así como la existencia de querellas dentro de estas unidades a razón de los manejos propios de las cuotas que se exigen a los vecinos”, expuso el legislador por Coyoacán.
Y añadió: “Es por esta razón que, principalmente, el mantenimiento de los espacios públicos, el pago de los servicios requeridos para su correcto funcionamiento se encuentra sometidos a administraciones opacas las cuales merman el buen funcionamiento y la eficiente conducción de los espacios de vivienda existentes en la Ciudad de México”.
La iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Unidades Habitacionales y Régimen Condominal.
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