La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó que Grupo Tomza, del que forma parte la empresa Gas Silza, propietaria de la pipa que explotó el 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, acumula 32 expedientes administrativos, dos de los cuales han derivado en multas que superan los 160 millones de pesos.
“De manera particular en el caso del Grupo Tomza, que obviamente son procedimientos que se van sustanciando y, particularmente dos de ellos ya, Presidenta [Claudia Sheinbaum], informar que hemos multado a la empresa prácticamente un poquito más de 160 millones de pesos”, dijo Armando Ocampo Zambrano, director ejecutivo de la ASEA.
Durante la conferencia mañanera de la Mandataria, el funcionario explicó que las inspecciones a las empresas del sector se realizan de manera permanente, lo que en diversos casos ha derivado en sanciones económicas y clausuras.
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El director detalló que los dos expedientes con sanciones millonarias se encuentran actualmente en proceso de resolución en el Poder Judicial federal.
La explosión de la pipa de Silza en el Puente de la Concordia ha dejado 31 personas fallecidas y decenas de heridos.
Querellas
Ayer, la fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján dio a conocer que hay una sola carpeta de investigación por el caso y se han presentado 75 querellas formales.
Precisó que se tiene a 74 asesores jurídicos por parte de la fiscalía para las víctimas o familiares que han aceptado este apoyo.
Bertha Alcalde dijo que si bien las víctimas tienen derecho a representación jurídica gratuita, también pueden optar por privada.
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“Estamos brindando ese servicio de tal forma que a la hora de la reparación del daño, el monto total de la reparación del daño pueda ir a las familias, y eso es muy importante para nosotros; pero ellos (y) ellas, tienen el derecho también a tener representación privada. Eso no quiere decir que se les vaya a tratar distinto, de ninguna manera, tendrán todos los derechos a estar informados y a tener una comunicación constante con nosotros”.
El miércoles pasado, en la conferencia en Palacio Nacional, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, alertó sobre la presencia de abogados privados que han intentado acercarse a las familias de las víctimas para ofrecerles representación legal a cambio de un porcentaje económico, práctica que, aclaró, no está vinculada con su administración.
“Sí quiero dejar muy claro que hay grupos de abogados que se acercan a los familiares y les ofrecen su apoyo a partir de cierto porcentaje. Nosotros tenemos un equipo de la ciudad con un servidor público asignado a cada una de las víctimas o familiares. Se tienen tres reuniones a la semana de seguimiento jurídico, así que cualquier tema lo atendemos directamente”, enfatizó.
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Este jueves, en conferencia junto a la jefa de Gobierno, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la fiscal indicó que van muy avanzados con la integración de la carpeta de investigación del caso, en el que se tienen identificadas 90 víctimas.
La secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, detalló que hasta este jueves 2 de octubre aún hay 13 personas hospitalizadas tras la explosión de la pipa: cinco están muy graves, una grave, tres delicadas y cuatro son reportadas como estables.