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En 2024, las denuncias por el delito de amenazas presentaron la tasa más alta (por cada 100 mil habitantes) en los últimos 15 años, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), publicada en septiembre pasado por el Inegi.
Durante 2024 hubo una tasa de 6 mil 954 delitos de amenazas, mientras que en 2023 fueron 5 mil 150, lo que representa un aumento de 35% en sólo un año.
Al revisar las estadísticas de la encuesta se encontró que en 2010 la tasa fue 2 mil 668; en 2011, de 927; en 2012, de 3 mil 726; en 2013, de 3 mil 31, y en 2014 de 3 mil 267.
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Para 2015 de mil 664; 2016 de 2 mil 332; en 2017 de 3 mil 993; en 2018 de 3 mil 824; en 2019 de 4 mil 242; en 2020 de 4 mil 933; en 2021, de 3 mil 528; en 2022 de 3 mil 401; en 2023 de 5 mil 150 y en 2024 de 6 mil 954. Además, el delito de amenazas presentó la tercera tasa más alta del total de los ilícitos registrados en la ENVIPE durante el año pasado. De la totalidad de crímenes en la Ciudad de México, las amenazas representaron 12.76%, con 6 mil 954 casos de los 54 mil 473 totales.
Esta conducta delictiva estuvo detrás del robo a transeúnte o en transporte público, con una tasa de 11 mil 595, así como del fraude, con 10 mil 640.
Para Juan Pablo Aguirre, experto en seguridad e integrante del Consejo Directivo de la Academia Internacional de Ciencias Político Administrativas y Estudios del Futuro, que el delito de amenazas haya registrado la tasa más alta en todos los años que se ha realizado el estudio es de llamar la atención.
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“Es una cifra muy alarmante que puede llevar a otros delitos, aquí vemos la necesidad de una mayor confianza de los ciudadanos para que puedan denunciar, así como la necesidad de imponer penas y ejercer el Estado de derecho para evitar que crezca este delito que puede llevar a la violencia, lesiones, incluso homicidios; a daños al patrimonio, de negocios o casas, y que sea asociado con la delincuencia organizada”.
Aguirre señaló que la ENVIPE, al ser un estudio realizado en los hogares, ayuda a mostrar los delitos no reportados ante autoridades o la llamada cifra negra del delito, “es decir, las amenazas es un delito que no todas las personas que son víctimas denuncian, en parte, por temor a sufrir represalias”, aseguró.
El experto en seguridad y consultor privado David Saucedo refirió que el alza en las amenazas se debe a su relación con la extorsión.
“El fenómeno de la extorsión (...) se da de manera generalizada tanto por grupos criminales como por personas que están internas en los Centros de Readaptación Social, o bien por pandillas que dicen ser grupo criminal y tratan de obtener un recurso”, explicó y agregó que las amenazas suelen asociarlas con conflictos familiares o vecinales.
Buscan mayores sanciones
La administración capitalina busca endurecer las penas por amenazas en la Ciudad de México, al ser la “antesala” de delitos más violentos, que pueden derivar en lesiones u homicidios, explicó la fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján.
“A veces las amenazas pueden ser la antesala de otro tipo de delitos más violentos, como son las lesiones cometidas, por ejemplo, con arma de fuego u otro tipo armas, y no se diga el homicidio”, dijo.
En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para explicar la reforma al Código Penal que contempla aumentar las sanciones de uno a dos años de prisión —actualmente es de tres meses a un año— a quien cometa amenazas, la fiscal detalló que este delito se agravará en dos terceras partes no sólo en los casos de amenaza de bomba o explosivos, como los recién registrados en instituciones educativas, sino también para amenazas de muerte y con armas, entre otras.
Alcalde dijo que las amenazas son el tercer delito con mayor incidencia en la capital y especificó la legislación actual establece el tipo penal “de manera muy general”, por lo que la propuesta es que haya una regulación más precisa para castigar aquellos actos que infunden miedo en la población.
