Congreso aprueba nuevas agravantes contra el despojo

El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para elevar las penas y actualizar las agravantes por el delito de despojo. Ahora, los responsables podrían pasar hasta 22 años en prisión.

Por unanimidad se avalaron modificaciones al Código Penal, Código Civil, Ley Registral y Ley del Notariado, propuestas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El dictamen aprobado señala que se impondrán de seis a 11 años de prisión, uno más de lo que actualmente ocurre, y multas de 200 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quien cometa el delito de despojo.

Además de la pena señalada, se castigará con hasta 11 años de cárcel cuando el delito se cometa contra mayores de 60 años; cuando participe un servidor público, haya un vínculo de parentesco entre el sujeto pasivo y activo, cuando el sujeto activo simule tener un cargo público, haya suplantación de identidad, cuando participe el titular de una notaría, cuando el despojo se realice en grupo de tres o más personas, se simulen actos de autoridad o se utilice documentación falsa o alterada, y cuando el bien inmueble objeto del despojo sea propiedad del gobierno local.

Brugada Molina había propuesto que una de las agravantes de despojo fuera cuando se trate de un predio declarado Área Natural Protegida, pero los legisladores no lo incluyeron en el dictamen porque este delito ya es castigado.

El dictamen también especifica que se presumirá la mala fe en la posesión de un inmueble cuando ésta derive de un acto jurídico simulado o de un título que el poseedor sabía o debía saber inválido. Así como cuando la posesión derive de un contrato que conste en escritura pública y no se haya inscrito con el fin de obtener un beneficio indebido o perjudicar a un tercero.

La persona notaria será responsable por aquellos actos que asiente en una escritura pública y que, “por negligencia o mala fe en la verificación registral o documental, deriven en despojos de inmuebles”.

La diputada Rosario Morales, de Morena, indicó que, en síntesis, adecuaron el tipo penal a las nuevas realidades sociales, robusteciendo su redacción, ampliando las agravantes, “y la pena hasta por 22 años de prisión, respetando los principios de legalidad, seguridad jurídica y proporcionalidad”.

Pablo Trejo, del PRD, sostuvo que esta reforma amplía y actualiza el tipo penal de despojo para perseguir las nuevas formas de este delito con apariencia de legalidad. Además, refuerza la actuación del Registro Público y de las notarías, quienes deberán verificar la legalidad de los actos que autorizan.

Jannete Guerrero, del PT, argumentó que el despojo es más que un delito patrimonial, “es una herida profunda a la dignidad de las personas, significa arrebatarle su hogar, su espacio vital y su tranquilidad. Este Congreso no podía permanecer indiferente ante una problemática tan extendida y dolorosa”.

Diego Garrido, del PAN, detalló que se cometen 12 despojos al día en la ciudad, “una cifra tremenda de inmuebles que están siendo ocupados en este momento por alguien que no es su dueño”, por lo que celebró estas reformas, y recalcó que su partido siempre estará a favor de la propiedad privada.

Víctor Romo, de Morena, aseveró que no sólo endurecen las penas hasta 22 años de prisión, “sino que establecemos mecanismos para proteger zonas ecológicas patrimoniales y evitamos abusos de cargos públicos o notariales”.