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Las comisiones unidas de Transparencia y la de Rendición de Cuentas del Congreso local aprobaron el nombramiento de Nashieli Ramírez como titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
Con 14 votos a favor y cero en contra se avaló el nombramiento de la todavía presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).
El presidente de la Comisión de Transparencia, Víctor Hugo Romo, indicó que enviarán el dictamen a la Mesa Directiva para que pueda ser aprobado por el pleno el próximo martes.
“Se designa a la ciudadana Nashieli Ramírez Hernández como titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México para el periodo que comprende del 7 de octubre de 2025 al 6 de octubre del año 2031”, señala el dictamen.
Nashieli Ramírez fue quien obtuvo la mayor calificación durante las entrevistas a los tres aspirantes realizadas el miércoles.
Alcanzó 926 puntos, muy por detrás quedaron Elena Ramos Arteaga, con 728 puntos, y Misael Martínez Vielma, con 680.
“En virtud de lo anteriormente expuesto, las diputadas y los diputados integrantes de estas comisiones dictaminadoras constataron que la C. Nashieli Ramírez Hernández cumple con los requisitos previstos en la normativa aplicable y acredita competencias profesionales y la experiencia idónea para el desempeño del cargo”, añade el dictamen.
Hace una semana, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, había enviado la terna de candidatos a la Secretaría de la Contraloría.
En agosto, los diputados locales aprobaron un dictamen para flexibilizar los requisitos para ser contralor. Antes se pedía un título profesional con antigüedad mínima de 10 años, pero ahora ya no importa la antigüedad.
Durante su entrevista ante diputados locales este miércoles 1 de octubre, Ramírez Hernández delineó que su plan de trabajo se enfocará en cinco ejes específicos, los cuales estarán ligados a los derechos humanos.
Detalló que buscará asegurar la legalidad y eficiencia en el ejercicio del gasto público; lucha contra la impunidad; gobierno abierto; Contraloría social y otras formas de participación ciudadana; y desarrollo organizacional y profesionalización dentro de la Secretaría de la Contraloría. Además, planteó hacer una Contraloría ciudadana en donde haya más territorio y menos escritorio.
Comentó que impulsará un banco de datos y de casos sobre prácticas discriminatorias, negligencias estructurales o violaciones a derechos detectados con auditorías, y “así, producir informes temáticos sobre corrupción con impactos diferenciados en mujeres, pueblos originarios, y grupos de atención prioritaria incluso a nivel territorial”.
