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La comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, y la Registral, Notarial y de Tenencia de la Tierra del Congreso de la Ciudad de México aprobaron un dictamen para endurecer las penas contra el delito de despojo.
Este dictamen, aprobado por unanimidad, nació de las iniciativas presentadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y por el diputado panista Diego Garrido para reformar el Código Penal, el Código Civil, la Ley Registral y la Ley del Notariado, todas de la Ciudad de México.
El dictamen establece que el despojo se sancionará con una pena de seis a 11 años de prisión, uno más de lo que actualmente ocurre. Además, habrá nuevas agravantes que aumentarían la sentencia 11 años más como: que el despojo se realice a algún familiar, cuando haya suplantación de identidad, simulación de actos jurídicos, cuando se trate de un predio declarado como Área Natural Protegida, y cuando lo realice un notario.
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Además, se especifica que se presumirá la mala fe en la posesión de un inmueble cuando ésta derive de un acto jurídico simulado o de un título que el poseedor sabía o debía saber inválido. También se presumirá la mala fe cuando la posesión derive de un contrato que conste en escritura pública y no se haya inscrito con el fin de obtener un beneficio indebido o perjudicar a un tercero.
Adicionalmente, el dictamen establece que la persona notaria será responsable por aquellos actos que asiente en una escritura pública y que, “por negligencia o mala fe en la verificación registral o documental, deriven en despojos de inmuebles”.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Alberto Martínez Urincho, subrayó que las víctimas de despojo no sólo pierden un bien material, sino que también pueden sufrir consecuencias profundas derivadas de la pérdida violenta de su espacio vital o productivo. En algunas regiones del país, añadió, el delito de despojo es cometido de manera sistemática por redes delictivas organizadas, muchas veces coludidas con autoridades, notarios o servidores públicos, quienes utilizan la violencia, documentos falsos o vacíos legales para apropiarse de los inmuebles.
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“El fortalecimiento del marco penal en torno al despojo también aporta certeza jurídica al mercado de bienes raíces, ya que la posibilidad de ser víctima de un despojo desincentiva la inversión, afecta al crecimiento urbano ordenado y limita el desarrollo económico, por lo que resulta necesario fortalecer la eficacia frente a la atención del delito de despojo, reforzando el papel del Estado como garante de la legalidad y pacificador de controversias, evitando que esos conflictos escalen a conflictos personales o comunitarios que puedan derivar en enfrentamientos, violencia física, o justicia por propia mano”, aseveró.
Añadió que el despojo es un delito que requiere acción colectiva, atención constante y compromiso firme de las instituciones y de toda la sociedad, “las cuales deben trabajar para abordar esta problemática y proteger los derechos de propiedad de las ciudadanas y ciudadanos”.
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