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Cuautitlán Izcalli, Méx.— La donación de un predio de más de dos hectáreas para el programa del gobierno federal Viviendas del Bienestar podría ocasionar que se construyan más casas en una zona en la que existen riesgos geológicos, químicos y sanitarios, al estar ubicado cerca de dos basureros, y por ubicarse en un polígono que forma parte del Área Natural Protegida Santuario Lago de Guadalupe.
Jorge Arzave es defensor de los derechos humanos e integrante de la Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia RENACER y desde hace más de 18 años ha emprendido una batalla jurídica para exigir el derecho al medio ambiente sano y el derecho a la salud, entre otros, debido a que se han documentado enfermedades en la población que habita en Lomas de Cuautitlán y San Francisco Tepojaco, entre otras comunidades.
En entrevista, Arzave sostuvo que en la región se vive una emergencia sanitaria “por el envenenamiento con basura y otras sustancias altamente tóxicas. La cercanía con los basureros Bicentenario Tersa del Golfo y San José Huilango ha provocado daños a la salud de la población, de los que existen determinaciones judiciales”.
Lo anterior, dijo, también tiene un impacto en el predio donado esta semana por el ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, el cual se ubica a un costado del conjunto Bungalows, que tiene una distancia de apenas 1.2 kilómetros al tiradero a cielo abierto Bicentenario Tersa del Golfo.
“Como lo mencionó la Presidenta de la República en sus informes sobre la actual emergencia nacional los ayuntamientos tienen que actualizar los Atlas de Riesgo, lo que no ha sucedido en el caso de Cuautitlán Izcalli, puntualizó Jorge Arzave.
Del amparo que interpuso, el defensor de derechos humanos sostuvo que la autoridad municipal está obligada a realizar estudios para determinar obras de infraestructura que ayuden a mitigar el riesgo a que están expuestas las personas de esas comunidades e, incluso, a formular un plan y determinar cuáles de ellos deben ser reubicados.
“De cumplirse la ley y la sentencia de amparo la actualización del Atlas de Riesgo debería de cambiar la toma de decisiones de la Conavi (Comisión Nacional de Vivienda, a cargo del proyecto de Viviendas del Bienestar”, explicó Jorge Arzave.
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