A Gerardo lo golpearon 40 veces con el costado de un machete por negarse a ejecutar un trabajo que ya había sido pagado por líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Debía matar a su padre.

“Eran como 6 mil 500 pesos de anticipo por ese trabajo, pero no sabía cuál era hasta cuando me enseñaron la foto de la persona, y me di cuenta que era mi papá”, relata con el espanto encima.

Es un hombre que atraviesa su tercera década de vida. Moreno. No deja de temblar. Teme que el cártel venga por él. Aun así, baja su pantalón para mostrar las heridas: los glúteos lastimados, pelados. Dice que comenzó a trabajar para la estructura delictiva con el objetivo de que lo ayudaran a encontrar a su hija secuestrada. La halló viva y violada.

Me encuentro dentro de uno de los cientos de centros de rehabilitación de adicciones de Jalisco; uno de los miles de México que también llaman anexos.

Gerardo formó parte del cártel y después fue perseguido por él. Cuando se enteró de que la persona a eliminar era su padre ya no tenía el dinero para devolver el pago.

El director del centro, el “padrino”, intercedió por él ante el cártel: pagó el dinero que debía y pidió por la vida de su papá. “Aquí me curaron, me dieron toda la atención que ocupé para recuperarme”, dice Gerardo.

No dejo de pensar si contar su historia lo pone en peligro. Le pregunto directamente y Gerardo dice que no: “así como yo hay muchos”.

Buena parte de los nombres de las personas que aparecen en este texto fueron modificados para disminuir el riesgo de represalias en su contra. También hubo casos en que se omitieron rasgos característicos y sitios que pudieran identificarlas.

Según cuentan en este lugar, hace décadas comenzaron a llegar personas sin hogar a los grupos de Alcohólicos Anónimos y les daban cobijo en un cuarto anexo al edificio. Eso dio origen al término. Hoy se utiliza de forma estigmatizante para identificar a los sitios con las peores prácticas.

En un centro de rehabilitación en Jalisco, Gerardo muestra las heridas que le provocó el Cártel Jalisco Nueva Generación. Internos limpian los chiles que comerán. Los baños casi no tienen objetos para evitar suicidios.
Fotos: Gabriel Pano

Son pocas cosas las que se pueden decir de este inmueble sin exponerlo. Aquí permea un fuerte olor a residuos orgánicos y hay un área de visitas al aire libre colmada de mantras motivacionales escritos en las paredes. Se trata de seguir adelante. El dormitorio es un cuarto de techo de lámina y piso de cemento con una decena de literas de hierro de tres niveles. A lo lejos se ven muchachos concentrados en limpiar verduras dañadas que les dona el mercado municipal.

“Todo esto lo levantaron los internos”, dice orgulloso el director.

Los baños no tienen puertas ni cortinas. Explica que mientras menos artefactos haya es mejor porque ya ha habido intentos de suicidio.

Jalisco es el estado con más desapariciones en México y actualmente registra más de 15 mil personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Es, también, el que le da nombre al cártel más poderoso de México, el único que tiene presencia en todos los estados del país, según informes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Es su fortaleza.

En este centro de internamiento también se halla Arturo, un joven que pasa sus 20 y que no recuerda una actividad económica en su vida que no esté vinculada al crimen. “Desde chico mi papá robaba carros”, comenta. Antes de llegar aquí estaba encargado de enterrar cadáveres en fosas clandestinas y eso lo atormentaba: “me taladraba la cabeza; me drogaba y recordaba a las personas porque llegué a ver las caras de expresión con las que se quedaban”.

Pero Arturo cometió un error dentro del mundo criminal. Le contó su ocupación a un amigo y éste corrió la voz en el pueblo donde vivían. “Me dieron una caja, una pipa, cristal y una carta que decía que me relajara y que ya no anduviera de soplón; a los tres días mataron a mi amigo”. El cártel comenzó a buscarlo para matarlo a él también. Huyó del pueblo. Le daba miedo terminar muerto y descuartizado, como las personas que le llevaban en bolsas para enterrar: “ya me encuentro bien, ya no me duele la cabeza”.

El director del centro de rehabilitación relata que hay ocasiones en que gente del Cártel Jalisco le pregunta si está dispuesto a recibir jóvenes con adicciones que trabajan para la estructura criminal; de lo contrario los van a matar. “Estamos trabajando con el tejido social podrido… con los que ya nadie quiere, ni el narco”.

En la foto superior, Alfonso, joven de 16 años desmovilizado del crimen organizado, posa frente a una figura de José Sánchez del Río, el Niño Cristero, santo de los perseguidos. En la segunda foto, internos de este centro de rehabilitación para menores reciben catecismo.
Fotos: Gabriel Pano

Una estatua de José Sánchez del Río, el Niño Cristero, recibe a quienes atraviesan las puertas del lugar. Según la fe católica, fue un mártir de 13 años de la Guerra Cristera, un conflicto armado entre la Iglesia católica y el gobierno mexicano en la década de 1920. Uno de los focos del levantamiento fue el estado de Jalisco. Es el santo de los perseguidos. Este es un centro de rehabilitación exclusivo para menores de edad. Una casa grande con jardín al frente. En la parte trasera se encuentra una bodega adaptada como espacio común para el juego, la hora de la comida, el catecismo y las charlas con psicólogos. Las instalaciones son sencillas y están limpias.

En este lugar, que alberga a decenas de personas, charlo con Juan, un joven que probó por primera vez la metanfetamina a los 11 años, cuando asesinaron a su hermano como un acto de venganza contra su padre.

“Cuando lo vi ahí tirado, dije: pues como que no sirve de nada estar bien”.

Juan continuó con el consumo de cristal, como se conoce a la metanfetamina, y a los 15 años se enfiló en el cártel. Se dedicaba a la extorsión.

“Con el cristal ves la vida diferente, muy apagada. Yo nomás quería estar encerrado. Puedes ser un niño sonriente y te puede matar esa sonrisa. La droga te hace hacer muchas cosas”, asegura.

Una de esas cosas fue concretar la vendetta contra el asesino de su hermano: “agarré power y dije: pues de una vez me la cobro. Pedí permiso, porque pa’ matar ocupas tener un permiso del cártel. Y ese fue mi primer homicidio”.

El joven que ahora tiene 17 años ha ingresado y abandonado varias veces los centros de tratamiento y la criminalidad. Siempre ha recaído.

“Aquí nos festejan el día del niño; son momentos que allá afuera nunca disfruté. Es una oportunidad de vida, porque en mi caso tengo muchos problemas con la Fiscalía”.

Cuando salió de su último proceso de desintoxicación no tenía para comer. “Dije: no, ya no voy a batallar. Y, pues me enredé en todo eso otra vez. Toda mi vida estuve involucrado”.

Hoy vive un nuevo impulso por el nacimiento de una niña.

“Imagínese mi hija, me matan a mí y mi hija cae al vicio por… no mames, mi papá no creció conmigo”.

El año pasado, 5 mil 693 menores de 18 años en México requirieron servicios de centros de rehabilitación, de acuerdo con datos entregados tras una petición de transparencia realizada para este trabajo.

Alfonso es otro de los adolescentes que se encuentran en este lugar y tiene claro que es huérfano por feminicidio. Su historia está marcada por una serie de tragedias. Su padre golpeaba frecuentemente a su madre.

“Ella se perdió en las drogas por la tristeza que mi papá le dejó. Fue a los cinco años que yo empezaba a ver cómo mi mamá se drogaba; de chiquito yo tenía miedo”.

Cuando él tenía ocho años su madre desapareció y supo de ella nuevamente cuando se enteró de su muerte por unas fotos publicadas en un portal de noticias.

“Vimos una bolsa negra con un cuerpo adentro y una mano de fuera que tenía un tatuaje que decía Alfonso y una rosa. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que era mi mamá”.

El joven es delgado, moreno y articulado al hablar. Se encuentra desmovilizado de las filas del crimen. Como Juan, Alfonso probó una droga más fuerte cuando asesinaron a su hermano. Él usó la cocaína en piedra, el crack. A los 14 años fue reclutado por el cártel para ir a la sierra y “hacer limpia”, trasladar droga y “levantar” personas, como se le llama a la privación ilegal de la libertad.

“Yo me metí más por la tristeza, porque extrañaba mucho a mi mamá, a mi hermano”.

En los últimos 15 años se duplicó el número de personas que solicitaron atención en los centros de rehabilitación por adicciones no gubernamentales, de acuerdo con información del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (Sisvea) de la Secretaría de Salud del gobierno federal. La cifra pasó de 58 mil 994 en 2010 a 119 mil 439 en 2024. En contraste con la demanda de tratamiento, sólo hay 30 centros gubernamentales de internamiento para las adicciones, de acuerdo con el Directorio de Establecimientos Especializados en el Tratamiento de las Adicciones en México, reconocidos por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama).

En el país también existen 322 Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones de la Conasama que dan atención a personas con consumo problemático de sustancias, pero no reportan tener capacidad de internamiento.

La necesidad de atención rebasa por mucho la capacidad oficial. Mientras la Conasama reconoce 160 centros de tratamiento privados contra las adicciones en el país, en esta investigación se pudieron rastrear 4 mil 297. Es la primera ocasión que se conoce este dato.

De la cifra total, 2 mil 969 tienen algún grado de regularización ante las autoridades sanitarias locales y cédulas de supervisión; 819 son totalmente irregulares, al no contar, por ejemplo, con aviso de funcionamiento ni cumplir con el mínimo de la normatividad oficial de adicciones, y 509 tienen registro estatal a través de un programa local de reconocimiento.

La cifra se construyó tras la petición de mil 149 solicitudes de información a las secretarías de salud y comisiones de salud mental y adicciones locales en los 32 estados de la República. En realidad, no existe un esfuerzo oficial nacional para censar y vigilar los miles de centros de rehabilitación privados que no forman parte del escaso directorio federal. Y a pesar de que son los establecimientos que cargan la mayor demanda de atención por consumo problemático de sustancias, son pocos los estados que tienen un programa de reconocimiento estatal.

De las 32 entidades federativas, 27 entregaron información no homologada de su clasificación de centro irregular. Dos estados, Aguascalientes y Morelos, sólo dieron información de los centros regulares. Michoacán no informó a causa de un supuesto incendio ocurrido en las instalaciones de su autoridad sanitaria. Nuevo León argumentó no tener capacidad para entregar la información solicitada y Quintana Roo respondió que no cuenta con información al respecto.

También se entrevistó a funcionarios de las dependencias para agrupar y elaborar una clasificación propia. La recopilación de la información entregada por las autoridades estatales integra un compendio nacional inédito revelado en este trabajo.

Usuarios de un centro de rehabilitación en Jalisco viven apretados ante la gran demanda de atención, pero dicen sentirse mejor que en otros establecimientos donde hay violaciones a derechos humanos. El director sonríe para la foto.
Fotos: Gabriel Pano

No en todos los centros contra las adicciones hay buenos tratos. Pedro lo vivió durante el año que estuvo en un centro donde abundaban los golpes y “aplicaciones”, un eufemismo para referirse a los castigos diversos, como permanecer de pie durante semanas con derecho a media hora de sueño al día, colocar las rodillas sobre corcholatas de refresco o la prohibición de visitas.

“Había unos botes de esos de las latas de los chiles; ahí orinábamos y, a veces, defecábamos en el mismo. Y a veces nomás lo enjuagábamos y ahí mismo comíamos”, evoca el joven que empezó a consumir drogas a los 14 años tras un intento de suicidio.

Este es el cuarto centro de tratamiento que visito en Jalisco, una casa de dos pisos un tanto pequeña para los 50 varones que la habitan, pero donde dicen sentirse cómodos. Asisto a la junta vespertina que se realiza diariamente en el patio del lugar. Al centro se ve una mesa de madera con una campana dorada que es agitada cada que un interno excede su tiempo de intervención o se altera.

–“Permiso para levantarme” –dice uno de ellos.

–“¡Ánimo!” –responden los demás.

Parte importante de la dinámica es que cada uno cuente su experiencia, que saque lo que lleva dentro. Y lo hacen: recuerdan golpes, torturas, castigos, hacinamientos, ingesta de alimentos podridos, enfermedades desatendidas.

Gerardo Miguel tiene 22 años, y desde los 16 ha estado en centros de rehabilitación. Recuerda que en uno sólo comían sopa de pasta de codito y tortillas echadas a perder. Si rompían alguna regla eran arrodillados en posición de antena, con los brazos levantados al cielo o esposados a una puerta durante días, completamente desnudos.

Fabián, un hombre de 30 años con charla respetuosa y fluida, cuenta que en un centro de internamiento lo tablearon, como se conoce a los golpes con maderas duras en las piernas, glúteos y espalda, y observó el asesinato de una persona. En ese lugar, asegura mientras los demás jóvenes escuchan y asienten, los padrinos se “adueñaban” sexualmente de las mujeres usuarias, y los internos que las veían o hablaban con ellas eran castigados.

“¿Cómo vas a recuperarte si en vez de ayudarte te siguen violentando tus derechos humanos?”, cuestiona Fabián. “Siguen reprimiendo tus emociones; quieren como anular lo que sientes”.

El primer registro oficial de violaciones a derechos humanos en centros de rehabilitación data de 2004, cuando la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit intervino en un caso de homicidio en un centro privado y concluyó que el Estado violó derechos humanos al omitir la vigilancia sanitaria del establecimiento. Desde entonces se han acumulado 439 quejas por violaciones a derechos humanos que involucran a centros de rehabilitación, según la información entregada por las defensorías de 20 estados de la República y obtenida vía ley de transparencia para este texto.

Las quejas suelen ser presentadas contra las autoridades responsables de investigar o atender vejaciones en los centros, como las fiscalías y las secretarías de salud locales, pero las víctimas también se acercan a las comisiones estatales de derechos humanos para buscar orientación contra particulares.

Después de escuchar a estos jóvenes me traslado a un nuevo centro contra las adicciones, uno exclusivo para mujeres. Charlo con nueve usuarias del lugar, con edades que van de los 14 a los 60 años. La tarde transcurre tranquila, entre paredes rosas, una pequeña perrita llamada Canela que persigue pájaros, una iguana y un loro al que le enseñan a hablar porque antes vivió con una persona sorda. Las altas temperaturas, que alcanzaron los 40 grados en el día, comienzan a ceder hacia las 5 de la tarde, cuando platicamos en una amplia terraza que tiene un mural y un horno para hacer pizzas en días especiales, como los cumpleaños.

Las usuarias de este centro de rehabilitación de Jalisco cuentan que sufren un doble estigma al tener un consumo problemático de sustancias y ser mujeres.
Fotos: Gabriel Pano

Un tema común en la charla es el abuso sexual en los anteriores sitios de internamiento donde han estado.

“Estuve en un lugar donde nos encaminaban a los padrinos. Nos decían que si queríamos salir a moteles con ellos”, cuenta Jazael, de 25 años. Ella, para librar ciertos castigos, debía tener relaciones sexuales con ellos. Era un centro de hombres y mujeres. “Las golpeaban o les daban de comer a fuerza con embudos amarrados”.

En 2024, dos de cada 10 personas en centros de rehabilitación del país eran mujeres, según la información del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, obtenida vía transparencia para este trabajo. De acuerdo con estadísticas del Colegio Nacional de Consejeros en Prevención de Conductas Antisociales (Conacon), una organización que capacita a directores y personal de centros de rehabilitación, nueve de cada 10 mujeres que ingresan a tratamiento han sido víctimas de abuso sexual antes de ser internadas.

“Es que las mujeres somos etiquetadas de forma diferente que los hombres. Los hombres se drogan y ‘un borrachito’, ‘un marihuano’. Una mujer que se droga es de lo peor”, dice Maru, de 60 años.

Dana cuenta que en un centro donde estuvo internada les aplicaban castigos si le caían mal a la madrina o no hacían lo que ella quería. “A mí me llegó a dar diarrea y no me dejaron ir al baño; me tenían cagada, así, parada”. También narra que hacían trabajo forzado, como armar cigarros o elaborar dulces para venderlos.

De enero de 2015 a abril de 2025 se iniciaron, al menos, 137 carpetas de investigación en México por delitos sexuales en centros de rehabilitación, de acuerdo con la información entregada por fiscalías de 14 estados de la República, vía solicitud de información. Las grandes categorías de estos delitos son violación, abuso sexual, acoso sexual e incluso abuso sexual infantil.

“Nos echaban a los perros para que nos mordieran; había compañeras amarradas. Te ponían a lavar la ropa de las madrinas”, cuenta Rocío, de 37 años, respecto de un centro en el que estuvo. Semanas después, la Fiscalía de Jalisco clausuró el lugar.

Lugar tras lugar, centro tras centro, los jóvenes con los que hablé comentaron que su adicción principal era la metanfetamina, el llamado cristal. Esta droga ilegal está clasificada como Estimulante de Tipo Anfetamínico (ETA) y es parte del mercado de las drogas sintéticas que se expanden con velocidad, según se lee en el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito.

Los mayores mercados de la metanfetamina son Norteamérica, Asia Oriental y Asia Sudoriental.

Mientras que en Estados Unidos y Canadá hay una disminución de las muertes relacionadas con la metanfetamina, en México ocurre lo contrario: hay un aumento en el número de tratamientos por esta sustancia, principalmente en hombres. Nuestro país es el mayor productor de la región.

La molécula de la metanfetamina es un estimulante psicomotor del sistema nervioso central y provoca una gran liberación de dopamina: genera euforia, mejoramiento del estado de ánimo, aumento de energía, disminución de la fatiga y el sueño. Algunos de sus efectos adversos son aumento de la presión sanguínea, sudoración, taquicardia, estados alucinatorios y sensación de persecución.

En un consumo regular, la metanfetamina genera daños neuropsicológicos y alteraciones de la conducta, según un estudio realizado en adolescentes y publicado en la Revista Internacional en Adicciones, una publicación que es parte de los servicios de salud mexicanos. Este uso también se asocia con una mayor incidencia de síntomas psicóticos crónicos: alucinaciones, delirios y discurso alterado. El síndrome de abstinencia a esta droga incluye perturbación del sueño, depresión, ansiedad y discapacidad cognitiva.

La demanda de tratamiento en México por el consumo de las drogas ETA creció cinco veces en los últimos diez años, de acuerdo con el Informe sobre la salud mental y el consumo de sustancias 2024, del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, una oficina gubernamental. En 2013 fue de 9.5%, y en 2023 se situó en 49.1%.

En el documento se explica que las drogas de tipo anfetamínico son el único grupo con una tendencia de demanda de tratamiento al alza en el periodo 2013 - 2023. En todas las demás disminuyó: alcohol, marihuana, cocaína, inhalables, tabaco, alucinógenos y opiáceos.

Este centro de rehabilitación para mujeres en Guanajuato promueve frases para salir adelante. Foto: Valente Rosas

Al este de Jalisco se encuentra Guanajuato, un estado conocido por ser la cuna de la Independencia de México, y hasta hace unos años uno de los de mayor desarrollo económico del país. Esta imagen ha cambiado para mal porque en la última década ha ocupado los primeros lugares en registros de homicidios y desapariciones de personas. Los jóvenes son las víctimas principales y la crisis se agrava en aquellos que tienen un consumo problemático de sustancias. Los centros de rehabilitación del estado están marcados por asesinatos, atentados y masacres.

Rubí sobrevivió a un multihomicidio. Ella estuvo presente en la mayor masacre cometida contra un centro de rehabilitación en México, sucedida el primer día de julio de 2020, cuando hombres armados asesinaron a 27 personas en Irapuato, Guanajuato. Hoy tiene 25 años, un tatuaje que dice “mi vida es un sueño” y otro con el nombre de su hijo. Accede a contar su historia en el centro donde actualmente está internada, perdido a lo largo de una carretera del estado.

Recuerda que el día de la matanza un joven arribó al centro y mencionó que iba a internar a un familiar. “Yo le dije: No estás solo, aquí tienes ayuda”. Él se rio con sorna y luego miró fijamente las caras de quienes estaban en el lugar; una mirada que aún la atormenta. Minutos después entraron unas personas armadas. “Todas al suelo, hijas de su puta madre”. Rubí fue el primer contacto porque se hallaba en la planta baja del inmueble, con las mujeres, pero a ellas no les dispararon: subieron por los hombres, el verdadero objetivo. Luego, las detonaciones y un charco de sangre.

Un casquillo rozó la mano de Rubí. Ahora muestra la cicatriz y dice que le duele el recuerdo. “Que de un momento para otro puedan llegar unas personas tan crueles a quitarle la vida a un ser humano como si fuera un mosquito”.

La joven estima que había hombres de entre 15 y 30 años entre las víctimas. Los recuerda como personas amables. “A pesar de que a veces uno tenga una adicción, pues lleva una buena persona por dentro”.

Antes de irse, los armados también asesinaron al dueño del lugar.

Las razones del multihomicidio aún no están claras. Hay una versión que apunta a que el hijo del dueño del centro estaba involucrado en el robo a trenes y los sicarios iban por él. Formaron a los internos para interrogarlos uno por uno sobre su paradero y quien no respondía era ejecutado.

“La gente me pregunta por qué me sigo drogando. Cuando yo me drogo me fugo de mi realidad. Me es olvidar momentos que no quiero sentir”, suelta la chica y comienza a llorar. “La gente siempre juzga sin saber a veces lo que uno siente”.

Dos años después de la masacre su hermana menor se suicidó y esto agravó su tristeza y adicción. “Se ahorcó en el baño y la tuve que descolgar”.

En los últimos 16 años, en México se han cometido al menos 25 masacres en centros de rehabilitación, de acuerdo con un recuento hemerográfico realizado para este texto. Sucedieron en los estados de Guanajuato, Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Colima, Baja California, Coahuila, Durango y Sinaloa.

Guanajuato es el estado más golpeado por el asesinato masivo. Según el recuento realizado suma 10 matanzas. Una de ellas sucedió la madrugada del uno de octubre de 2024: un comando asesinó a cinco personas en un centro de rehabilitación de nombre Crad, en Salamanca, secuestró a la dueña, a la encargada del sitio y a otras personas internas. En un lapso de 48 horas, seis cuerpos de las personas sustraídas fueron hallados sin vida, descuartizados y abandonados en distintas zonas de la ciudad, como Cerro Gordo, Valquerrilla, Las Brujas y la Central de Autobuses.

La noticia de este multihomicidio la he leído varias veces en este viaje por Guanajuato. Por eso pregunto a los directores de los centros que contacté si saben de algún sobreviviente con el que pueda charlar. Uno de ellos me refiere un centro donde tal vez se encuentre un chavo. Así llegamos a un nuevo centro de tratamiento del que omitiré el nombre y características. El director tenía razón: allí está un sobreviviente de la masacre de octubre. Un joven de 18 años con los huesos marcados en la piel, cabello al ras, ojos saltones y grandes pestañas. Es difícil que cuente lo que vivió ese día. Se niega. Apenas suelta unas palabras. Dice que ese día salió por churros y diez minutos después, cuando regresó, la masacre y el secuestro ya habían ocurrido. Sólo vio cómo todos salían corriendo del centro.

Argelia era la directora, una joven de 25 años y madre de un hijo de seis a la que recuerdan amorosa.

“Ella me metió a estudiar la secundaria”, cuenta el joven sobre Argelia, que lo acogió como un hijo. “Era una muy buena persona, no le gustaba ver a las demás personas mal… trataba de quitarse el taco para nosotros”.

La versión oficial asegura que la masacre sucedió por un “ajuste de cuentas” entre grupos criminales. Sin embargo, las personas internas y los directores de los otros centros de rehabilitación dudan de ese motivo porque eran jóvenes que buscaban dejar atrás una adicción.

Entre las personas muertas estaban “La Güera”, una madre soltera que se encargaba del centro y vendía dulces; “El Caballero”, de oficio taquero; “El Tío Paco”, un guardia de seguridad que no estaba internado, sólo asistía a las juntas, y que fue descuartizado; César, un albañil de oficio que vivía en las calles y tenía severos problemas mentales, y el cuidador de una granja, cuyo nombre no recuerdan las personas con las que platiqué.

Vincular a las personas adictas con el crimen organizado no es algo atípico en México, sobre todo en zonas de alta criminalidad como Salamanca, Guanajuato, un territorio disputado por tres fuertes estructuras criminales: el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel de Sinaloa.

“Yo siento que más fue como un ataque de terrorismo, como para sembrar terror en la ciudad”, dice uno de los directores entrevistados.

“¿Ha visto la película El infierno? Así es aquí: colgados, descuartizados por todos lados”, abunda otra de las personas entrevistadas que hace referencia a ese filme de Luis Estrada, que aborda el narcotráfico mexicano con crudeza.

Ellos tienen un poder que no te imaginas… estamos bajo su ley, no del gobierno”.

Patricia y Pablo son madre y hermano de José Daniel Rodríguez Barrientos, joven asesinado en un centro de rehabilitación en Silao, Guanajuato. Pablo lleva el rostro y apodo de su hermano tatuados en la cabeza.
Fotos: Valente Rosas.

Poca gente conoce lo que realmente sucede en un centro de rehabilitación. Son esos sitios donde nadie quiere caer y, el que cae, regularmente no quiere volver. Es verdad que hay historias de internos que salen adelante, se rehabilitan y cambian sus vidas para siempre, pero también existen otras que cumplen todos los requisitos de lo que no debe ocurrir. En un centro ubicado en Silao, a unos 60 kilómetros al norte de Salamanca, sucedió un crimen que aún no tiene justicia completa, al menos no desde la mirada de la familia de José Daniel.

El joven de 26 años, padre de un niño de seis, fue asesinado el 21 de diciembre de 2023, la misma noche en que fue internado por su madre, Patricia. Había consumido metanfetaminas, eso alteró su comportamiento, y fue detenido por la policía. Después de un día encerrado en los separos, su madre tomó la decisión de llevarlo nuevamente a un centro de rehabilitación. Llevaba cinco años con entradas y salidas.

“No teníamos para pagar otro lugar y ahí cobraban 300 pesos (por semana; unos 15 dólares)”, dice su madre, que trabaja limpiando casas.

Unas horas después de que Patricia dejó a su hijo en el centro “La buena voluntad”, tocaron la puerta de su casa para informarle que el muchacho había muerto por una supuesta caída en el baño.

La realidad era otra: hacia las tres de la mañana, el joven fue golpeado y violado con un palo.

“Murió de una broncoaspiración secundaria a múltiples traumatismos”, se lee en el expediente. Por alguna razón, aún traía las esposas con las que salió del encierro oficial unas horas antes.

En el expediente del que se tiene una copia, testigos narran que personas encargadas del centro llevaron a José Daniel al baño. Luego, escucharon gritos y golpes. Al asomarse vieron el palo con el que lo violaron. Después, los agresores le ordenaron a uno de los internos que lo vigilara. El interno notó que Daniel estaba muy débil y le costaba respirar. Y aunque advirtió a los encargados lo que sucedía, nadie lo llevó a recibir atención médica.

La señora Patricia quiere que el centro se responsabilice por negligencia: “yo se lo llevé para que se recuperara, no para que me lo mataran”. A pesar de su testimonio, en el expediente del caso no aparece que la Fiscalía local haya abierto alguna línea de investigación en contra del centro.

Al preguntar a otros directores por la situación actual del propietario del sitio, dijeron que estaba a punto de emprender un nuevo establecimiento.

En México se han abierto, al menos, mil 239 carpetas de investigación por delitos sucedidos al interior de centros de rehabilitación, de acuerdo con información entregada por 14 de los 32 estados de la República. Los otros 18 no entregaron la información. El registro más antiguo data de 2007. Los estados con más carpetas integradas son Guanajuato y Querétaro, con 56 cada uno.

Estados Unidos inició en 1971 la llamada Guerra contra las Drogas, la cual “ha destruido innumerables vidas y dañado comunidades enteras”, según afirmó en un comunicado en 2024 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En México las consecuencias no han sido distintas. Desde que en 2006 se inició la llamada “guerra contra el narco”, impulsada por el entonces presidente Felipe Calderón, un político emanado del partido de derecha PAN, la violencia no ha cejado. El enfoque militarista y punitivo se ha impuesto sobre el de salud y preventivo; los cárteles se han fortalecido y las muertes se incrementaron sustancialmente. Mientras que en 2004 hubo 9 mil 921 personas asesinadas, en 2014 se alcanzaron las 20 mil 10 y, para 2024, 33 mil 550, de acuerdo con las estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Una tercera parte de las personas asesinadas ese último año fueron jóvenes de 15 a 29 años. Son ellos la pólvora de la guerra.

México dejó de ser un país prioritariamente de producción y tránsito para aumentar su mercado de consumo interno. Los datos muestran que la demanda de tratamiento por adicciones ha crecido 102% en los últimos 10 años, y 410% específicamente por drogas de tipo anfetamínico. Y a pesar de esto, el gobierno carece de una efectiva política de prevención de la violencia y adicciones.

En los últimos diez años, el presupuesto público ejercido en el programa de prevención y atención contra las adicciones disminuyó 19%, de acuerdo con un análisis de la Cuenta Pública realizado para esta investigación. Fue de 2 mil 12 millones de pesos en 2014, y en 2024, de mil 632 millones de pesos. Esto representó el 2.4% del presupuesto destinado a la salud en México.

Pero en este país no sólo se le dedica poco dinero y atención a los jóvenes; también se les estigmatiza desde lo más alto de la política oficial.

En 2010, por ejemplo, sucedió una masacre de 15 jóvenes en la colonia Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Tras el multihomicidio creció la indignación social en un momento de alta sensación de inseguridad pública. Las víctimas eran estudiantes que simplemente se divertían en una fiesta. Sin embargo, el expresidente Calderón dijo que se trataba de un ajuste entre “pandillas”. Días después tuvo que ofrecer disculpas.

En el gobierno de Enrique Peña Nieto, un político que llegó a la presidencia por el histórico PRI, partido marcado por escándalos de corrupción y autodefinido en el centro político ideológico, ocurrió uno de los casos más emblemáticos de violencia extrema contra la juventud: la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.

En la versión oficial de la investigación, a la que el gobierno federal llamó “la verdad histórica”, y que fue filtrada con intensidad a medios de información, se afirmó que los camiones en los que viajaban los jóvenes transportaban droga y que uno de los estudiantes era parte del crimen organizado.

En diciembre de 2023 se perpetró la matanza de seis jóvenes en Celaya, Guanajuato. A los días, el entonces presidente emanado de Morena, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, afirmó sobre el multihomicidio: “es un asunto que tiene que ver con el consumo” de droga.

La investigación apenas se iniciaba.

Alejandro y Roberto fueron sustraídos de centros de rehabilitación de Mazatlán, Sinaloa. Una de las fotos corresponde al último día que la madre de Alejandro vio a su hijo, unas horas antes de su desaparición.
Fotos: Cortesía.

Las madres no saben qué facción del Cártel de Sinaloa se ha llevado a sus hijos de los centros de rehabilitación de Mazatlán, un próspero destino turístico antes de ser alcanzado por la guerra intestina del grupo criminal que tomó el nombre del estado y que desde septiembre de 2024 ha dejado más de mil 800 asesinatos, según datos oficiales, y más de tres mil personas desaparecidas, de acuerdo con el colectivo de madres buscadoras Sabuesas Guerreras. Ellas sólo tienen la certeza de que sus hijos no se han ido “por voluntad propia”, como sostiene el gobierno, pues conocen a sus hijos.

De octubre de 2024 a abril de 2025 se iniciaron 10 carpetas de investigación por delitos relacionados con la sustracción de personas internas por parte de grupos armados en centros de rehabilitación, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa obtenida vía transparencia. En total, 50 personas permanecen no localizadas. En el mismo periodo, y de acuerdo con la prensa local, en al menos 15 centros de rehabilitación del estado ha habido multihomicidios, atentados y reclutamientos.

Rosalba, madre de Alejandro Trujillo, cuenta que visitó a su hijo interno en el centro Salva tu vida unas horas antes de que se lo llevara un comando. Lo vio alegre y recuperado. “Mira qué guapo estás”, le dijo al treintañero. “Los ojos más bellos que haya visto”, recuerda su madre. En cinco días dejaría el internamiento y regresaría a casa.

Pero algo no estuvo bien aquella vez que Rosalba vio a su hijo. Lo notó desesperado por irse. Le confió haber escuchado que el dueño del lugar estaba involucrado en el crimen. "Ya nos están contando lo que está pasando afuera, madre”, le dijo. “Si viene gente aquí, ¿qué va a ser de nosotros? Nadie nos cuida, no hay policías”. Mientras la visita ocurría, un joven los vigilaba intranquilo. No dejaba de mover las manos y los pies. Rosalba sentía que les leía los labios.

Esa noche recibió una llamada del dueño del centro. "Lo siento mucho, Rosalba. Llegó un grupo armado y se llevó a tu hijo”. Ella exigió que le dijera qué había hecho con Alejandro. “Mi hijo no es un sicario”, le respondió. Llamó a la policía, pero nunca llegó al sitio donde fue sustraído. Se enteró por los vecinos del lugar que a Alejandro se lo llevaron a rastras y a golpes, mientras gritaba “por favor, no”.

Más tarde, y al entrar en contacto con un colectivo de madres, Rosalba se enteró que otros dos jóvenes que habían estado internados en el mismo centro fueron secuestrados por el crimen. Las señoras afirman que el dueño los entregó.

El Ministerio Público se negó a buscar a su hijo. Asentó en el expediente del caso que Alejandro se “ausentó”, no que fue un secuestro.

Pues sí, eso está pasando… se los están llevando porque los ocupan”, recuerda Rosalba que le dijo el ministerio público.

Rosalba pidió ayuda al entonces alcalde de Mazatlán, Edgar González Velarde, y le contó al político que Alejandro, un joven con un hijo de cinco años y el sueño de ser marino, estaba recuperándose de su adicción a la metanfetamina. El presidente municipal, afirma la señora, le respondió con una pregunta: “¿Cuántos dientes le faltan a su hijo? Sé que a los drogadictos les faltan muchos dientes”.

Rosalba entendió que, para el alcalde, su hijo no merecía ser buscado.

Unos meses después, el 9 de diciembre de 2024, al menos 16 jóvenes fueron sustraídos del centro de rehabilitación Pertenecer, de nuevo en Mazatlán, y de nuevo la tragedia. Hacia las dos de la tarde, Mónica Zazueta recibió una llamada de Sergio Aguirre, dueño del centro. Le dijo que un comando llegó al lugar, que les ofreció trabajo en el crimen organizado y que su hijo Roberto lo tomó por voluntad propia.

La madre recuerda que el ministerio público le dijo que no entendía por qué las familias reclamaban tanto, si “al cabo eran unos adictos”, y la Fiscalía sólo tomó en cuenta la declaración del dueño del centro.

Mónica asegura que uno de los jóvenes secuestrados regresó herido del sitio de reclutamiento, pero la Fiscalía no ha indagado a pesar de tener un testigo.

El caso escaló a los medios de comunicación y el secretario de Seguridad Pública estatal de entonces, Gerardo Mérida Sánchez, declaró que los jóvenes se habían ido por voluntad propia y citó sólo lo dicho por el dueño del centro de rehabilitación, no por las madres como Mónica. “Ahora sí que cuando es voluntario, nomás se toma nota”, dijo Mérida. Asunto cerrado.

El 11 de diciembre, la fiscal de Sinaloa, Zulema Sánchez Kondo, dijo que 31 personas se habían ido de manera voluntaria de los centros de rehabilitación de drogas de Mazatlán.

Desde entonces se desconoce el paradero de los jóvenes que entraron a rehabilitarse a los centros del estado y fueron sustraídos por grupos armados del Cártel de Sinaloa, entre ellos Permanecer y Salva tu vida.

Mónica se aferra a la memoria de su hijo, y sigue adelante: “Yo me hago con la idea de que un día lo voy a ver, siento que está vivo y que todavía, si yo estoy viva, es porque quiere Dios que vea mi hijo”.

*Los nombres de Gerardo, Arturo, Juan, Alfonso y Rubí fueron cambiados para mantener su seguridad.

*El título de este reportaje está inspirado en el poema Los Nadies, de Eduardo Galeano.