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Cuernavaca.- Esta madrugada una juez federal vinculó a proceso al exrector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, por el delito de delincuencia organizada, con fines de llevar a cabo el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero al mismo tiempo determinó no vincularlo a proceso por lo que hace a ese delito de lavado de dinero.
El abogado defensor Julio Hernández Barros consideró que el resolutivo de la juez resulta contradictorio porque “si no hay lavado de dinero, cómo puede haber una asociación para cometer el delito de lavado de dinero”.
Con ese acuerdo de la juez federal, el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) permanecerá en prisión preventiva en el penal del Altiplano, Estado de México, luego de su captura el viernes de la semana pasada por el presunto desvío de 77 millones de pesos, dirigidos, de acuerdo con la investigación, para el levantamiento de encuestas como parte del programa “Cruzada contra el hambre”, en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
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El proceso contra el académico está relacionado con unos contratos que celebró la UAEM con la Sedesol para realizar encuestas a los ciudadanos, dentro del programa federal, cuyo presunto desvío de recursos llevó a prisión a la exsecretaria de la dependencia, Rosario Robles Berlanga; Julio Hernández también fue su abogado y obtuvo su libertad mediante recursos de amparo.
El fallo contra el exrector morelense sorprendió al abogado defensor porque, dijo, la juez desestimó un caudal probatorio que exhibió en la audiencia, en el que destaca precisamente que el contrato de los 77 millones de pesos, motivo de la denuncia, no fue suscrito por Alejandro Vera, “no hay ninguna prueba que indique que él haya ordenado o que alguien cumpliendo alguna instrucción de él, hubiera suscrito ese contrato”, dijo.
Explicó que ese faltante de los 77 millones de pesos lo combatieron mediante un proceso administrativo en la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF), y con argumentos y pruebas demostraron no hay motivo para acreditar alguna falta administrativa a Alejandro Vera, y que por lo tanto no existen las condiciones para poderlo sancionar por alguna cuestión administrativa.
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Sin embargo, dijo, en el proceso todas las auditorías que determinan el faltante y la falta administrativa, son consideradas para vincularlo a proceso por el delito de delincuencia organizada, aunque la resolución de la ASF dice que esas auditorías no son concluyentes y que no se no se determina que haya habido un daño para la tesorería de la Federación; nada de eso fue tomado en cuenta por la juez.
El abogado explicó que durante el proceso también exhibió las resoluciones de amparo definitivas de tres personas en donde el juez de amparo determinó que no se cumplen con los requisitos de los elementos del delito, ni de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ni de delincuencia organizada, entre ellos a quien la propia Fiscalía señala como la líder o la supuesta líder de la banda delictiva.
Hernández Barros se refirió a Rosario Robles, sin mencionar su nombre, y agregó que en el mismo caso obtuvo un amparo por cuestiones de fondo, donde se determina que no se reúnen los requisitos, ni de de ninguno de estos dos delitos, y por lo tanto en cumplimiento de estas ejecutorias de amparo se niega la orden de aprehensión para ella y para otras dos personas, por lo menos de las que tuvo acceso a sus amparos.
“Pero la juez dice que no comparte esa situación y a pesar de que la supuesta líder de la banda no tiene ya orden de aprehensión por estos hechos y ha sido exonerada por los jueces de amparo, considera que Alejandro Vera es parte de ese grupo delictivo”, expuso.
afcl/LL
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