
LA PAZ, BCS., 25 de junio.- El subprocurador de Atención a Delitos de Alto Impacto (SADAI) en Baja California Sur, Bernardo Soriano Castro, se defendió de acusaciones de presuntos vínculos con la delincuencia organizada, luego de que aparecieran narcomensajes que lo señalaban en el contexto de la ola de violencia que enfrenta la entidad.
En una conferencia de prensa, al margen de la Mesa de Seguridad, el funcionario informó a que ha recibido amenazas junto a su familia y rechazó tener cualquier tipo de vínculo con grupos delincuenciales, antes que ello –aseguró– durante siete años al frente de la corporación, ha logrado el desmantelamiento de células delictivas y la detención de más de 40 objetivos prioritarios, generadores de violencia en la entidad.
El funcionario destacó que las unidades que coordina lograron la captura de los asesinos del periodista Max Rodríguez Palacios y del único ombudsman, asesinado en México, Silvestre De la Toba Camacho, perpetrados en 2017 en La Paz, así como de los responsables del homicidio del periodista Rafael Murúa, de Santa Rosalía (Mulegé).
“Soy una persona que no solo está en el escritorio, sino que coordina los operativos a través de sus facultades, en la calle y en las investigaciones. Hoy me están señalando en mantas, ¿quiénes? Los criminales que estamos deteniendo”, dijo.
En una inusual convocatoria a medios esta tarde, el funcionario aseguró que ejercía su derecho de réplica y sostuvo que no presentará su renuncia al cargo.
Indicó que su objetivo es seguir procurando justicia y dando resultados, sobre todo, dijo, si el Gobierno del estado gestiona más recursos, pues en ocasiones se despliegan sin viáticos ni vehículos blindados.
“Mientras yo esté aquí no habrá impunidad. Vamos a procurar justicia y si nos dan mayores recursos, si el Gobierno del estado gestiona camionetas blindadas, mejores sueldos, seguros más altos para los compañeros que no arriesguen su vida por 7 mil pesos a la quincena, vamos a dar mayores resultados, vamos a defender mejor al pueblo de Baja California Sur y a ser ejemplo nacional en la procuración de justicia”, enfatizó.
“He visto que ponen mantas también a políticos y a otras personas, pero esto no importa, si le ponen al gobernador, a un secretario general de gobierno, a un procurador, no importa. Por que quienes las ponen son delincuentes que matan, extorsionan y levantan personas”, añadió.
El funcionario refirió que a diferencia de otros funcionarios, él cuenta con visa americana vigente, pues recibe capacitaciones frecuentes en Estados Unidos, y cuenta con todos los exámenes de control de confianza acreditados.
“Estoy dando la cara por que están atacando a mi persona, están amenazando a mi familia y les digo: no voy a renunciar, yo no le debo nada al crimen organizado. Todo lo que ponen es falso. Mi declaración es pública. Tengo exámenes de control de confianza estatales y federales, tengo mi visa vigente. Yo voy a los cursos a Estados Unidos y muchos políticos de este país ni siquiera tienen visa o se las retiran. Yo me podría hacer un antidoping y estoy seguro que muchos otros no lo iban a pasar”, recalcó.
El subprocurador expuso la situación que enfrenta BCS en materia de crimen organizado desde hace dos meses, acompañado únicamente de su equipo de trabajo, a quienes dijo agradecer y respaldar, pese a no contar con las mejores condiciones para hacerle frente a un “organización internacional”, como es el Cártel de Sinaloa, cuyas facciones -confirmó- disputan el control del estado.
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“Siempre hemos actuado y hemos detenido a objetivos prioritarios a pesar de que son de una organización internacional, el Cártel de Sinaloa, que opera en Chile, Brasil, Holanda… y a pesar de todo esto y la capacidad económica que tienen, con nuestras unidades hemos combatido el crimen a pesar de las limitaciones técnicas, económicas y logísticas”, afirmó.
Refirió que luego de la crisis de inseguridad que enfrentó la entidad en 2017, tras el desmantelamiento de células delictivas, se logró posicionar a BCS en el “top 5” de los estados con mejor percepción de inseguridad; no obstante, la crisis que hoy enfrenta es resultado de las divisiones del Cártel de Sinaloa que se extendieron a la entidad.
“La guerra nos alcanzó en el estado, por que en el estado tenemos al Cártel de Sinaloa, y como se está debilitando, están entrando otros cárteles. Eso es común, y es común que haya delincuencia, pero lo más importante es que haya autoridades y funcionarios comprometidos con hacer su trabajo. Lo importante es cómo reaccionamos como autoridad frente a la delincuencia”, insistió.
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Aseguró que en estos dos meses en que se han registrado balaceras, asesinatos y confrontaciones, la SADAI logró en conjunto con otras corporaciones, la detención de los generadores de violencia en Los Cabos, quienes incendiaron autobuses de pasajeros. Asimismo, lograron la detención el pasado lunes de los responsables del homicidio del Jefe de Operaciones Especiales, Mario Quezada.
En este tema, reveló que no se trató de una agresión directa al comandante, sino que los delincuentes iban a realizar un secuestro de dos personas, y la unidad del comandante se encontraba en el sitio, un restaurante, y allí se dio el enfrentamiento. Según dijo, esta unidad evitó el secuestro, sin chaleco antibalas, y apenas con armas cortas.
Posterior a ello, elementos de la SADAI lograron el decomiso de 2.5 toneladas de marihuana en La Paz, y la detención en Los Cabos de los responsables y vinculados al homicidio del comandante Mario Quezada, y la detención incluso –dijo– de un delincuente “que extorsionaba a prostitutas”.
Finalmente, reiteró que la corporación ha dado resultados, pese a no contar con suficientes apoyos y enlistó deficiencias.
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“Los agentes de investigación no cuentan con camionetas blindadas, a veces batallamos con llantas, por gasolina. Hemos ido a innumerables operativos a Guerrero Negro, Santa Rosalía, El Valle, La Paz, Los Cabos, sin viáticos, si hotel, trabajando día y noche, y así hemos asegurado a personas”, puntualizó.
Cabe mencionar que apenas ayer el gobernador, Víctor Castro Cosío, declaró que iniciaría una investigación a corporaciones policíacas, luego de que mandos policiales fueran señalados en presuntas narcomantas de tener nexos con el crimen organizado. Aunque dijo que respetaba y reconocía el trabajo de muchos, no descartó que hubiera elementos que tuvieran que ser removidos.
BCS enfrenta hace dos meses un repunte de la violencia de alto impacto en los cinco municipios del estado. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha estado en la entidad coordinando operativos y encabezando reuniones con autoridades locales.
El recién nombrado procurador de Justicia del estado, Antonio López Rodríguez, tampoco ha estado exento de cuestionamientos, y al interior de la corporación, elementos han expuesto las divisiones tras su llegada.
En la conferencia de prensa del subprocurador no estuvo presente el procurador ni ningún otro integrante de la Mesa de Seguridad.
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