Rocha Moya se deslinda del caso Ahome; no intervendrá en el proceso contra funcionarios acusados de arrendar 126 patrullas sin licitación

Culiacán, Sin.- La solicitud de desafuero de funcionarios del ayuntamiento de Ahome, por contratar en arrendamiento 126 patrullas sin licitar, es un asunto que no me incumbe intervenir, ni opinar, ya que es competencia del Poder Legislativo determinar lo que procede dijo el gobernador, Rubén Rocha Moya.

Durante su tradicional conferencia semanal, el ejecutivo estatal aclaró que no puede emitir ningún juicio sobre esta petición que realizó la Fiscalía General del Estado, en base a una denuncia de la Auditoria Superior del Estado.

Solo aclaró que fue la Auditoria Superior del Estado la que presentó la denuncia al determinar que las autoridades de Ahome que preside el alcalde, Gerardo Vargas Landeros, suscribieron un contrato de arrendamiento de 126 patrullas, por un monto de 171 millones de pesos sin cumplir lo que establece la ley de adquisiciones de haber licitado esta adquisición.

La mañana de este lunes, la sede del Congreso del Estado cerro sus puertas y restringió los accesos, al iniciar una sesión secreta la Comisión Instructora para analizar el dictamen respectivo a la solicitud de iniciar un juicio de procedencia contra el primer edil, Gerardo Vargas Landeros y a los miembros del comité de adquisiciones del ayuntamiento de Ahome.

El personal de seguridad del Poder Legislativo por primera vez asumió medidas extremas de seguridad para ventilar en secreto, el asunto de la procedencia de desafuero de los funcionarios de este nuevo ayuntamiento, ante la acusación de haber violentado la ley.

A diferencia de los anteriores solicitudes de desafuero de los alcaldes de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro y de Luis Guillermo Benítez Torres, de Mazatlán, por acusaciones similares de haber celebrado contratos de arrendamiento de camiones recolectores de basura y compras de lámparas led, en este caso, las restricciones de los accesos fueron excesivas.

Alcalde aduce mano negra en su juicio

Se turnó a la Comisión Instructora del Congreso del Estado la solicitud de desafuero del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros y del actual diputado local, Genaro Castro, exfuncionario municipal, sobre los que pesan la acusación de haber contratado arrendamiento de 126 patrullas sin licitación pública por un monto de 171 millones.

La presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, diputada local, Yeraldine Bonilla dijo que en reunión privada y secreta en la que se les notificó de esta petición, por lo que fue turnada a dicha comisión para que rinda un dictamen al respecto.

Sobre el proceso que se inició en su contra, Vargas Landeros se dijo sorprendido por la velocidad conque se integró un expediente judicial y vía fast track se hizo llegar al Congreso del Estado la solicitud que le encaucen un juicio de procedencia.

“Alguien dio la orden de acelerarlo y pronto se va a saber”, comentó el primer de Ahome, al que la Auditoria Superior del Estado, le atribuyó que en su primer periodo como alcalde, incurrió en un delito al celebrar un contrato de arrendamiento de motocicletas, cuatrimotos y camionetas para la policía municipal, sin licitar la adjudicación.

Volvió a comentar que la ciudadanía conoce muy bien su trayectoria de 43 años en el sector pública y aparece como uno de los alcaldes a nivel nacional mejor calificado, sin problemas graves de inseguridad, por lo que percibe algo extraño en la denuncia judicial en su contra.

Gerardo Vargas afirmó que se va a defender con todo en los político y lo legal ya que a lo largo de sus dos periodos en la presidencia municipal de Ahome se ha conducido con rectitud y honestidad, por lo que va a defender su buen nombre y su rectitud.

LL