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Relatora de la ONU pide garantías de seguridad para defensora zapoteca Silvia Pérez, tras allanamiento de su domicilio en febrero pasado
Pérez Yescas cumplió un año de encontrarse en situación de desplazamiento forzado por amenazas de muerte en su contra
Foto: Juan Carlos Zavala / EL UNIVERSAL
La relatora especial de las Naciones Unidas para personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, señaló que el Estado debe garantizar la seguridad de la defensora zapoteca Silvia Pérez Yescas.
El pronunciamiento de la relatora surgió a partir de la noticia del allanamiento del domicilio de la activista en la región de la Cuenca del Papaloapan, donde se encuentra desplazada por amenazas y violencia que sufrió en la comunidad de María Lombardo de Caso.
“He recibido noticias muy preocupantes sobre el allanamiento de la casa de la defensora zapoteca Silvia Pérez Yescas en Oaxaca, México. Ya ha sido objeto de amenazas”, expresó.
Silvia Pérez denunció que el pasado 27 de febrero su casa fue allanada y que los perpetradores lo único que se llevaron fue su computadora, en la que contenía información de su trabajo.
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La activista se dio cuenta del allanamiento cuando por la noche regresaba a su casa después de participar en el taller comunitario e intergeneracional “Diálogo de saberes para la prevención de violencias contra las mujeres, juventudes y niñez indígena” con énfasis en los derechos a la Salud Sexual y reproductiva, que se realizó en San Juan Bautista Tuxtepec, municipio de la región de la Cuenca del Papaloapan.
Silvia Pérez cumplió un año de encontrarse en situación de desplazamiento forzado de María Lombardo de Caso, localidad de San Juan Cotzocón Mixe, por amenazas de muerte en su contra y contra mujeres integrantes de su organización llamada Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (CIARENA).
Y ha señalado directamente a César Pulido, funcionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), como autor material e intelectual de estas amenazas; así como del hostigamiento y difamación que se ha ejercido contra ella.
La relatora Mary Lawlor recalcó que el Estado debe garantizar su seguridad “para que pueda continuar su defensa de los derechos humanos sin temor”.
afcl
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