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La organización ambiental Territorios Diversos para la Vida (TerraVida) exigió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negar la autorización al proyecto “Puerta al Mar”, promovido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en el puerto de Vigía Chico, municipio de Felipe Carrillo Puerto, por violentar la legislación ambiental.
Como ha sucedido con otros proyectos a su cargo en la Península de Yucatán, el Ejército inició obras, este caso, desde hace dos años, sin haber obtenido la autorización de impacto ambiental y cambio de uso del suelo para desarrollar los trabajos. El trámite fue presentado en diciembre de 2024 y fue retomado en julio pasado, luego de suspendida su evaluación en abril.
Impacto ecológico del proyecto “Puerta al Mar” en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an
El proyecto, que forma parte de aquellos que se asociaron con el Tren Maya, fragmenta el Área Natural Protegida (ANP) conocida como Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an y buscaría replicar el modelo de control militar aplicado ya en el Parque del Jaguar, en Tulum, con la probable privatización del acceso a la zona de playas que pretende crearse, cobrándolo.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Viridiana Maldonado, integrante de TerraVida expuso que el proyecto no se limita a la mejora del camino artesanal que conduce a Vigía Chico, como han difundido la Defensa Nacional y autoridades locales, sino que plantea un complejo turístico y recreativo de amplia escala, con infraestructura y equipamiento nuevos dentro de la zona de amortiguamiento de la reserva.
“Lo que se está planteando es un conjunto de obras dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, que incluyen la ampliación del camino artesanal de acceso a Vigia Chico”, advirtió.
De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada a evaluación de la Semarnat, por la Defensa, el proyecto, en efecto, contempla la rehabilitación y ampliación del camino de acceso artesanal, con base hidráulica y carpeta asfáltica y no solo su remodelación.
Pretende también la construcción de un muelle y un malecón para embarcaciones menores para lo cual se taló manglar; áreas de servicios turísticos que incluyen restaurantes, módulos sanitarios, zona comercial, estacionamiento para más de un centenar de vehículos y áreas de descanso.
Además, instalaciones para actividades recreativas y náuticas; un muro para honrar a presos políticos llevados como castigo a esa zona, durante la época del entonces presidente, Porfirio Diaz y, de manera destacada, una puerta de acceso controlada por personal militar que funcionaría como punto de vigilancia y probable cobro a decir de la activista.
“Me recuerda mucho a lo que hicieron con el Parque Jaguar, en Tulum”, dijo, con respecto a esta Área Natural Protegida que, además de absorber a otro polígono protegido como es el Parque Nacional Tulum, sin explicación jurídica clara, ha privatizado el acceso a las playas públicas, a las que se tiene que pagar por ingresar, a menos de que sea a pie, en su acceso tradicional.
TerraVida subrayó que esta puerta sustituiría al acceso actualmente administrado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), modificando el esquema de manejo del sitio y trasladando su operación a la Defensa Nacional, lo que implica un cambio en la autoridad responsable de regular las actividades dentro de la reserva.
Esta misma situación es la que prevalece en Parque Jaguar, en Tulum, en donde la administración y cobro para entrar a esa área natural protegida debería recaer en la Conanp, según la ley, pero se dejó en manos de la Defensa, a través de una empresa ahora identificada como Grupo Mundo Maya.
Lo más grave del tema consiste en que el Ejército inició las obras de “Puerta al Mar” desde hace dos años, violentando el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA).
El 18 de diciembre del 2024 la institución militar solicitó a Semarnat la autorización de impacto ambiental, el trámite se suspendió en abril del 2025 y se retomó el 31 de julio pasado.
Ambos actos generaron reacciones negativas y fuertes críticas de organizaciones y pobladores de comunidades mayas, que han intentado ser acallados, bajo el argumento de que el proyecto es una “demanda” anhelada por la población indígena.
Comunidades locales y activistas rechazan obras sin consulta pública
Pobladores de Punta Allen y Rojo Gómez solicitaron a la Semarnat la apertura de la consulta pública y la reunión pública de información para que Defensa presentase el proyecto. Ésta última se llevó a cabo el pasado 15 de octubre.
Viridiana Maldonado aseguró que el 90 por ciento de las y los asistentes manifestaron su rechazo a las obras, que además de violentar el carácter preventivo de la ley, también contravinieron la prohibición legal de talar manglares.
Al encuentro asistieron 91 personas; hubo 10 participaciones orales “con intervenciones muy generales”, y se expresaron cuestionamientos diversos en contra del proyecto, señaló la entrevistada.
TerraVida, dijo, documentó que en el polígono de intervención se ha registrado tala de manglar y vegetación costera sin contar con permisos de cambio de uso de suelo en terrenos forestales ni autorización ambiental federal.
Recordó que tales acciones están prohibidas por la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) y las normas que protegen los humedales costeros, por lo que constituyen una infracción grave.
El argumento de la Defensa para justificar el proyecto es “abrir el acceso al mar” a las comunidades de Felipe Carrillo Puerto, en cumplimiento de una “deuda histórica”.
Sin embargo, la activista sostuvo que ese discurso encubre un modelo turístico de control y recaudación que replica la estrategia del Parque del Jaguar, en Tulum, donde bajo el pretexto de conservación se militarizó el ingreso y se destinaron recursos a infraestructura con fines recreativos y comerciales.
La agrupación advirtió que la instalación de la puerta controlada por la Defensa Nacional anticipa un esquema de acceso restringido o de pago, contrario al principio de libre disfrute de los bienes nacionales y al mandato de conservación pública de las áreas naturales protegidas.
Indicó que el proyecto no incluye mecanismos de participación comunitaria ni estrategias de aprovechamiento sustentable que integren a los pescadores y habitantes locales.
Destacó que el Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, que es atravesada por el camino artesanal pavimentado y ampliado, no permite varias de las obras realizadas, por lo cual “Puerta al Mar” altera la integridad ecológica del corredor costero, al introducir infraestructura turística en una zona destinada a la protección, lo que fragmenta hábitats y modifica la dinámica natural de los ecosistemas costeros.
La agrupación sostuvo que la militarización de la gestión ambiental en Quintana Roo responde a un patrón creciente, con la presencia de la Defensa en proyectos dentro de zonas de conservación en Bacalar, Calakmul y Cancún, donde se construyen instalaciones habitacionales y turísticas bajo el argumento de la seguridad nacional.
Por tanto, TerraVida exigió que la Semarnat niegue la autorización ambiental al proyecto “Puerta al Mar”, por contravenir los principios de legalidad y prevención ambiental, así como por haber iniciado obras sin evaluación previa.
La organización pidió además que se investiguen las responsabilidades administrativas y ambientales derivadas de la tala de manglar y el cambio de uso de suelo sin permisos.
Advirtió que autorizar el proyecto sentaría un precedente que normaliza la construcción sin permisos y debilita el marco jurídico ambiental del país, al tiempo que consolida un modelo de militarización y privatización de las áreas naturales protegidas bajo la justificación del desarrollo turístico y del acceso público al mar.
El fin de semana pasado personal de la Defensa y la gobernadora, “Mara” Lezama realizaron un recorrido por las obras, que calificaron como “un proyecto emblemático que responde a una demanda social histórica en Felipe Carrillo Puerto”.
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Lezama Espinosa afirmó que con 22 kilómetros pavimentados y un camino artesanal de 32.2 kilómetros adicionales, “la Puerta al Mar garantizará acceso seguro al litoral y detonará nuevas oportunidades para la zona maya”.
Por la Defensa Nacional, el ingeniero constructor, Apolo Castillo, detalló que se trabajan 22 kilómetros de longitud y 8 metros de ancho con asfalto y que el camino artesanal de 32.2 kilómetros de largo y cinco de ancho, “va muy avanzado”.
Lo anterior confirma que las obras transcurren en violación al PEIA y se presume que se amparan en permisos provisionales emanados del acuerdo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador emitió a finales del 2021, para permitir el avance de trabajos para proyectos de gobierno “emblemáticos”, acuerdo que en mayo de 2022 fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
aov
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