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La mayoría morenista en el Congreso de Veracruz aprobó una reforma constitucional para reducir de nueve a cuatro años el encargo del Fiscal General del Estado y devolver al Ejecutivo la facultad de presentar una terna para su designación y el inicio de su destitución.
Durante una sesión nocturna, Morena y sus aliados aprobaron diversas disposiciones de la Constitución Política, entre las cuales destaca que, si en dos ocasiones los diputados no logran un acuerdo para nombrar al fiscal, entonces el gobernador en turno lo hará de manera directa.
Para distintos especialistas en derecho, los cambios legales –que aún deben ser avalados por la mitad más uno de los 212 Ayuntamientos- son una regresión, pues se retoma el modelo de designación de fiscales a antes de las reformas federales que pasaron de las procuradurías a las fiscalías “autónomas” de 9 años.
Previo a la reforma, se preveía que habría un artículo transitorio para definir si se mantendría en el cargo o seria destituida la actual fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadans, designada durante la gestión del morenista Cuitláhuac García Jiménez, sin embargo, en la reforma aprobada se mantuvo intacta su posición.
Sólo se estableció que los legisladores tendrán un plazo de 120 días para llevar a cabo las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
Fue con 42 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones, como el pleno de la LXVII Legislatura hizo cambios en el procedimiento para la designación de la persona titular de la Fiscalía General del Estado y la duración del periodo en el cargo y otorgó mayores facultades al gobernador o gobernadora en turno.
La mayoría morenista justificó los cambios al asegurar que en la práctica la designación de dicho cargo ha demostrado ser susceptible de generar parálisis institucional y vacíos de responsabilidad.
La reforma señala que el nombramiento de Fiscal General se realizará a propuesta de la persona titular del Poder Ejecutivo y sometido a la consideración del Congreso del Estado, el cual deberá resolver dentro del improrrogable término de cinco días hábiles.
El Congreso aprobará la propuesta por las dos terceras partes de las diputadas y los diputados presentes; en caso de que no se pronuncie respecto de la propuesta en el plazo señalado para tal efecto, se entenderá por aprobada. En cualquiera de dichos supuestos se llamará a la persona designada para la debida protesta de ley.
En caso de que la propuesta no sea aprobada, se solicitará al Poder Ejecutivo que remita una segunda propuesta, misma que será sometida a votación en los términos del párrafo anterior para su aprobación, dentro de los dos días hábiles siguientes.
De no pronunciarse el Congreso dentro de este plazo, o si esta segunda propuesta no fuese aprobada, la persona titular del Poder Ejecutivo tendrá la facultad de designar la titularidad de la FGE de entre las dos personas que integraron las propuestas previamente sometidas a la consideración de la representación popular.
La persona titular de la FGE podrá ser removida por quien encabece el Poder Ejecutivo por las causas graves que establezca la ley, pero la destitución podrá ser objetada por el Congreso con la misma votación requerida para su nombramiento dentro de un plazo de cinco días hábiles, en cuyo caso, el o la titular de la FGE será restituida en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso no se pronunciare al respecto, se entenderá que no existe objeción.
Al tratarse de reformas a la Constitución, deberá ser sometida a los cabildos de los 212 Ayuntamientos, los cuales tendrán un plazo de 30 días naturales para ratificar la reforma; solo basta con que la mitad más uno los aprueban para declarar su validez.
La diputada panista, Indira de Jesús Rosales San Román, denunció que la reforma representa un grave retroceso en la autonomía del organismo autónomo y se pronunció en contra de que una sola persona tenga la atribución para elegir a la titularidad de la Fiscalía y agregó que no hay garantías para quienes buscan justicia.
En tanto, la representante del Grupo Legislativo Mixto Veracruz Nos Une, Montserrat Ortega Ruiz, acusó que se modifica de manera sustantiva el equilibrio institucional y que la propuesta se opone a los principios rectores de la función de procuración de justicia al perder independencia.
afcl/apr
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