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Guadalajara.— Las desapariciones en mayo pasado de Paúl Alexander y Carlos Alejandro, dos adolescentes de 16 años de Jalisco que el 14 de julio fueron localizados sin vida tras un enfrentamiento entre civiles armados en la comunidad El Pozo, en Culiacán, muestra que la estructura de reclutamiento forzado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sigue intacta pese a que casos como el del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, la han dejado al descubierto.
La Fiscalía de Jalisco afirma que ambos jóvenes fueron reclutados a través de redes sociales, trasladados a Zacatecas para adiestrarlos en el uso de armas, llevados a Nayarit para esperar el momento de ser requeridos y finalmente lanzados al combate en Sinaloa.
El fiscal del estado, Salvador González de los Santos, asegura que por testimonios de algunas personas que han logrado escapar de ese circuito de desaparición, se tiene información de que al menos otras cuatro personas reportadas como desaparecidas en Jalisco están en condiciones de reclutamiento forzado en Sinaloa.
En ese contexto, el caso del rancho Izaguirre vuelve a cobrar relevancia como muestra de la maquinaria de desaparición del crimen organizado, pero también como ejemplo de la forma en que investigaciones que fueron “prioritarias” mientras resonaron en los medios, terminan por diluirse.
Las estadísticas del gobierno estatal señalan que en Jalisco hay 15 mil 838 personas desaparecidas y de esos casos, 702 ocurrieron en lo que va de 2025; por su parte, basándose en los datos del gobierno federal, el Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la UdeG ha advertido que desde el verano de 2024 se registra en el estado un incremento en la desaparición de jóvenes de entre 15 y 19 años, su hipótesis es que el hecho puede estar relacionado con el reclutamiento forzado.
Según el coordinador estratégico de Seguridad del estado, Roberto Alarcón, desde el inicio de la actual administración se han detectado 65 casos de menores que posiblemente fueron reclutados por la delincuencia organizada.
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¿Hasta dónde llegará la investigación?
El próximo 18 de septiembre se cumplirá un año de que la Guardia Nacional (GN) descubrió el rancho Izaguirre y desde entonces la información pública sobre lo que ocurrió en ese sitio es contradictoria y fragmentada: por una parte, el comunicado de prensa emitido por la Guardia Nacional el 20 de septiembre señala que tras “una rápida acción, en la que no se realizó ningún disparo”, se detuvo a 10 hombres, se liberó a dos más que estaban retenidos y se localizó el cuerpo de otra persona que hasta hoy sigue sin ser identificada.
La única parte que se ha hecho pública sobre el contenido del Informe Policial Homologado, redactado por la GN, habla de un enfrentamiento a tiros con 10 detenidos.
Hoy, esas 10 personas identificadas como Lennin “N” —o Kevin “N”—, David “N”, Gustavo “N”, Christopher “N”, Juan “N”, Óscar “N”, Érick “N”, Luis “N”, Ricardo “N” y Armando “N”, están sentenciadas a 141 años y tres meses de prisión; y deben pagar 1.3 millones de pesos como reparación del daño.
Al menos siete de ellos, junto con un presunto reclutador, están vinculados a proceso en otras cinco carpetas de investigación, pues fueron reconocidos por más personas que dijeron haber estado cautivas en el rancho Izaguirre en distintos momentos.
Todas las audiencias de este primer juicio, que inició el pasado 2 de abril y concluyó el 8 de julio, fueron privadas y el Consejo de la Judicatura del estado se ha negado a entregar una versión pública de la sentencia argumentando que el administrador distrital de los Juzgados Especializados en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal del Sistema Penal Acusatorio Adversarial con sede en Tonalá no ha dado respuesta.
Por su parte, el fiscal de Jalisco considera que se trata de una sentencia ejemplar y afirma que, en lo concerniente al rancho Izaguirre, la dependencia a su cargo da seguimiento a la apelación de la sentencia que presentó la defensa de los 10 condenados. Además, recuerda que hay tres policías de Tala vinculados a proceso por presuntamente entregar a por lo menos a una persona a los responsables de manejar el rancho Izaguirre; sin embargo, reconoce que no pueden vincular estas investigaciones con otras de casos similares.
“Hay que recordar que la Fiscalía General de la República lleva una investigación por lo que ve particularmente a la delincuencia organizada, nosotros estamos llevando los procesos por lo que corresponde a las privaciones de libertad de estos muchachos, respecto a los delitos que se cometieron y corresponden al fuero común; pero, efectivamente, se está siguiendo una investigación por parte de la Fiscalía General de la República respecto al grupo delictivo que operaba en ese lugar”, indicó el fiscal.
Oficialmente la FGR atrajo las investigaciones del caso después de que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco documentó, el 5 de marzo de 2025, que el rancho no fue procesado correctamente por la fiscalía del estado y ni siquiera estaba resguardado.
La dependencia federal ha logrado hasta ahora la vinculación a proceso de José Gregorio “N”, alias El Lastra, presunto encargado de la operación del rancho, y la del exalcalde de Teuchitlán, José Asunción Murguía Santiago, a quien acusa de colaborar con el grupo delictivo.
También mantiene abierta una investigación por otro sitio de adiestramiento del CJNG localizado en febrero pasado a siete kilómetros del rancho Izaguirre, en la comunidad de La Vega, donde fueron detenidas 38 personas y posteriormente un juez liberó a 36 por considerar que se trataba de víctimas.
Malas prácticas procesales
El 6 de marzo pasado, un día después de las revelaciones hechas por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco sobre el rancho Izaguirre, la vicefiscal en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, firmó un acta en la que se deslinda de las omisiones en la investigación; a partir de ese documento, la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco inició una investigación.
La dependencia ha señalado que investiga a 12 funcionarios públicos, entre ellos agentes del Ministerio Público y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (ICF), pero no ha imputado ni vinculado a proceso a ninguno.
En opinión de la abogada Cecilia Ayala, quien lleva la defensa de algunos de los peritos señalados, hay muchas irregularidades en la investigación del rancho Izaguirre que dan cuenta de malas prácticas procesales por parte de la fiscalía de Jalisco —como romper la cadena de custodia de algunos indicios importantes—, pero que la Fiscalía Anticorrupción no ha documentado.
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La abogada recordó que los peritos no son autoridad en una investigación y deben seguir instrucciones del Ministerio Público, que es el que dirige las indagatorias.
