
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Una década después de la muerte de Marisol Martiríz Guzmán, originaria de El Salvador, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ofrecerá una disculpa pública porque el deceso fue por negligencia médica de la institución federal.
El Fundar, un Centro de Análisis e Investigación manifestó que el acto de disculpa institucional está programado para el 21 de este mes en la cabecera del municipio de Bochil, ubicado en el norte de Chiapas, donde vivía la fallecida.
Marisol tenía la edad de 30 años cuando murió el 20 de julio de 2015; residía desde hace 12 años en Bochil con su pareja sentimental y sus hijos, una niña de 10 años y dos niños de 8 y 2 años, respectivamente.
Estaba en su cuarto embarazo, con 39.2 semanas de gestación. La noche del 19 de julio llegó al hospital rural del IMSS de Bochil. Tenía vómito y náuseas, aunque sin dolores de parto.
En el hospital detectaron que el producto había muerto, así que le realizarían una cesárea, puesto que se trataba de una urgencia.
El Fundar, refirió que con base en el expediente médico, la fallecida padecía un probable desprendimiento prematuro de placenta, una urgencia obstétrica, de las más graves, con alto riesgo de deceso.
Posterior a la cesárea y debido a su gravedad era necesario movilizarla para mejor atención porque en Bochil "no tenían más hemoderivados ni el equipo para atenderla".
El traslado inició seis horas después de realizada la cesárea, no obstante que Bochil está a una hora y media de Tuxtla Gutiérrez.
El retraso fue porque el hospital del IMSS en Tuxtla Gutiérrez "no tenía médico de cuidados intensivos que recibiera a Marisol”, consignó la denuncia.
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Ante esa emergencia, tampoco se dispuso ni se implementó el convenio general de colaboración para la atención de emergencias obstétricas de manera eficiente, de acuerdo con el cual Marisol debió haber sido trasladada a alguno de los hospitales de las instancias firmantes de dicho convenio con capacidad adecuada para su atención urgente requerida.
De modo que cuando Marisol llegó al Hospital de Tuxtla Gutiérrez, ya había muerto, destacó el Fundar.
A ese hecho específico, se agregan otras anomalías y violaciones en el caso, porque la atención de Marisol en el hospital de Bochil la realizaron médicos residentes de tercero y cuarto año, así como de un médico pasante de servicio social, sin la experiencia suficiente ni la supervisión del médico responsable.
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En el hospital de Bochil sólo había un médico gineco obstetra de base para atenciones en turno matutino. Ese nosocomio tampoco posee hemoderivados suficientes, el retraso del traslado de la paciente al IMSS de Tuxtla fue por la falta de médico en la unidad de cuidados intensivos.
El reporte estableció, asimismo que días previos al fallecimiento el hospital ordenó un ultrasonido y otras pruebas a la fallecida, pero no se les realizó. El mismo hospital expuso que no tenía el equipo, por tanto la mujer “no se los pudo realizar por la falta de dinero para hacérselos de manera privada".
Fundar manifestó que además "el útero extraído a Marisol durante la cesárea para detener la hemorragia fue extraviado, aun cuando el hospital debió realizar un estudio histopatológico que habría ayudado a determinar las causas de la emergencia obstétrica”.
Por lo que, agregó, que para documentar el caso fue necesario interponer un juicio de amparo para acceder al expediente clínico, ya que le fue negado a la familia.
El caso de Marisol fue presentado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos "por las violaciones cometidas y luego de diversos obstáculos, en diciembre de 2018 emitió finalmente una propuesta de conciliación" al IMSS.
En esa propuesta, que todavía está en etapa de cumplimiento, en la que se pide, entre otros asuntos, una disculpa pública "y medidas que aseguren que eventos como el de Marisol no se repitan”.
aov/cr
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