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Guanajuato, Gto.- En el último lustro 9 mil 417 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de delitos de tipo sexual en Guanajuato, de acuerdo a los registros de la Fiscalía General del Estado, reveló la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, tras la iniciativa de ley que entregó al Congreso local para la creación del Registro Público de Agresores Sexuales en el estado.
En su programa semanal "Conectando con la Gente” precisó que de 2020 a 2025, la FGE recibió 6 mil 114 denuncias por abuso sexual a menores de edad, 2 mil 625 por violación (265 de ellas violación equiparada), 572 por acoso sexual, 3 por incesto y 103 por hostigamiento sexual.
Con la propuesta legislativa, explicó que lo que se busca es que se pueda tener un seguimiento de las personas que cometan esos delitos, además de la pena que les sea impuesta con base en el Código Penal, para que no se vuelva a repetir la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes.
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Por ejemplo, que no haya una persona que tenga esos antecedentes al frente de un grupo en una clase, como maestro o como entrenador deportivo.
Explicó que se hizo un análisis muy puntual para que la iniciativa de Guanajuato tuviera el componente del interés superior de las niñas, niños y adolescentes.
“Dígame usted si no queremos que nuestras niñas y niños estén protegidos en todo momento”, y que finalmente quien los agreda tenga una consecuencia, no solamente de compurgar una pena, sino posteriormente a ello y que es algo que deben saber para evitar la comisión de este tipo de conductas.
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El abogado Alejandro Sierra, consejero jurídico de la gobernadora, explicó que la iniciativa que se presentó se propone reformar el Código Penal, adicionando un capítulo específico donde se crea el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales.
Y que todas aquellas personas que ya hayan sido sentenciadas por un delito de violencia sexual contra un niño, niña o adolescente estén en ese registro público, no solamente por el periodo que dura su pena privativa de la libertad, sino que se pueda prolongar por mínimo 10 años o hasta 30 años.
En otra iniciativa se propone la modificación a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, a efecto de dotarlos de las atribuciones necesarias para que administren y operen este registro.
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