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LA PAZ, BCS.- El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío y la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, afirmaron desconocer los contratos que dependencias en sus administraciones celebraron con empresas sancionadas por el gobierno de los Estados Unidos por su presunta relación con la red criminal de Los Chapitos.
Abordado por medios sobre la investigación realizada por EL UNIVERSAL, el mandatario dijo desconocer el tema y señaló que lo revisará si le presentan pruebas o contratos específicos.
Asimismo, lanzó que desde su administración están concentrados -dijo- en combatir el crimen organizado.
“Yo no tengo información. Si me presentan algún contrato lo investigamos de manera inmediata, pero no tengo antecedentes. Desconozco esto. Que definan bien, a veces tiran la piedra y ni siquiera mencionan bien… que presenten cuáles y revisamos. Nosotros al contrario, estamos combatiendo al crimen organizado”, declaró.
Por su parte, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, al cuestionarle sobre las facturas que reveló EL UNIVERSAL y comprueban que al menos una empresa sancionada por EU ha sido proveedora del organismo municipal de agua potable, evadió responder y se limitó a expresar que la autoridad correspondiente investigue el tema.
“Que se investigue, que se haga la investigación y se sancione a quien corresponda”, respondió a reporteros, sin detener su paso, al retirarse de un acto público.
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-¿Pero no sabía nada de estos contratos, alcaldesa? se le cuestionó.
"No, para nada. Que se ha la investigación y se sancione", lanzó.
Estos breves posicionamientos se dan luego de la publicación de EL UNIVERSAL que reveló que empresas mexicanas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente suministrar precursores químicos o equipo especializado a la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, han mantenido contratos con dependencias de gobiernos estatales, entre ellos el de Baja California Sur y el Ayuntamiento de La Paz.
Cabe mencionar que documentos presentados por EL UNIVERSAL advierten que, por ejemplo, el organismo municipal de Agua Potable y Alcantarillado de La Paz firmó una carta compromiso para la compra de 40 piezas de cloruro férrico -utilizado en el tratamiento de agua potable y residual- por un costo de 58 mil pesos, en el 2022, con la empresa FAVELAB, S.A. de C.V.
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En mayo de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del gobierno de EU emitió una sanción contra la compañía Sumilab, de la familia Favela López. Tras este señalamiento, la familia modificó el nombre y la imagen de sus tiendas, pero continuó su participación en el suministro de precursores químicos para el Cártel de Sinaloa, indicó el comunicado del Departamento del Tesoro.
Las empresas sancionadas por EU y que aparecen como proveedores de entidades públicas del noroeste, de acuerdo a la investigación de este diario a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y en portales gubernamentales son: Comercial Viosma del noroeste SA de CV, Storelab SA de CV, Favelab, SA de CV, Importaciones y Nacional Marcerlab SA de CV, Favela Pro SA de CV, Quilab SA de CV y Sumilab SA de CV.
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Por la mañana, el rector de la UABCS, Dante Arturo Salgado González abordó el tema y señaló que la Secretaría de Hacienda debió haber notificado sobre estas empresas y la presuntas irregularidades o vínculos. De otro modo --dijo-- resulta difícil para las instituciones conocer los nombres de los accionistas y sus relaciones personales.
Señaló que la UABCS cortará cualquier relación comercial con la que se identifique toda vez que únicamente la institución.
aov/cr
