Oaxaca.— Emeterio Santiago Hernández, una persona indígena originaria de San Juan Ozolotepec, fue a almorzar el martes 13 de octubre de 2015 a la Central de Abasto de la ciudad de Oaxaca al local de su esposa Alfreda Ruiz Hernández, y ahí permaneció casi toda la mañana.
Alrededor de la una de la tarde salió del lugar para irse a su casa en su vehículo. Cuando conducía sobre la carretera que lleva a Cuilápam de Guerrero, un carro azul se le atravesó y le impidió el paso. De ese automóvil bajaron unos hombres que se identificaron como parte de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General del Estado.
Los agentes lo bajaron por la fuerza con el argumento de que había atropellado a una persona unas calles atrás. Fue encañonado con una pistola en la cabeza y se lo llevaron arrestado con la promesa de que únicamente iría a declarar, pero lo empezaron a torturar.
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En las instalaciones de la AEI ubicadas en la agencia La Experimental del municipio de San Antonio de la Cal, los agentes lo golpearon en los costados y en los oídos, le vendaron los ojos, lo esposaron con los brazos hacia atrás, le colocaron una bolsa de plástico en el cabeza, hasta que perdió el conocimiento, y al despertar fue obligado a permanecer de rodillas toda la noche.
Al día siguiente continuó la tortura. De acuerdo con su relato, los miembros de la AEI primero le pidieron 30 mil pesos para dejarlo libre; luego le exigían que aceptara su responsabilidad en un homicidio, y lo amenazaron con asesinar a su esposa e hijo si no aceptaba los delitos que se le imputaban.
Su familia no supo nada de él hasta después de cinco días, tiempo en el que lo mantuvieron incomunicado y bajo tortura. Cuando fue detenido, no hubo ninguna orden de aprehensión; esta la presentaron hasta finales de noviembre por su presunta responsabilidad en el homicidio de un hombre.
El 16 de octubre de 2015, Emeterio pudo comunicarse con su familia y les informó que estaba detenido en la penitenciaría de Santa María Ixcotel.
Tortura en Oaxaca
El Observatorio contra la Tortura, con datos hasta 2022, señala que ese año en Oaxaca se iniciaron 107 carpetas de investigación por el delito de tortura, en las cuales 135 de las víctimas son hombres y 25 mujeres. Además, informa que en 44.4% de las carpetas de investigación iniciadas en todo el país, funcionarios de las fiscalías estatales son señalados como los responsables, en 27.9% son policías estatales y en 27.3% de los casos, policías municipales. En 0.3% se señala a funcionarios del sistema penitenciario.
Mientras que en el periodo de 2014 a 2024, según su monitoreo ciudadano de la implementación de la Ley General contra Tortura, existen en el estado 697 expedientes de investigación iniciados por este delito; y de los cuales no hay ninguna sentencia contra los autores de estos hechos.
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En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) únicamente 18 quejas están clasificadas como tortura.
La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) cuenta con un registro de 137 casos acumulados de 2015 a 2017, pero en ese tiempo de 2017 y 2018 sólo emitió una recomendación por tortura. Por su parte, la Fiscalía General del Estado suma un total de 312 expedientes que se encuentran actualmente en la Unidad Especializada en Investigación contra la Tortura.
Tortura comprobada
En marzo de 2017, un médico sicólogo y peritos en medicina forense de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aplicaron el protocolo de Estambul a Emeterio Santiago. Los resultados del estudio arrojaron que se encontraron lesiones físicas contemporáneas a la fecha en la que fue detenido, como excoriaciones en la frente, mejillas y rodillas, equimosis en el brazo izquierdo y la región escapular, y las lesiones en las rodillas eran consistentes por haber permanecido arrodillado toda la noche.
Los peritos de la CNDH también corroboraron la versión de Emeterio Santiago sobre los golpes en los oídos, porque eran congruentes con la sintomatología que presentó; en tanto que un diagnóstico médico posterior de 2015 realizado por personal de la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel confirmó una “otitis media aguda bilateral” y “ruptura timpánica derecha”, que luego diagnosticó como “perforación timpánica bilateral”.
El organismo nacional agregó que las agresiones que sufrió causaron un daño sicoemocional y que en la tortura experimentó sentimientos de impotencia, desvalimiento e indefensión extremos, así como miedo a perder la vida.
Irregularidades en la detención
La DDHPO, por su parte, afirmó que la detención de Emeterio Santiago fue ilegal porque los agentes carecían de una orden de aprehensión judicial o ministerial que justificara la detención, y que los informes de los agentes de la AEI contenían información que no era veraz.
Por ejemplo, un informe indicaba que Emeterio fue detenido el 15 de octubre de 2015 por narcomenudeo, pero su detención ocurrió el 13 de octubre de 2015; otro informe señalaba que fue detenido por discutir en la calle con otra persona el 14 de octubre, pero fue detenido un día antes.
También se afirmaba en los informes que fue detenido por elementos de la Policía Estatal, cuando lo detuvieron agentes de la AEI; y otro informe afirmaba que fue detenido junto con otras personas que se encontraban al interior de un vehículo y que durante una revisión le encontraron drogas, lo cual también se comprobó que fue falso.
Sobre el delito de homicidio, la imputación en su contra fue a partir de las declaraciones de otras dos personas detenidas; quienes, según la DDHPO, también fueron víctimas de tortura, incluso uno de ellos fue violado por tres agentes de la AEI.
Justicia y reparación del daño
Alfreda Ruiz, en entrevista con EL UNIVERSAL, afirma que su única exigencia es justicia, que se libere inmediatamente a su esposo, quien lleva una década en la cárcel sin sentencia, y la reparación del daño.
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“Que hagan justicia, que dejen libre a mi esposo, que paguen todos los daños. Que paguen todo lo que he gastado, eso es lo que quiero. Invertí mi tiempo, dinero, de 10 años para acá. No descanso, casi trabajo todo el día, de seis de la mañana hasta las ocho de la noche y me voy, todavía en la noche lavo la ropa porque no tengo tiempo”.
Alfreda también ha sido víctima de amenazas y hostigamiento por parte de los agentes que estuvieron involucrados en la detención de su esposo Emeterio. También fue víctima de discriminación y amenazas de mujeres agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.
A pesar de que hay recomendaciones tanto de la DDHPO y la CNDH, la Fiscalía General de Oaxaca se ha negado a dejar en libertad a Emeterio, quien lleva 10 años preso y sin sentencia. No hay ninguna prueba que lo vincule con el asesinato de un hombre, la esposa de la víctima no lo señala ni identifica a él como uno de los responsables del homicidio, las declaraciones que lo imputan en este delito también fueron arrancadas mediante tortura, según los informes de los organismos de derechos humanos.
