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Tres ciudadanos norteamericanos -detenidos en el norte de Veracruz en el 2022 señalados de los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad y contra las instituciones de seguridad pública- permanecen en un penal sin ser sentenciados.
Abogados de los tres hombres de ascendencia mexicana pero nacidos en Estados Unidos, lamentaron que a tres años de distancia las autoridades ministeriales y judiciales den largas al asunto e incluso denunciaron que el Poder Judicial del Estado pospone audiencias porque supuestamente carecen de un traductor.
Los detenidos Joel Lemus Guevara de 34 años, Ramiro Julián Laurencio Guevara Jr., de 39 años y, Domingo Ramos Guevara, de 42 años, además denunciaron haber sufrido tortura al interior del penal de Poza Rica, donde se encuentran recluidos.
En conferencia de prensa, la abogada Perla del Carmen Morales Solano explicó que los tres fueron detenidos el 27 de noviembre de 2022 en la ciudad de Poza Rica señalados de los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad y contra las instituciones de seguridad pública.
Recordó que los nacidos en California, Estados Unidos, habían llegado de visita a esa ciudad, cuando la policía los capturó y el Ministerio Público los señaló de dichos delitos cometidos en contra de una víctima.
Después de tres años de haber sido detenidos –dijo- los ciudadanos norteamericanos no han sido sentenciados, incluso en más de un año ellos no tuvieron una sola audiencia, además, la mayor parte del tiempo no habían contado con un intérprete de su idioma.
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La litigante acusó que la Embajada de los Estados Unidos tuvo conocimiento del caso hasta mayo del 2024, por lo que al momento de la detención se les negó el derecho de asistencia y notificación consular.
Y es que por ser hijos de mexicanos, la Fiscalía General del Estado y el órgano jurisdiccional consideraron que eso les daba en automático la nacionalidad mexicana.
"Ellos no fueron tratados como extranjeros que es lo que son, sino que se trató de imponer sobre ellos la regla de trato procesal como un connacional. La Embajada también ha coadyuvado, sin embargo, dentro del proceso penal como tal no puede actuar”, expuso.
Además, aseguró que desde el 2022, han sido víctimas del presunto delito de tortura por parte del personal de la dirección de Reinserción Social, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública.
Desde el 14 de septiembre del presente año solicitaron la revisión de la medida cautelar, así como un incidente de nulidad porque sus representados han sufrido actos de tortura, por lo cual presentaron una denuncia penal en contra de servidores públicos.
afcl
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