Guadalajara.— Familiares de las personas detenidas la noche del sábado pasado tras los ataques al palacio de gobierno y el Congreso de Jalisco durante una de las manifestaciones de la Generación Z denuncian detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.
El sábado por la tarde las autoridades permitieron que los encapuchados que se congregaron en la Plaza de Armas con sogas y herramientas actuaran prácticamente sin contención durante tres horas, hasta que con mobiliario público que desmontaron lograron derribar y quemar las puertas de los recintos.
Después, los policías contestaron con gases y agua para empezar a replegar a los manifestantes y comenzaron las persecuciones, los arrestos y las golpizas.
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“Mi hijo fue con una amiga al centro y estaban por Catedral cuando vieron cómo los policías estaban incluso molestando a personas mayores y se acercaron, reclamaron y se hicieron de palabras con algunos policías, así que mejor se fueron; cuando ya se retiraban, adentro del vagón del tren ligero vieron llegar a muchos policías y a ellos los jalaron del cabello para bajarlos y comenzaron a golpearlos”, relata la madre de uno de los detenidos.
Los familiares de los detenidos se enteraron de lo ocurrido a través de terceros que acudieron la noche del sábado a las instalaciones de la fiscalía para averiguar lo que ocurría.
Al respecto, el gobierno del estado informó que 44 personas fueron detenidas por lo ocurrido, que algunos de ellos provenían de la Ciudad de México, Guanajuato y Michoacán, y que se les decomisaron botes con gasolina, thinner, bombas molotov, petardos, barras metálicas, gas lacrimógeno y hasta un arma.
Mientras que, la Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que puso a disposición del Ministerio Público a 35 hombres adultos y cinco mujeres adultas, además de cuatro menores de edad.
Entre las personas detenidas está Ángel Yael Andrade Hernández, a quien se le acusa por “daños a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos”, y su detención fue grabada por el diario El Occidental, y circula en redes sociales, pues caminaba con su esposa y su bebé por el centro cuando se dio la persecución policiaca y al percatarse de que había gas lacrimógeno en el aire decidió quitarse la playera para cubrir a su hija, pero al verlo los policías afirmaron que era uno de los agresores.
“No sabíamos lo que estaba pasando, veníamos de compras, él se quitó la camisa para proteger a la niña y se lo llevaron los policías”, relató su esposa en el video.
Los relatos de otros de los familiares detenidos son similares: sus hijos salían de su trabajo o paseaban por el centro cuando fueron capturados por los policías, quienes los concentraron en el interior del palacio de gobierno, amenazaron a unos y golpearon a otros.
En tanto, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo señaló que tras recabar testimonios y analizar videos se advierten detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y posibles actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y violación al debido proceso.
Además, la organización indicó que lo ocurrido evidencia “la ausencia de protocolos de uso de la fuerza y actuación en contextos de movilización o protesta social”, por parte de las corporaciones policiacas de Jalisco.
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