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Ciudad Victoria.- La Secretaría de Salud del Gobierno de Tamaulipas presentó 70 denuncias, 14 de ellas de carácter penal, por el presunto quebranto al erario de casi 344 millones de pesos, por contratos que se otorgaron en la administración del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca a dos empresas vinculadas a los hermanos Carmona.
El apoderado legal de la Secretaría de Salud, Iván Saldaña Magaña, señaló en conferencia de prensa, que entre los principales imputados se encuentran el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca; su ex secretaria de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa; el entonces subsecretario de Planeación y Vinculación de la Secretaría de Salud, Horacio García Rojas Guerra; el ex subsecretario de Administración y Finanzas, Alejandro Aguilar Poegner; y el ex director de Compras de la Secretaría de Administración, Román Castillo Airola.
"Se estima un quebranto aproximado de 343 millones 966 mil pesos; esas cantidades de dinero fueron pagadas a dos empresas que están vinculadas a los hermanos Carmona, en donde las empresas que fueron beneficiadas son Grupo Industrial Permart, representada por Julio César Carmona Angulo, y Grupo Industrial Joser, representada por Carlos Alejandro Romero Guerra”, detalló Saldaña.
El director jurídico de la Secretaría de Salud estuvo acompañado en conferencia de prensa por el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro; la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, y la secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván.
Señaló que las denuncias fueron presentadas ante el Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas, y que los ilícitos detectados incluyen el uso indebido de atribuciones y facultades, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“El común denominador de estos actos es el hecho de que, durante el ejercicio fiscal 2017 y 2018, se celebraron diversos contratos de prestación de servicios, a través de los cuales dos empresas que están vinculadas a los hermanos Carmona se convirtieron en proveedores de mantenimiento a diversos hospitales de la entidad en la pasada administración estatal”, añadió.
Saldaña explicó que el modus operandi consistió en que dichas empresas se asociaron con exfuncionarios estatales para “hacer contrataciones por el monto de los 500 millones de pesos, de los cuales, por alguna situación especial y de forma rara y sospechosa, se dejó de cubrir la cantidad de 157 millones de pesos sin que hasta la fecha se encuentre dato o indicio alguno de que dichos proveedores hayan ejercido alguna acción legal en contra de dicha falta de pago”.
Ante una pregunta directa, el apoderado legal respondió que no se trata de una persecución política contra la anterior administración: “El gobernador Américo Villarreal Anaya no ha perseguido, no está persiguiendo, ni va a perseguir a ningún funcionario público. El gobierno que hoy encabeza nuestro gobernador no tiene por objeto realizar persecuciones políticas”.
aov
