San Francisco Cozoaltepec.— En la línea que divide a Tilzapote y Agua Blanca, ambas de la comunidad de San Francisco Cozoaltepec, en la Costa de Oaxaca, cuatro pescadores luchan contra el fuerte y violento oleaje. Dos de ellos lanzan una red cerca de la orilla del mar, uno dispara con su mano un hilo en cuya punta cuelga un anzuelo y, otro más, espera sentado en unas piedras sobre la arena.
La ubicación de los pescadores no es casual. Del lado de la playa de Agua Blanca destacan viviendas, algunos hoteles, casas de huéspedes y restaurantes. En la playa de Tilzapote, en cambio, se aprecia un paisaje inalterado por el hombre.
Se trata de una pequeña comunidad sin servicios básicos como agua potable y drenaje, donde sus habitantes decidieron cerrar el acceso a cualquier persona foránea por el temor al despojo de 300 hectáreas, incluida toda la franja costera de más de 1.5 kilómetros.
La comunidad de San Francisco Cozoaltepec ha promovido recursos para que se tomen en cuenta todas esas irregularidades dentro del juicio agrario y de amparo. Foto: Juan Carlos Zavala/ EL UNIVERSAL
Lo anterior, a causa de un juicio agrario que, con la presunta colusión de autoridades de la Procuraduría Agraria, el Tribunal Unitario Agrario, jueces federales, magistrados, y sin una asesoría jurídica adecuada, perdieron ante dos particulares que reclamaron como su propiedad esa extensión de tierra.
El juicio
En 2011, la comunidad de San Francisco Cozoaltepec se vio inmersa en un conflicto agrario. Una pareja, Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, interpusieron un amparo en el que reclamaban la propiedad de 300 hectáreas de Tilzapote. Su objetivo era que esas tierras se excluyeran de los bienes comunales.
Dentro del juicio, también expusieron que tenían un grupo de inversionistas interesados en la construcción de un desarrollo turístico en esa zona llamado Palmera 1, la cual tiene 48 hectáreas de playa que se extienden a lo largo de aproximadamente 1.5 kilómetros, con una inversión privada de 9 mil millones de pesos, según un contrato que está en el expediente.
La comunidad inició una lucha que incluyó bloqueos carreteros contra este despojo y también se defendió legalmente; sin embargo, la defensa, que era llevada por la Procuraduría Agraria, fue deficiente y permitió que se dictara una sentencia a favor de Pedro Martínez y Domitila Guzmán; un caso en el que también está involucrado un matrimonio potentado de Oaxaca: Florentino Audelo Galguera y Silvia Holm de Audelo.
La gestación de un fraude procesal
Pedro y Domitila presentaron en 2011, como prueba, una escritura y un contrato de compraventa, con fecha del 5 de noviembre de 1979, en la que sus patrones, Florentino Audelo y Silvia Holm, les vendieron las 300 hectáreas de Tilzapote; afirmaron que estaban bajo su posesión.
“Sin embargo, es de todos conocido en la región que esas tierras han sido y estado en posesión de los habitantes de esa comunidad indígena zapoteca”, señala a EL UNIVERSAL Marco Antonio Velázquez Ramírez, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Francisco Cozoaltepec.
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Dentro del expediente se conoció que Pedro y Domitila, cuando compraron esas tierras, entregaron un poder para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, con el fin de que Florentino Audelo y Silvia Holm pudieran disponer de ellas como ellos quisieran, aunque ya no fueran dueños. Tan es así, dice, que gravaron esas tierras como garantías de fianzas de una constructora denominada TIN S. A. de C. V., de la cual forma parte Florentino Audelo.
Tras concluir el juicio, el 10 de mayo de 2016, el Tribunal Agrario ordenó la desincorporación de los bienes comunales de esas hectáreas a favor de Pedro y Domitila, y con ello, las convirtió en propiedad privada.
Cuando promovieron el juicio, esta pareja únicamente solicitó en su demanda la exclusión de esas 300 hectáreas señalando que tenían en posesión esas tierras.
Sin embargo, de manera inexplicable e “ilegal”, mediante una aclaración de sentencia, Pedro y Domitila solicitaron ahora la entrega de esas 300 hectáreas, cuando esto no era parte de su demanda.
“En abierta parcialidad, sin razón alguna, en esa aclaración de sentencia, el Tribunal Agrario señala que se requiere al comisariado para la entrega de esa tierra, es decir, no existe ni siquiera una condena de entrega, sino un requerimiento nada más. La razón es obvia, porque nunca fue materia del juicio la entrega de esas tierras, sólo la exclusión”, apunta.
En el juicio agrario no fue posible ejecutar el fallo por lo que Pedro y Domitila promovieron un juicio de amparo ante un juez federal, en el que obtuvieron una sentencia para que les entregaran esas tierras. Éste determinó que no se podía ejecutar porque no había condiciones y podría haber un conflicto social, pues ahí existe una comunidad desde tiempos ancestrales.
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Pedro y Domitila promovieron un “incidente de cumplimiento sustituto”, es decir, que, si el Estado no podía garantizar la entrega material de las 300 hectáreas, entonces que se les pagaran. Para ello, presentaron los avalúos de las tierras realizadas por peritos que nunca estuvieron ni recorrieron el lugar para poder darles un valor.
Pese a esto, valuaron esa extensión de tierra en más de 4 mil 300 millones de pesos y se hizo una segunda actualización por un valor de 4 mil 700 millones, aproximadamente.
Pero, con un recurso de queja, interpuesto por el Tribunal Agrario con número 168/2020, se ordenó la reposición de dicho “incidente de cumplimiento sustituto” ya que no había una resolución que determinara que la entrega material de las tierras no se podía cumplir.
Por ello, un juez federal resolvió que era materialmente imposible de cumplir con la entrega de tierras, debido a que había pobladores ocupando esa zona, y declaró la inejecución de la entrega material de las tierras.
“Dicha resolución fue confirmada por el Tribunal Colegiado, pero de manera sospechosa e ilegal, la magistrada Adriana Alejandra Ramos León agregó que como ya se había realizado un incidente de cumplimiento sustituto, el juez podía valorar las pruebas desahogadas en ese incidente y convalidarlas; esto, fue ilegal porque al volverse a tramitar el incidente que se había ordenado su reposición, ya no se realizó el trámite apegado a la ley, sino únicamente se actualizó el avalúo”, explica.
Por eso, el 28 de enero del 2025, un juez ordenó al Estado mexicano pagar más de 6 mil millones de pesos a Pedro y Domitila por esas tierras.
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Una segunda escritura
Asimismo, con la ampliación de la carretera que conduce de San Pedro Pochutla a Puerto Escondido, también conocida como construcción de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, Pedro y Domitila también demandaron mediante un juicio de amparo al Presidente de la República el pago de derecho de vía bajo el argumento de que la carretera pasaba por sus tierras.
Pero dentro de ese juicio de amparo, los hijos de Florentino Audelo y Silvia Holm, a través de su apoderado legal Héctor Manuel Salinas Mendoza, afirmaron ser dueños de esas 300 hectáreas porque en el 2002, Pedro y Domitila se las vendieron a Silvia Holm, quien las compró para sus hijos, y como prueba, mostró la escritura número 7108, el poder que les habían otorgado y un certificado con más de 10 gravámenes que habían sido garantías de la constructora TIN.
Esto, afirman los abogados de la comunidad de San Francisco Cozoaltepec, era elemento suficiente para detener el juicio agrario porque existían dos dueños, pero no sucedió así.
El fraude consistió, explican, en la simulación entre Pedro y Domitila y los Audelo: Pedro y Domitila les compran a sus patrones esas 300 hectáreas en 1979, pero en esa misma fecha les dan un poder notarial amplio para que dispongan de esas mismas tierras y puedan venderlas o gravarlas, y en 2002, Pedro y Domitila les regresan las mismas tierras mediante un contrato de compraventa a Silvia Holm; sin embargo, esta venta la mantienen sin inscribir en el Registro Público de la Propiedad, lo que hace que no se supiera de esta compra-venta por parte de cualquier particular. Hasta 2018 inscriben esta segunda escritura, cuando Pedro y Domitila ya habían ganado un juicio, haciéndose pasar por dueños, pero ya no lo eran. “Ahí está el fraude”.
La comunidad ha promovido recursos para que se revise y se tomen en cuenta todas esas anomalías dentro del juicio agrario y el juicio de amparo, así como por los avalúos en los que no es creíble la cantidad en la que valuaron las 300 hectáreas por ser una población sin infraestructura básica.
También ha presentado quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra del juez y las magistradas por la parcialidad a favor de Pedro y Domitila, y ha interpuesto denuncias ante las fiscalías General de la República y la de Oaxaca contra Pedro, Domitila, Silvia y sus hijos, por los delitos de falsedad en declaraciones, simulación de actos jurídicos, uso de documentos falsos y fraude procesal en contra de la comunidad de San Francisco Cozoaltepec.
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“Hago un llamado a las diferentes autoridades que nos ayuden y que analicen a fondo todas estas irregularidades”, expresa Antonio Velázquez.
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