Campaña del INE excluye a pueblos indígenas y afromexicanos; denuncian falta de inclusión en elección judicial

La integrante de la Red de Abogadas Indígenas, Flora Gutiérrez, aseguró que la campaña y propaganda para la elección extraordinaria de cargos del Poder Judicial de la Federación realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) se ha olvidado de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

Esto implica, dijo, que se está dejando de lado a 42 millones de personas, 39 millones que se autoadscriben como indígenas y tres millones como afromexicanas.

Durante su participación en el foto “Ningún agresor al Poder Judicial. Retos de la Reforma Judicial y el Derecho Real de las Mujeres a las Justicias”, dijo que el proceso electoral en el que se eligieron a quienes ocuparán los cargos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las magistraturas y juezas y jueces, no es conocida en los pueblos y comunidades indígenas, o no hay claridad sobre la forma en que emitirán sus votos.

“La campaña y propaganda del INE no va dirigida a un país diverso y pluricultural que existe en México. El INE debe tomar en cuenta esta diversidad. Son 42 millones de personas que no está tomando en cuenta, los consejos distritales del INE en Oaxaca no están haciendo el trabajo, no están bajando la información a las comunidades”, aseguró.

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Concepción Rueda, diputada local por Morena, por su parte, negó que la elección de cargos en el Poder Judicial de la Federación sea un mecanismo para garantizar esos puestos a personas cercanas o allegadas a sus partidos político.

Esto, argumento, porque se hizo una convocatoria abierta; prueba de ello, agregó, es que se les “colaron” personas vinculadas al crimen organizado y hombres y mujeres violentadoras de mujeres.

La directora de Consorcio para el Diálogo Parlamentaria y la Equidad Oaxaca, Yésica Sánchez Maya, en su intervención, destacó que entre los retos de la reforma al Poder Judicial de la Federación es que los nuevos integrantes conozcan del control de convencionalidad para garantizar los derechos humanos en la ponderación de las normas locales con los tratados internacionales; la perspectiva de género en las sentencias; cero tolerancia de la violencia contra las mujeres; los derechos de los pueblos y comunidades indígenas; y la libertad de expresión, entre otros.

“La justicia no como un privilegio, sino como un derecho. La justicia para las personas de a pie”, dijo.

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