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El diputado local por el Partido del Trabajo (PT), Dante Montaño Montero, adelantó la posibilidad de solicitar juicio político en contra del presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Juan Carlos García Márquez, por la ejecución extrajudicial del joven estudiante Diego Ignacio Paz.
Para el legislador, no se puede concebir que el edil Juan Carlos García haya protegido de esa manera a los policías municipales y titulares de la corporación de seguridad pública municipal que asesinaron a un joven estudiante que no se encontraba tomado y que no había ingerido bebidas alcohólicas en un operativo alcoholímetro.
También condenó el presidente municipal de Santa Lucía del Camino haya difundido información falsa de que el joven se encontraba en estado de ebriedad y que hayan inventado que había atropellado a unos policías, y “que hubiese culminado en el homicidio de este muchacho y al parecer de su acompañante que también fue bastante herido”.
La noche de 30 de agosto de 2024, Diego Ignacio Paz y otro joven que lo acompañaba viajaban en un vehículo, cuando uno de los policías les ordenó bajarse del vehículo en el retén. Ante el temor por la actuación prepotente de los agentes de seguridad, Diego evadió el alcoholímetro y dejó el carro estacionado calles adelante. Él y su acompañante trataron de continuar a pie y escapar de los policías; de pronto se separaron y los policías dispararon sus armas y mataron a Diego, mientras que al otro joven lo torturaron encima del techo de una casa, que posteriormente se desplomó.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) confirmó que el asesinato de Diego Ignacio Paz fue una ejecución extrajudicial, y que el otro joven que lo acompañaba fue víctima de tortura.
También reveló que no se encontraba alcoholizado ni había consumido drogas, según los dictámenes periciales; y que hasta la fecha, el gobierno municipal de Santa Lucía del Camino no ha iniciado ninguna acción de responsabilidad administrativa contra los agentes de seguridad pública involucrados.
“Vamos a presentar en breve un posicionamiento en el Congreso porque creo que, nosotros ya lo denunciamos, la ciudadanía de Santa Lucía del Camino vive con temor de su policía municipal… A principios de la legislatura hice un llamado para que la Guardia Nacional se hiciese cargo de la seguridad pública municipal, ya que había reiteradas eh situaciones de eh violencia de los derechos humanos de la policía municipal”, dijo el diputado Dante Montaño.
Con la recomendación de la DDHPO se confirmó también que Juan Carlos García Márquez difundió información falsa de las víctimas. Para el diputado local del PT, esto habla “de una persona que no tiene escrúpulos y que no eh tiene escrúpulos para tener el poder”.
Y sostuvo que también hubo complicidad del gobierno del estado porque en su momento pudo solicitar que el edil de Santa Lucía del Camino se separara del cargo en tanto continuaban las investigaciones alrededor de la ejecución extrajudicial de Diego Ignacio Paz.
“Haría un llamado de solidaridad a la familia porque creo que no puede permitirse que por miedo se quede callado este homicidio contra este jovencito Diego Paz”, apuntó el legislador petista.
De la misma manera, insistió en que en este crimen hay responsabilidad directa del presidente municipal por la cadena de mando, aunque puntualizó que esto lo deberá determinar la autoridad competente.
Lo anterior, explicó, porque los presidentes municipales son quienes tienen bajo resguardo las armas de fuego que utilizan los integrantes de la corporación de seguridad pública, así como los titulares de las áreas o direcciones de seguridad pública.
“Debió de fijarse a quién le otorgaba un arma. Es muy clara la ley y el policía que debe estar armado es el policía que ha cumplido con su examen de control y confianza. O sea, entonces o falló quien resolvió que el examen de control y confianza de estos policías que persiguieron a Diego y lo mataron, le falló al Estado la evaluación; o bien, el responsable de la policía municipal aquí en Santa Lucía le otorgó armas a quienes no tenían la capacidad psicológica, emocional y técnica de portar un arma”.
afcl/LL
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