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15 de octubre. Cancún, Q. Roo.- Mientras el alcalde de Tulum, Diego Castañón, insiste en negar la crisis que enfrenta aquel emblemático centro turístico y atribuye las crecientes críticas que recibe su gobierno por el manejo de la problemática, a “una campaña negra”, diputados de Movimiento Ciudadano y Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Quintana Roo, demandaron hoy que la situación se enfrente y, de entrada, se cumpla con la ley que garantiza que pobladores y turistas entren gratuitamente a las playas, sin mayor condicionamiento.
También este miércoles se anunció que la Secretaría de Turismo (Sectur) dará a conocer mañana, en Tulum, los acuerdos alcanzados para el rescate de la imagen del destino, entre los cuales figura la obligatoriedad para que el sector hotelero habilite accesos públicos a las playas.
La titular de la dependencia federal, Josefina Rodríguez Zamora, estará acompañada por la gobernadora de Quintana Roo, “Mara” Lezama Espinosa, y el presidente municipal, Diego Castañón Trejo, para dar a conocer los compromisos derivados de aquella reunión.
Estos acuerdos forman parte de las acciones concertadas entre autoridades de los tres órdenes de gobierno el pasado 13 de octubre, durante un encuentro de alto nivel celebrado en la Ciudad de México, para abordar la problemática.
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Entre lo convenido, está que se habiliten accesos públicos a las playas por cada hotel asentado en la zona costera, adelantó el munícipe, en entrevista con EL UNIVERSAL.
“Que haya un paso, un acceso que esté bien hecho y todo, esa es la otra cosa que estamos acordando. Que cada hotel, cada ciertos metros puedan hacer los accesos, podamos hacer los accesos; algunos para que ya se pueda entrar por ahí y la gente no tenga que pasar por el hotel a las playas”, indicó.
Sin embargo, la crisis de Tulum no se limita al acceso a las playas, sino que abarca –según empresarios y habitantes– al desorden urbano creciente, con proyectos inmobiliarios u hoteleros que se construyen sin autorizaciones federales, pero sí municipales, lo que ga provocado clausuras, amparos y la intervención de la Propia Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Empresarios consultados por este diario también refieren la extorsión a hoteles y negocios; cuerpos colegiados y grupos de la sociedad civil organizada como Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) señalan la violación del marco ambiental; turistas y locales se quejan de los precios excesivos; existe una “búrbuja inmobiliaria” identificada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), desde que fue dirigido por Rogelio Jiménez Pons; y hay reportes sobre la discriminación a turistas nacionales, mostrada por algunos prestadores de servicios.
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La mención de este escenario escaló desde hace más de una semana, para explicar por qué el desplome de la ocupación hotelera de Tulum, en una temporada que ya de por sí es históricamente baja en el Caribe Mexicano –“septihambre”, se le llama localmente– que inicia en septiembre y culmina en noviembre, para dar paso a la temporada más alta del año: las vacaciones de invierno.
Del 23 de septiembre al 3 de octubre, este centro turístico tuvo una ocupación del 49.2 por ciento respecto en sus casi 12 mil cuartos, conforme al Sistema de Información Turística de Quintana Roo (SITUR), que en ese mismo periodo, pero del 2024, marcó un 61.4 por ciento de ocupación, según la misma fuente.
Castañón: “Esto no es una crisis; es una campaña mediática”
Durante la entrevista, Castañón Trejo rechazó que Tulum viva una crisis y aseguró que las críticas responden a una campaña de desprestigio.
“Esto no es una crisis; es una campaña mediática que busca afectar al destino. No somos un pueblo fantasma, el turismo sigue llegando”, afirmó.
Atribuyó la disminución de la ocupación hotelera a la estacionalidad del mercado y no a una pérdida de sus atractivos.
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“En este momento estamos en 54 por ciento de ocupación, pero en noviembre subiremos a 80 por ciento y en diciembre a más, porque vienen los festivales y la temporada alta”, dijo, al adelantar que, por ejemplo, está programado el Festival Zamná, que congregará a más de 30 mil personas del 30 de diciembre al 15 de enero.
“Si estuviéramos en crisis, simplemente no vendrían. Entonces esperamos una ocupación mayor al 90 por ciento en la temporada invernal”, insistió.
Niega abandono e inseguridad
Frente a los señalamientos sobre la inseguridad y el cobro por derecho de piso a establecimientos, como argumento expuesto por algunos empresarios consultados, para explicar los costos excesivos que se cobran en Tulum, Castañón afirmó que la incidencia delictiva ha disminuido en 60 por ciento gracias al trabajo conjunto con autoridades estatales, federales y municipales y prácticamente descartó esa explicación.
Negó que los problemas de cobros ilegales o extorsión sean generalizados y aseguró que la administración trabaja para mantener la confianza de empresarios y visitantes.
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Admitió que un asunto que pegó particularmente al destino y a su ocupación en este año, fue el arribo de sargazo que, aseguró, superó el volumen de 2018, identificado como el año de mayor arribo de la macroalga a las costas de Quintana Roo.
“Fue el peor año que hemos tenido por el sargazo”, sostuvo, al señalar que se realizan labores permanentes de limpieza en las zonas costeras.
“Lo manejé mal”, admite edil sobre invitación para entrar a playas “sin nada”
El punto más álguido de la problemática, al menos mediáticamente, ha sido la restricción para entrar a las playas que antes, eran de acceso público.
Con la operación del Parque Jaguar, el Ejército Mexicano, a través de un esquema de empresa llamado ahora “Grupo Maya” – antes Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM), para entrar a esas playas, antes de acceso público, se comenzó a cobrar, pues se ubican dentro de esa Área Natural Protegida (ANP) y de una anterior: El Parque Nacional Tulum, decretada en los años 80 como tal.
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A ello se sumaba un tercer cobro: el de la icónica Área Arqueológica de Tulum, decretada como Zona de Monumentos Arqueológicos Tulum-Tankah, bajo decreto de 1993.
La confluencia de tres autoridades ahí –Grupo Maya, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), no ha terminado de ser explicado a nivel público. Los empresarios locales se han quejado de que el Parque Jaguar, por ejemplo, fue una imposición, no consultada, que vino a complicar la situación del Parque Nacional Tulum y los propietarios de tierras.
Para subsanar la situación de los cobros para acceder a esos sitios y disfrutar de las playas se convinieron dos esquemas.
Uno, el ingreso gratuito, pero a pie, por el acceso sur del Parque Jaguar, lo que implica caminar más de dos kilómetros para entrar a una de las playas tradicionalmente disfrutadas por turismo y pobladores. Para entrar en vehículo, se debe pagar. Además, al ser ANP la Conanp restringue artículos para ingresar, como plásticos de un solo uso, con base en el Programa de Manejo.
El otro esquema aplica para la zona hotelera de Tulum, del lado de Punta Piedra, que es para Castañón, “un logro”, pero le valió ser “funado” (cancelado en redes sociales).
Ocurre que al promocionar el programa “Playas Libres”, consistente en gestionar con hoteleros que se permitiera entrar a las playas a través de los lobies de los centros de hospedaje, el edil recalcó que las y los bañistas debían entrar sin nada: Sin alimentos, bebidas ni sombrillas. La opinión pública se le fue encima.
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“A ver, ahí yo creo que lo manejé mal”, reconoció, al asegurar que quiso decir algo distinto, resaltando que por primera vez un alcalde en la historia de Tulum había solicitado a la hotelería y ésta aceptaba que la gente accediera a través de propiedad privada, sin consumo mínimo, a un espacio que es público: Las playas. “Porque las playas son de todos”.
Al respecto, aseguró que, contrario a lo que comunicó originalmente, las y los bañistas pueden entrar con alimentos y bebidas a los 15 hoteles que adoptaron el programa, pero sin ocupar la zona federal concesionada por los hoteles, clubes de playa o bares.
También dijo conocer el decreto emitido por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que dispuso que a falta de accesos públicos a las playas, los hoteles debían garantizar que la gente pudiera entrar a través de sus instalaciones a disfrutar de las playas.
“Se está buscando abrir el acceso norte al Parque Jaguar, que es el que da vida a la parte comercial, pues mantiene a más de 500 personas”, añadió, para luego mencionar la iniciativa de ley que se impulsó en el Congreso de la Unión para el acceso gratuito a las playas localizadas dentro de Áreas Naturales Protegidas.
Congreso en Quintana Roo exige libre acceso a las playas
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En sesión ordinaria, celebrada hoy, el diputado José Luis “Dr. Pech” Várguez exhortó al Ayuntamiento de Tulum a garantizar el libre acceso a las playas públicas, en cumplimiento de los artículos 27 y 11 de la Constitución y del artículo 8 de la Ley de Bienes Nacionales, que prohíbe cualquier tipo de restricción o cobro para ingresar al litoral.
“Lo que está en juego no es solo un pedazo de costa: es el derecho de cada mexicano a disfrutar lo que la Constitución dice que le pertenece”, señaló el legislador.
Recordó que cuando fue senador presentó una iniciativa para asegurar el libre acceso a las playas, que fue aprobada por unanimidad en la Cámara Alta pero frenada posteriormente en la Cámara de Diputados.
“No estamos pidiendo un favor. Estamos exigiendo el cumplimiento de la ley, el respeto a la Constitución y la recuperación del orgullo de ser quintanarroenses”, sostuvo.
Pech pidió que se reabran los accesos a Playa Pescadores, Playa Maya, Playa Santa Fe, Playa Mangle y Playa Paraíso, históricamente públicas, –ahora dentro del polígono de Parque Jaguar– y se retiren las bardas que impiden el paso en la zona hotelera.
En sintonía, diputados del PAN respaldaron la propuesta y votaron a favor de incluir en el orden del día un punto de acuerdo para exhortar al Ayuntamiento de Tulum a garantizar el libre acceso a las playas.
Sin embargo, la mayoría de legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y partidos aliados votaron en contra de discutir el tema, lo que impidió que el exhorto fuera aprobado.
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dmrr/cr
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