El gobierno mexicano realizó un nuevo envío de capos a Estados Unidos bajo la figura de “traslados” y no de extradiciones, una distinción legal que especialistas cuestionan y que abre debate sobre soberanía, garantías judiciales y el papel de la presión internacional.
El 12 de agosto de 2025, México trasladó a Estados Unidos a 26 líderes criminales que cumplían condena en cárceles de alta seguridad. Entre ellos estaban Servando Gómez Martínez, “La Tuta”; Abigael González Valencia, “El Cuini”; y Pablo Edwin Huerta, “El Flaquito”. Con esta entrega, suman 55 capos enviados al otro lado de la frontera en lo que va del año, tras los 29 entregados en febrero.
El pasado 13 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que estos procedimientos son “decisiones soberanas” tomadas por el Consejo Nacional de Seguridad bajo protocolos institucionales, con “respeto a los derechos humanos y al debido proceso”.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, defendió la medida: “Allá tienen un procedimiento abierto y el beneficio es que dejen de operar en nuestro país”.
La primera entrega masiva ocurrió el 27 de febrero, cuando 29 generadores de violencia fueron enviados a Estados Unidos. En esa lista estaban figuras como Rafael Caro Quintero y cabecillas de cárteles como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y Los Zetas.
En aquel momento, la Casa Blanca describió el proceso como “extradiciones” realizadas a petición del entonces presidente Donald Trump. Sin embargo, horas después, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, precisó que se trató de “envíos” y no de extradiciones formales.
Este matiz marcó la pauta para lo ocurrido en agosto: recurrir a traslados en lugar de un proceso judicial más largo y sujeto a tratados internacionales.
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A diferencia de una extradición, que se rige por convenios bilaterales y un proceso judicial que involucra a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a un juez, el traslado ha sido justificado legalmente bajo la Ley de Extradición Internacional o la Ley de Seguridad Nacional.
Para David Saucedo, especialista en seguridad, esta vía ha sido utilizada para sortear la ruta tradicional: “Como no había manera de hacerlo de manera legal, el gobierno invocó la Ley de Extradición Internacional y realizó una interpretación errónea”.
La abogada Cecilia Kalach, en cambio, subraya que en el traslado más reciente sí se cumplieron ciertos requisitos: “En la primera entrega, ninguno de los gobiernos emitió fichas de extradición; en esta segunda, sí se hizo, por lo que es un proceso legal”.
México no puede extraditar a personas que enfrenten la posibilidad de pena capital, ya que la Constitución prohíbe esta sanción. Por ello, en el envío de capos se incluyó una condición: que Estados Unidos no aplique la pena de muerte a los reos.
Kalach advierte: “La extradición no es un estado de excepción para poder aplicar la pena de muerte. Y Estados Unidos tampoco es el epítome de la democracia para recibir a estos generadores de violencia”.
Saucedo también cuestiona la narrativa oficial: “No fue una decisión soberana, fue una decisión por presión norteamericana para desmantelar a los cárteles de droga”.
Saucedo anticipa que habrá más traslados. El especialista vaticina “una tercera y una cuarta entrega” como parte de acuerdos bilaterales para reforzar la cooperación en seguridad.
Kalach, sin embargo, alerta sobre las implicaciones: “Es evidente que el Estado mexicano ha perdido el control sobre su poder ministerial y judicial, además de que no existe certeza de que se realizarán juicios justos y efectivos”.
Más allá de los argumentos legales y de seguridad, los especialistas visibilizan que estas entregas operan como un intercambio político, pero que en el fondo pueden no tener un impacto significativo contra las organizaciones criminales.
“En algún momento se le van a acabar los narcos a la Presidenta. Extraditarlos no elimina la producción y consumo de drogas, sino que provoca el surgimiento de nuevos liderazgos en las organizaciones criminales. Cuando Sheinbaum haya entregado la lista completa, Trump ya estará trabajando en la siguiente”, puntualiza David Saucedo.
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