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El llamado “Pandoro Gate” nació en 2021–2022 después de que se detectara que campañas promocionales vinculadas a productos navideños (pandoro de la marca Balocco) y huevos de Pascua sugirieron que parte del precio de venta iría a obras benéficas —en concreto al hospital Regina Margherita de Turín— cuando, según las investigaciones, las donaciones no estaban ligadas a las compras como se anunciaba.
Esa investigación llevó a la apertura de expedientes administrativos y, más tarde, a una acusación penal por estafa agravada a la influencer de moda y empresaria Chiara Ferragni.
Lo sucedido ayer en la audiencia
El 25 de noviembre, la Fiscalía de Milán solicitó formalmente una pena de un año y ocho meses de prisión por el delito de estafa agravada contra Chiara Ferragni.
El proceso sigue su curso: la defensa niega la comisión de un delito y afirma que muchos de los aspectos ya fueron abordados vía sanciones administrativas y donaciones. La próxima audiencia quedó fijada para diciembre, y la resolución final se conocerá según el calendario judicial.
Sanciones y acuerdos ya ejecutados
Antes del proceso penal, Ferragni y sus empresas afrontaron medidas administrativas: investigaciones de la Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado italiana (AGCM) y multas por prácticas comerciales calificadas como engañosas.
Además, la influencer de moda ha realizado donaciones y acuerdos económicos —según reportes, el total de aportes y pagos vinculados al caso asciende a alrededor de 3.4 millones de euros, que incluyen pagos acordados con entidades beneficiarias y sanciones administrativas. Ferragni ha declarado que actuó de buena fe y que cerró responsabilidades civiles y administrativas previas.
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¿Qué podría perder (y qué ya ha perdido)?
Legalmente, si el tribunal la encontrara culpable, la petición fiscal de 20 meses abriría la vía a una condena potencialmente privativa de libertad (la acusación habla de estafa agravada, cuyo marco penal puede conllevar penas superiores según la gravedad y circunstancias). Además del riesgo penal, las consecuencias prácticas ya visibles y las que podrían ampliarse son:
- Económicas: multas, devolución de ganancias y costes judiciales (ya hay pagos y sanciones previas).
- Reputacionales: pérdida de confianza de parte del público y potencial impacto en colaboraciones con marcas y contratos comerciales. Los medios han documentado repercusiones en su imagen pública desde que estalló el caso.
- Corporativas: sus empresas podrían sufrir caídas en ventas, rescisión de acuerdos o revisiones contractuales por parte de socios internacionales.
Qué ha dicho Ferragni y la defensa
Chiara Ferragni ha defendido su actuación, sosteniendo que hubo errores de comunicación, pero no intención fraudulenta. Su equipo legal recuerda que ya se han efectuado desembolsos y acuerdos civiles (donaciones y sanciones administrativas) y confía en demostrar la ausencia de dolo en el procedimiento penal. La defensa también ha pedido considerar el cierre de las vías administrativas previas como parte del contexto.
La regulación y el debate público
El caso tiene además un efecto de política pública: en Italia ha reabierto la discusión sobre la regulación de los influencers y la publicidad con fines caritativos, impulsando controles sobre cómo se comunican las campañas comerciales que mezclan comercio y filantropía. La atención mediática también revela cómo los consumidores esperan mayor transparencia cuando se asocian ventas con causas.
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