La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios () presentó 17 propuestas para impulsar el más económica.

Para presentar estas propuestas, AMPI realizó un estudio donde detectó que el país se encuentra inmerso en un "círculo vicioso" que ha hecho del acceso a un hogar una para la mayoría de la población.

El presidente nacional de AMPI, Karim Antonio Oviedo Ramírez, destacó que la crisis de la vivienda no se debe a una burbuja especulativa, sino a una fractura estructural definida por la accesibilidad y la elegibilidad.

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El valor de la vivienda se ha triplicado en los últimos 15 años

En los últimos 15 años, de 2010 a 2025, el valor de la vivienda a nivel nacional casi se ha triplicado, con un incremento acumulado de 184%.

Con un precio promedio que alcanza los 1.8 millones de pesos, por lo que se ha vuelto inasequible para la mayoría, al grado que en la práctica se necesita sumar el ingreso de dos o tres personas para calificar a un crédito, destacó Oviedo, en conferencia de prensa.

Por otro lado, el 55% de la población ocupada trabaja en la informalidad, lo que excluye a más de la mitad de la fuerza laboral de los mecanismos de crédito hipotecario tradicionales, creando una crisis de elegibilidad.

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Al mismo tiempo, la producción de vivienda se ha contraído drásticamente, con una caída aún más alarmante en la vivienda de interés social, que se desplomó un 77% entre 2016 y 2024.

AMPI detalló que los desarrolladores de vivienda enfrentan una sobrerregulación que implica de 12 a 16 trámites y una tardanza exagerada en permisos que promedia de 100 a 180 días, llegando hasta 18 meses en desarrollos de la Ciudad de México.

A esto se suma la falta de mano de obra capacitada y la poca adopción de innovación en los métodos constructivos.

AMPI detalló que los desarrolladores de vivienda enfrentan una sobrerregulación que implica de 12 a 16 trámites y una tardanza exagerada en permisos que promedia de 100 a 180 días, llegando hasta 18 meses en desarrollos de la Ciudad de México. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
AMPI detalló que los desarrolladores de vivienda enfrentan una sobrerregulación que implica de 12 a 16 trámites y una tardanza exagerada en permisos que promedia de 100 a 180 días, llegando hasta 18 meses en desarrollos de la Ciudad de México. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Propuestas de la AMPI

Por lo tanto, la AMPI propone evaluar a trabajadores informales usando historiales de pago de renta y servicios, con garantías de la Sociedad Hipotecaria Federal.

Segundo, crear cuentas donde el ahorro para el enganche sea multiplicado por aportaciones del gobierno y empresas.

Permitir el ajuste de tasas a la baja sin penalización e incluir seguros de desempleo robustos hasta de 12 meses; crear microcréditos colectivos donde se fomenten las cooperativas para que grupos de familias cubran enganches de forma solidaria.

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Que se permita la renta con opción a compra donde la renta se acumule como enganche para una compra futura; incentivar la construcción de vivienda en renta asequible y modernizar la regulación; adoptar la construcción prefabricada y modular, y agrupar compras públicas para reducir costos; crear entidades públicas para adquirir y preparar reservas territoriales estratégicas destinadas a vivienda asequible.

Implementar ventanillas únicas digitales para agilizar permisos; planificar parques industriales con comunidades de vivienda obrera, escuelas y servicios; exigir por norma que los nuevos parques industriales destinen un 10 o 20% de su suelo a vivienda digna; escalar microcréditos para renovación de vivienda, condicionados a la supervisión de profesionales certificados; ofrecer deducciones de ISR por integrar tecnologías sostenibles como paneles solares y ahorro de agua.

Modernizar registros públicos para acelerar la regularización de la tenencia de la tierra; crear una plataforma de datos abiertos con información de la Sociedad Hipotecaria Federal, el Registro Único de Vivienda, Conavi e Infonavit para monitorear el mercado.

Usar inteligencia artificial para crear un "scoring inclusivo" que conecte la demanda informal con la oferta; y, por último, crear un padrón nacional de asesores inmobiliarios obligatorio y digital, vía reforma legal, para certificar asesores, combatir el fraude y proteger al consumidor.

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sg/mcc

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