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Un paquete fiscal agresivo y recaudatorio que generará un intenso cabildeo y hasta impugnaciones en los tribunales es anticipado por fiscalistas a partir de la propuesta que se entregará hoy al Congreso de la Unión junto con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026.
Se espera que se presenten cambios al Código Fiscal de la Federación (CFF), a la Ley Aduanera y Ley Federal de Derechos, con un sentido de justicia fiscal y social, a consideración de los diputados y senadores, con lo cual pasarán a segundo plano el marco macroeconómico estimado para el próximo año y el gasto público.
De acuerdo con lo adelantado por la presidenta Claudia Sheinbaum en sus conferencias de prensa y por la consejera jurídica, Ernestina Godoy, a legisladores de Morena, serán modificaciones que afectarán más a las empresas e instituciones financieras.
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Con ello se cumplirá la promesa y se dará continuidad a la política de no aumentar ni crear nuevos impuestos, ni habrá necesidad de una reforma fiscal integral de fondo.
Así, se pretende hacer cambios de “gran calado” para evitar la evasión fiscal, la corrupción en las aduanas y proteger la salud, sobre todo de los menores de edad.
Para las refresqueras
Sobre la propuesta relacionada con los impuestos que pagan las empresas productoras de bebidas saborizadas, el integrante de la Comisión de Evaluación de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Jesús Rodríguez Ambriz, consideró que lo más probable es que el paquete fiscal contenga una propuesta para limitar el contenido de azúcar.
Por otro lado, medidas aduaneras para encarecer insumos y restricciones indirectas, como por ejemplo deducibilidad o por publicidad.
Se irían por modificaciones al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), quizá con un esquema progresivo por azúcar, estimó.
Una opción sería elevar de manera significativa la cuota del IEPS que se aplica a refrescos, ya sea en términos absolutos, con 2 o 3 pesos por litro, o aplicando un mecanismo progresivo según el contenido de azúcar.
También podrían diferenciar la tasa según concentración de azúcares: más gramos de azúcar = más impuesto.
Refirió que ese modelo ya se ha aplicado en Reino Unido, Chile y Portugal.
Podrían endurecer los controles a importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa, insumo central de refresqueras, previó.
En su opinión, eso sería un golpe indirecto, encareciendo costos de producción y reduciendo la dependencia de insumos extranjeros.
En materia del IVA, el fiscalista, recordó que actualmente las bebidas azucaradas pagan una tasa de 16%, pero podrían eliminar cualquier exención en productos fronterizos o endurecer criterios de acreditamiento en su cadena de suministro.
Otra posibilidad, dijo, puede venir por el lado del etiquetado y deducibilidad fiscal.
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Es decir que podrían limitar la deducibilidad de gastos de publicidad y mercadotecnia de las refresqueras, sobre todo aquellos dirigidos a niños y niñas.
Una más es que plantearían reforzar el etiquetado frontal nutrimental (los sellos negros) con sanciones económicas más duras para quien incumpla.
Rodríguez mencionó que hay cálculos de que todo eso podría reducir el consumo de 20 mil a 19 mil millones de litros, una caída aproximadamente de 3.25%, mientras que la recaudación del IEPS subiría de 27 mil 800 millones a 38 mil 700 millones de pesos, un alza de 39% en ingresos fiscales.
Sobre quitar la deducción que hacen los bancos por las aportaciones al IPAB, el especialista agregó que va a generar litigios.
En tanto, el integrante del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), Guillermo Mendieta, explicó es que el IEPS es un gravamen que va implícito en el producto y que tiene como fin desincentivar el consumo.
“Todo lo que engorda y hace daño, es lo que causa el IEPS”, expresó.
En el caso de las bebidas saborizadas, ronda un peso por cada litro, que también puede ser jugo u otra bebida con jarabe de maíz.
Tiene el objetivo de persuadir a la población para que baje el consumo por los efectos sobre la salud, no sólo de los adultos, en especial de los menores de edad, destacó.
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Presupuesto verde
Muchos de los procesos que los gobiernos utilizan para tomar decisiones pueden contribuir a la lucha contra la crisis climática, según un documento de la OCDE.
Un ejemplo es el presupuesto verde, que consiste en integrar consideraciones climáticas y ambientales en las decisiones sobre impuestos y gasto público.
Podría utilizarse de forma más eficaz si se fomenta la participación de la sociedad civil y los parlamentos en el seguimiento y la supervisión.
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De acuerdo con el más reciente Índice de Presupuesto Verde de la OCDE, el promedio de los países miembros es de 0.49 puntos; México tiene una puntuación de 0.43 unidades.
En este enfoque integral del presupuesto verde, la escala va de cero que significa mínimo al 1 como máximo.
Ninguno de los 24 países que recoge la muestra alcanza la máxima puntuación; la más alta la tiene el Reino Unido con 0.80 seguido de Irlanda y Noruega con 0.77 y 0.70, cada uno, mientras que la más baja es Suiza con 0.20 unidades.
