
Las multas y sanciones por incumplir o no realizar debidamente una obligación o trámite ante una instancia fiscal o administrativa, tienen un peso cada vez más importante en los ingresos de los gobiernos locales y federal, de acuerdo con especialistas.
Esto se detectó al implementar herramientas tecnológicas que permiten a las autoridades tener mayor coordinación, destacó el despacho NRC Abogados.
“A diferencia del pasado, las autoridades son más rigurosas y buscan que los ciudadanos cumplan; de lo contrario se hagan acreedores a las multas que muchas veces ya duele en el bolsillo”, indicó Asahel Cinto, socio de la firma.
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Recordó que las penalizaciones siempre han existido, aunque no se les daba tanta importancia.
Ahora representan un ingreso importante para los gobiernos, como por ejemplo las que se desprenden del impuesto predial y por las declaraciones de impuestos.
Cuando se trata del pago de impuestos, se aplican cargos por no cumplir a tiempo o en forma, dijo, además hay que pagar recargos y actualizaciones en adición al monto de la contribución y la multa.
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También subrayó las derivadas de construcciones, que hoy están en el “ojo del huracán” por distintas irregularidades que surgieron en los últimos años, sobre todo en la Ciudad de México (CDMX), donde hubo más presiones, y la tendencia se extendió a otras entidades.
En materia administrativa, normalmente se establece un mínimo y un máximo para la penalización, y sobre ese margen la autoridad puede determinar el correctivo.
No obstante, señaló, actualmente se percibe la tendencia a buscar el castigo de mayor monto, y si se trata de una empresa mediana o grande, puede pagarse para evitar irse a juicio ante un tribunal, lo que termina siendo más caro.
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En materia tributaria, aparecen ese tipo de multas en la Opinión de Cumplimiento del SAT, en el que muchas veces el contribuyente prefiere pagar para no ver manchado su historial, dijo Cinto.
Refirió que ese documento es requisito para proveedores o clientes, dependiendo del tipo de actividad que se realice, o al participar en licitaciones públicas o privadas.
“Por eso tienden a pagar esas multas o impugnarlas para no quedarse así, porque les afecta en la Opinión de Cumplimiento”, dijo.
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Entre las multas más emblemáticas, mencionó que el desaparecido INAI establecía hasta 60 millones de pesos por faltas en el tratamiento de datos personales.
Había un catálogo específico de conductas, pero las sanciones podían ser muy altas. En el caso de obras, las multas se establecen hasta por 5% del valor de la construcción o clausura, un costo relevante para desarrolladoras, explicó.

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