El año pasado, 10.1 millones de hogares de bajos ingresos no recibieron programas sociales vía transferencias monetarias directas, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) del Inegi.
Al dividir a la población en 10 partes según su ingreso, el instituto encontró que, en los cuatro deciles con menos recursos, sólo 5.5 millones de hogares recibieron estos apoyos, como las Becas Benito Juárez y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
De cara al debate en torno al Paquete Económico 2016, expertos ven necesario revisar el alcance y la sostenibilidad de estos programas sociales, debido a que no están llegando a los segmentos de la población que más los requieren.
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El crecimiento exponencial de estos apoyos gubernamentales también ha limitado los recursos públicos que se necesitan para mejorar los servicios de salud y educación, así como la inversión en infraestructura social y urbana básica, indicaron en entrevista con EL UNIVERSAL.
“Traemos un problema muy serio de gasto público, no sólo por la sostenibilidad de los programas sociales con base en transferencias monetarias directas, sino por la asignación de dichos recursos. La exclusión de hogares de menores ingresos y el efecto que tienen sobre la pobreza directamente en dichos hogares debe revisarse”, opinó Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
El problema está en que los programas sociales están lejos de ser universales, ya que los datos de la ENIGH muestran que dos de cada tres hogares carecen de transferencias gubernamentales.
Si lo enfocamos a los cuatro deciles con menores recursos, tenemos que 5.5 millones de hogares reciben programas sociales, pero 10.1 millones no, destacó el especialista.
“El nivel de exclusión de hogares de bajos ingresos es alarmante, no porque antes fuera mejor y ahora esté mal, pero hubo periodos con programas como Progresa, Oportunidades y Prospera, en los que había mucho menos dinero, pero el apoyo llegaba a más hogares de menores recursos”, comentó Gómez Hermosillo.
Desde su punto de vista, parte del problema radica en las insuficiencias del Censo por el Bienestar, que evaluó a los hogares que podrían ser beneficiarios de los programas sociales, por lo que ahora están mal focalizados.
Uno de los primeros factores que hay que arreglar es la asignación, evitando excluir a quienes más lo necesitan, por lo que se requiere crear sistemas de información (padrones) más precisos y mejor trabajados que no dependan de intereses electorales, señaló.
Otro aspecto, dijo, es que las transferencias cumplan un propósito social y logren que la gente mejore su situación rompiendo la herencia de pobreza a las siguientes generaciones, lo que requiere mejorar el diseño de los programas.
Logro limitado
Para Gómez Hermosillo, el mayor agravio es que ahora se gasta mucho más y el logro sigue siendo limitado. En los últimos seis años la inversión en transferencias gubernamentales se multiplicó por tres o cuatro veces, pero su mejora ha sido mínima.
El profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, Aníbal Gutiérrez, comentó que se cambió el sentido de la política social desde la administración pasada y se concentró básicamente en las transferencias monetarias a grupos específicos.
“Hay un interés gubernamental por impulsar a los programas sociales basados en transferencias monetarias y eso está descobijando a los sectores administrativos que deben competir por recursos como la parte de salud y educación, generando un deterioro en las capacidades del gobierno para hacer cosas”, destacó el académico.
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Los recientes resultados de la pobreza multidimensional demuestran que, en materia de las carencias sociales, que son responsabilidad de las políticas públicas, no se alcanzaron avances importantes e incluso hubo retrocesos.
Por ejemplo, la tasa de la población que no tiene acceso a servicios de salud pasó de 18.8% a 44.5% entre 2018 y 2024, mientras que el rezago educativo aumentó de 22.3% a 24.2% en el mismo periodo.
Tomando en cuenta lo anterior, es necesario destinar más recursos para mejorar estas carencias en salud y educación, y seguir financiando las transferencias sociales, pero el problema es que las finanzas públicas están llegando al límite.
En su opinión, eso justificaría la necesidad de una reforma fiscal de carácter progresivo que grave a quienes más tienen, ya que también se está descuidando la inversión pública en infraestructura social y urbana, que detona capacidades territoriales para mejorar el nivel de vida de la población e impulsa oportunidades de mayor inversión privada.