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La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) advirtió que las nuevas tasas de retención de impuestos sobre la renta (ISR) y del valor agregado (IVA) aplicables a las operaciones digitales a aplicarse el año próximo, podrían tener un fuerte impacto en las micro, pequeñas y medianas empresas del país.
Según el organismo, los niveles de retención aprobados son demasiado altos y podrían reducir los márgenes de operación de los negocios que ya cumplen, además de incentivar la migración hacia esquemas informales o plataformas sin presencia fiscal en México.
En un comunicado, la ALAI reconoció el esfuerzo del gobierno federal y del Congreso por fortalecer la recaudación y la transparencia fiscal en el entorno digital, pero advirtió que los cambios recientes no son suficientes para garantizar un equilibrio entre eficiencia fiscal y sostenibilidad operativa para las empresas.
“La modificación al ISR fue un avance, pero las tasas siguen siendo elevadas. Esto puede reducir la competitividad de las Pymes y provocar efectos no deseados, como la salida del canal formal o la pérdida de liquidez para invertir”, señaló.
La asociación propuso que las tasas se ajusten a 2% de IVA y 1% de ISR. De acuerdo con su análisis, un nivel de retención más bajo permitiría mantener la trazabilidad de las operaciones y el control del Servicio de Administración Tributaria (SAT), sin afectar el flujo de efectivo de los contribuyentes.
Una tasa de IVA del 2%, detalló, preserva el principio de acreditamiento, evita duplicidades y elimina la acumulación de créditos fiscales que hoy saturan los procesos administrativos. En tanto, una tasa de ISR de 1% daría al SAT visibilidad completa sobre las transacciones digitales, lo que permitiría medir con mayor precisión el comportamiento real de las empresas.
ALAI insistió en que el objetivo debe ser incentivar la permanencia en la formalidad, no encarecerla. “Las plataformas digitales no son parte del problema, sino parte de la solución. Hoy reportan mensualmente al SAT millones de transacciones y generan trazabilidad completa de operaciones que antes eran invisibles”, destacó.
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El organismo pidió también posponer la entrada en vigor del nuevo esquema de retenciones hasta el 1 de abril de 2026. Consideró necesario contar con un periodo razonable para que las plataformas puedan ajustar sus sistemas y procesos internos antes de iniciar con las retenciones.
“Una implementación coordinada fortalecerá la efectividad del esquema y permitirá que cumpla plenamente sus objetivos”, afirmó.
desa/mgm
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